Señalando que es un impuesto “imposible de asumir”, la comunidad del corregimiento de La Buitrera, en Cali, denunció que hay graves irregularidades en la actualización del avalúo catastral rural, lo que pondría en riesgo de desplazamiento a varias familias.
A juicio de los afectados, este proceso está generando un fuerte impacto social, económico y ambiental, motivo suficiente para acudir ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y respaldar una acción popular contra el Distrito de Cali.
Adelantado por la Mesa de Gobernanza de La Buitrera, que reúne a organizaciones comunitarias, ambientales y líderes del territorio, el recurso legal apunta a presuntas fallas en la actualización catastral rural, oficializada mediante una resolución expedida en diciembre de 2022.
De acuerdo con la comunidad, el ajuste de los avalúos ha derivado en incrementos del impuesto predial que afectan especialmente a familias campesinas que dependen de la tierra para su sustento.
Uno de los principales cuestionamientos es el aumento que califican como “desproporcionado”, al considerar que superaría los límites establecidos para zonas rurales.
La comunidad advirtió que esta situación no solo golpea la economía de los hogares, sino que estaría generando un fenómeno de desplazamiento económico, pues, debido a las cargas tributarias, los habitantes se verían obligados a vender o abandonar sus predios.
Según reveló la Mesa de Gobernanza de La Buitrera, estas denuncias fueron revisadas por la Contraloría de Cali, que en informes de 2024 identificó inconsistencias en el proceso de actualización catastral.
Entre los hallazgos se mencionan deficiencias en la recolección de información predial, visitas de campo consideradas superficiales, cobertura insuficiente frente al total de predios rurales y posibles inconsistencias entre los avalúos y la realidad económica del territorio.
Para respaldar su denuncia, la comunidad detalló que el trabajo de campo realizado por funcionarios de la Administración local fue limitado, ya que en sectores con cerca de 2500 predios solo se habrían realizado algunas visitas antes de expedir la resolución que actualizó el 100 % del catastro rural, lo que compromete la validez técnica del proceso, aseguró.
En paralelo, alertó sobre posibles efectos en el entorno ambiental. La Buitrera está compuesta en gran parte por zonas de reserva forestal y áreas de regulación hídrica, condiciones que, señalan, no habrían sido adecuadamente consideradas en la metodología de valoración aplicada a los predios.
“Esto termina castigando a quienes han conservado el territorio y favoreciendo dinámicas de urbanización”, sostuvo el colectivo.
Finalmente, la Mesa de Gobernanza advirtió sobre riesgos inmediatos en caso de que no se suspendan los efectos de la resolución, entre ellos procesos de cobro coactivo, embargos, pérdida de predios por incapacidad de pago, desplazamiento rural y mayor presión urbanística sobre áreas ambientales protegidas.
¿Qué respondió la Alcaldía?
Ante la serie de denuncias realizadas por la comunidad rural de La Buitrera, El País se contactó con la Administración local, desde donde se manifestó que ya se iniciaron una serie de reuniones con la comunidad afectada para encontrar soluciones.
“Ya nos sentamos con dos líderes, uno de La Buitrera y otro de la Castilla, y vamos a programar una serie de reuniones en cada uno de los corregimientos para que sepan qué estamos haciendo. De momento estamos atendiendo los casos particulares”, puntualizó Jhon Quinchua, director del Departamento de Hacienda de Cali.
Quinchua explicó además que la actual Administración no está realizando la actualización del avalúo catastral con un tercero, debido a que la ciudad es gestor catastral desde el año 1981, por lo que se desea realizar la actualización propia del 100 % de los predios de la ciudad, incluyendo la zona rural.
Esta actualización permitiría solucionar los posibles errores que surgieron del proceso de 2022 (realizado en su momento por la Administración por medio de un tercero), pero hasta ahora no hay una fecha exacta en la que puedan iniciar estas labores.
“Primero nos queremos sentar con la comunidad, establecer el punto focal para tener un buen desarrollo del proceso”, indicó Quinchua.