Una nueva denuncia surgió alrededor del proceso de elección del contralor distrital de Cali. El abogado Julián Quintana Torres, defensor de la actual presidenta del Concejo, Daniella Plaza, y del vicepresidente de la corporación, Rafael Andrés Escobar, aseguró que pondrá en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría un supuesto entramado mediante el cual, según afirmó, concejales de Cali habrían entregado dinero a otros servidores públicos para promover denuncias contra sus representados y afectar el proceso de selección del jefe del organismo de control.
Según el jurista, la defensa recibió conversaciones, chats y fotografías que actualmente son objeto de un análisis forense digital y que, a su juicio, demostrarían la existencia de un “montaje” para desacreditar a la actual mesa directiva del Concejo.
Aunque el abogado evitó revelar la identidad de las personas presuntamente involucradas, señaló que las pruebas serán entregadas primero a los organismos de investigación para que sean verificadas.
“Hay nombres concretos, también hablan de entrega de dinero, precisamente en este caso, para dañar la reputación de mis representados, para crear falsos montajes, y eso es lo que vamos a poner en consideración de la autoridad”, sostuvo el jurista.
Quintana afirmó que entre los presuntos involucrados figuran integrantes de la mesa directiva del Concejo correspondiente al 2025, otros concejales y servidores públicos de diferentes entidades.
“De la mesa directiva del año pasado, y otros concejales, y otros funcionarios de otras instituciones, que es lo más grave, que se prestaron para este montaje, y eso lo vamos a denunciar, si es posible, hoy mismo”, indicó.
Por otra parte, el abogado también se refirió al proceso que se adelanta contra sus representados y confirmó que la diligencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento fue cancelada, luego de que la Fiscalía decidiera trasladar el expediente a Bogotá.
De acuerdo con Quintana, esa decisión busca unificar las investigaciones relacionadas con la elección del contralor distrital y evitar decisiones contradictorias.
“La Fiscalía hizo un taller técnico-jurídico con varios fiscales (...) y consideró que en este caso había otros resultados importantes. Para evitar que haya contradicciones de decisiones, teniendo en cuenta que hay otras investigaciones, unifica las investigaciones y todas se van para Bogotá”, explicó el abogado ante los medios.
Finalmente, insistió en que el material probatorio será entregado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que ambas entidades determinen si existen méritos para abrir las investigaciones correspondientes.