El Concejo de Cali expidió la Resolución 073 de 2026, en donde la mesa directiva de la corporación decidió frenar y dejar sin efectos todo lo que se había hecho hasta ahora para elegir al próximo Contralor Distrital para el periodo 2026-2029.
La decisión se tomó tras advertencias de la Procuraduría sobre presuntas irregularidades en el procedimiento.
“ARTÍCULO PRIMERO. SUBSANAR Y DEJAR SIN EFECTOS todos los actos de trámite o preparatorios, incluyendo la inscripción de los candidatos y todas las demás actuaciones administrativas que se hubieren surtido de forma posterior a la expedición de la Resolución No. 200.2.2-261 de 2025, del 28 de julio del 2025″,se lee en el documento.
Con esta medida, el Concejo borra la inscripción de candidatos y todas las etapas que se habían cumplido desde julio del año pasado.
La resolución, firmada por la presidenta Daniela Plaza y el primer vicepresidente Escobar, ordena empezar de cero y contratar a una universidad acreditada para que asesore este nuevo intento de elección.
La decisión no cayó nada bien en todos los sectores. La segunda vicepresidenta del Concejo, María del Carmen Londoño, emitió un comunicado en donde deja en claro que se aparta de la decisión y, por el contrario, explicará por qué esa decisión estaría errada en la sesión plenaria que se llevará a cabo en la mañana del miércoles 11 de marzo.
“Por eso le informo públicamente a la ciudadanía que me aparto de esta decisión. Mañana en plenaria explicaré paso a paso por qué esta medida constituye un gravísimo error jurídico que puede traer consecuencias institucionales para la ciudad y para la propia corporación”, escribió Londoño en su cuenta de X.
Asimismo, advirtió que esta podría ser una de las mayores crisis institucionales en una década.
“Por eso los invito a que me acompañen mañana y conozcan los argumentos jurídicos del porqué no se podía hacer eso y las decisiones y las consecuencias que esto va a traer para todos los caleños. Esta es la crisis institucional más grave que ha tenido la ciudad en los últimos 10 años”.
De esta manera, con la firma de este nuevo acto administrativo, el Concejo estaría admitiendo que el actual proceso no brindaría las garantías legales suficientes. Al “subsanar y dejar sin efectos” las inscripciones y evaluaciones previas, la corporación intenta evitar una lluvia de demandas que podría bloquear la elección del control fiscal.
Sin embargo, este “borrón y cuenta nueva” ha sido interpretado por sectores de la oposición como una maniobra para dilatar la elección.