Con 14 votos a favor y 6 en contra, el Concejo de Cali aprobó una proposición que solicita a la Mesa Directiva, que preside la concejal Daniella Plaza, revisar el expediente del proceso que se adelantó en 2025 para elegir al contralor distrital de Cali para el periodo 2026–2029.
Esta iniciativa plantea analizar las etapas del concurso luego de que la Procuraduría General de la Nación formulara una serie de observaciones, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y corregir los actos de trámite que no estén ajustados a la normativa, permitiendo que el proceso siga hasta que se elija el contralor.
El Contralor General de Santiago de Cali es la máxima autoridad de control fiscal en el municipio, encargado de vigilar la gestión de los recursos públicos por parte de la administración municipal y particulares, garantizando la transparencia, eficiencia y legalidad.
El documento señala que: “ARTÍCULO PRIMERO. SUBSANAR Y DEJAR SIN EFECTOS todos los actos de trámite o preparatorios, incluyendo la inscripción de los candidatos y todas las demás actuaciones administrativas que se hubieren surtido de forma posterior a la expedición de la Resolución No. 200.2.2-261 de 2025, del 28 de julio del 2025″.
La presidenta del Concejo, Daniella Plaza, explicó a El País que no se trata de una revocatoria, sino de unos actos administrativos que son de trámite y, en consecuencia, “la figura que aplica legalmente es aquella que está consagrada en el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo que habla de subsanar o corregir todos aquellos vicios que se hayan podido generar en el ejercicio de la elección del contralor”.
Por este motivo, la mesa directiva inició el trámite el 16 de enero, cuando sus integrantes viajaron a Bogotá para acudir a la Procuraduría General de la República, pues en su facultad legal de control preferente, aperturaron en 2025 una preventiva alertando sobre unas presuntas irregularidades.
“En ese sentido, a nosotros nos asistió una responsabilidad de solicitarle a la Procuraduría General que nos diera alcance de todas y cada una de esas presuntas irregularidades. En ese ejercicio, se marca una pauta de todo el estudio que venimos haciendo de manera rigurosa”, afirmó Plaza.
La concejal indicó que este proceso no solamente se ha adelantado desde la presidencia del Concejo; también ha estado acompañado por el primer vicepresidente, Andrés Escobar, y la segunda vicepresidenta, María del Carmen Londoño.
“Hemos tenido diversas mesas de trabajo, entre otras cosas, reconstruyendo también la carpeta contractual, contrastando todos y cada uno de los documentos que se habían encontrado en el marco de este proceso”, añadió la presidenta del Concejo.
Así se ha desarrollado el proceso
Desde la parte técnica se ha requerido a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que adelantó el proceso desde la parte técnica de elección del contralor a través del concurso de méritos y la conformación de la lista de los aspirantes.
Por ello, Daniella Plaza indicó que la mesa directiva analizó todas las variables que había alertado la Procuraduría. “Ya un tribunal había manifestado que esto no constituía un tema que pudiese haber afectado el transcurso o el curso como tal de todo el proceso de elección del contralor”, explicó.
Sin embargo, hay dos presuntas irregularidades que se analizaron con rigor, y se refieren a la indebida delegación y extralimitación de funciones, “que fue absolutamente clara para nosotros en el marco de este proceso y también las razones al principio de ilegalidad al pedir documentos adicionales a los que la ley dispone”, agregó Plaza.
La también abogada explicó que el principio de legalidad establece que, aunque el Concejo de Cali es autónomo, no puede pedir requisitos adicionales a los consagrados por la ley, porque esto lo cobija el principio de legalidad.
Por ello, indicó que la única manera de que se puedan solicitar documentos adicionales es a través de una ley o una norma de igual o mayor jerarquía, y que en este caso sucedió.
“Aquí es evidente que ha habido una indebida delegación de funciones, una extralimitación de funciones por parte de la universidad y, en ese sentido, nosotros hemos decidido subsanar, tal como lo había advertido la Procuraduría General de la República, entre otras cosas, ente que nos disciplina a nosotros como corporación de elección popular”, afirmó Plaza.
La Presidenta del Concejo aseguró que es vital que la ciudad cuente con un contralor general en propiedad. “Cali merece un contralor, necesita un contralor, pero uno que sea producto de un proceso ajustado a la transparencia, al derecho y al principio de igualdad”.