La Contraloría General de la República archivó la actuación de seguimiento permanente adelantada al proceso de licitación pública para la implementación de un sistema de telegestión del alumbrado público en Cali, al concluir que no se configuró un riesgo cierto ni inminente de pérdida de recursos públicos.
La decisión quedó consignada en una comunicación oficial enviada a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de la Alcaldía de Santiago de Cali, en respuesta a una solicitud de acompañamiento preventivo formulada por la propia entidad distrital. El seguimiento estuvo a cargo de la Contraloría Delegada para el sector Minas y Energía.
El proceso analizado corresponde a la Licitación Pública No. 4182.010.32.1.327-2025, cuyo objeto era la adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema de telegestión para el alumbrado público del Distrito Especial de Santiago de Cali. La actuación se desarrolló dentro de las competencias constitucionales y legales del ente de control fiscal.
Según el documento, el seguimiento se realizó bajo los lineamientos del control concomitante y preventivo, con el propósito de observar, verificar y analizar de manera oportuna las actuaciones adelantadas durante la fase precontractual, así como identificar de forma temprana eventuales riesgos para la adecuada gestión de los recursos públicos.
Como resultado de la revisión integral de la información remitida por la UAESP y del análisis efectuado por el equipo auditor, la Contraloría estableció que el proceso de selección no avanzó hacia etapas que implicaran la celebración de contratos ni el compromiso efectivo de recursos públicos.
El ente de control precisó que ninguna de las propuestas presentadas cumplió con los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones. Esta situación condujo a la revocatoria del proceso por parte de la entidad, en cumplimiento de la normativa vigente y de los principios que rigen la contratación estatal.
De acuerdo con la Contraloría, esta circunstancia fue determinante para concluir que no se materializó un escenario de riesgo fiscal, al no haberse comprometido recursos ni suscrito obligaciones contractuales derivadas del proceso licitatorio.
En este contexto, la Contraloría señaló que no se evidenciaron actuaciones que configuraran un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos ni una afectación al patrimonio del Estado. Por esta razón, indicó que no existía mérito para recomendar el ejercicio de la función de advertencia por parte del contralor general.
En consecuencia, el organismo de control procedió al archivo de la actuación de seguimiento permanente, dejando constancia de que la revisión cumplió su finalidad preventiva y permitió verificar de manera oportuna el desarrollo del proceso.
La comunicación oficial también resalta la colaboración brindada por la UAESP durante el desarrollo de la actuación, lo cual facilitó el ejercicio transparente y oportuno del control fiscal.