Una sesión conjunta entre el Concejo Distrital de Cali y el Consejo Distrital de Juventud dejó ver las polémicas alrededor del programa ‘Jóvenes en la Buena’, de la Secretaría de Seguridad y Justicia, como estrategia para evitar que niños, niñas y adolescentes caigan en prácticas ilegales o delictivas.
El debate, promovido por la presidenta del Concejo, Daniella Plaza, reveló que, mientras los comparendos a jóvenes aumentaron un 60% en el primer semestre de 2026, superando los 133.000 casos, los programas de prevención carecen de indicadores que demuestren una transformación real en la vida de los jóvenes atendidos.
Aunque el Gobierno Distrital reportó la atención de 600 jóvenes en riesgo de vinculación a dinámicas de violencia y la intervención en 31 instituciones educativas, concejales y consejeros coincidieron en que los datos presentados demuestran que hay prioridad en el control y la sanción sobre la prevención y las oportunidades.
Para el consejero Juan Pablo Montoya, detrás de cada comparendo existe una realidad social que puede reflejar oportunidades perdidas de prevención y una posible pérdida de confianza entre la juventud y las autoridades.
Por su parte, la concejal María del Carmen Londoño cuestionó que la inversión destinada al programa represente una proporción mínima frente a los recursos generales de seguridad de la ciudad. Asimismo, afirmó que no existen indicadores claros sobre cuántos jóvenes han transformado sus condiciones de vida o reducido su vinculación a dinámicas violentas.
En esa misma línea, el consejero Juan Carlos Bruñes advirtió que mantener el mismo programa de prevención año tras año sin evidenciar mejores resultados demuestra que las estrategias no están siendo efectivas. Bruñes resaltó que en el 2025 se registraron 469 homicidios de jóvenes y que en lo corrido de 2026 ya se contabilizan 246 casos.
El concejal Sergio Zamora indicó que la iniciativa tendría asignados aproximadamente $5.545 millones para 2026, lo que representaría cerca del 0,1 % del presupuesto distrital, estimado en $7,7 billones. Por lo tanto, estiman que estos datos evidencian una baja prioridad presupuestal para la prevención de violencias juveniles.
Los proyectos de prevención financiados mediante presupuesto participativo en las comunas 12, 15 y 21, según la consejera Ana María Soto, durante el 2024 no se ejecutaron a pesar de tener disponibles recursos asignados.
Los representantes juveniles hicieron un llamado a no presentar las cifras de comparendos sin contexto socioeconómico, señalando que la concentración de datos en comunas del oriente y la ladera puede generar procesos de estigmatización territorial.
El representante estudiantil de la Universidad del Valle, Juan Camilo Ocampo, rechazó que los estudiantes universitarios sean tratados como un “enemigo interno” de la ciudad y solicitó construir protocolos de diálogo con el centro educativo en lugar de recurrir a la estigmatización.
Así las cosas, tanto concejales como consejeros coincidieron en que Cali necesita pasar de una lógica de sanción a una política integral de prevención, oportunidades y confianza institucional. En consecuencia, pidieron a la Alcaldía revisar en fondo los indicadores y el modelo de intervención de este programa para garantizar un impacto real y verificable en la juventud caleña.