Un cierre vial en la Calle 48 (Avenida Ciudad de Cali) con Carrera 82A, en el barrio El Caney, sur de Cali, mantiene enfrentadas a la comunidad y a las autoridades, luego de que, presuntamente, los ciudadanos indagaran que no existe concepto técnico vigente que respalde la restricción. Al respecto, la Policía sostiene que se trata de una medida preventiva por razones de seguridad.
La controversia se remonta a la decisión de mantener bloqueado el paso en inmediaciones de la Estación de Policía El Caney. De acuerdo con documentación oficial citada por residentes del sector, la propia Secretaría de Movilidad admitió que no existe un concepto favorable emitido por la Secretaría de Seguridad y Justicia que sustente el cierre.
Para la comunidad, el hecho de que esa orden no se haya materializado constituye un desacato administrativo. “Es inaudito que la autoridad de tránsito ordene abrir la vía por ilegalidad y la orden no se cumpla”, expresó un ciudadano que pidió reserva de su nombre.
Medida que generó contraindicaciones
Según explicaron los residentes, el cierre provocó que vehículos de carga pesada sean desviados hacia zonas residenciales, incrementando el ruido y la contaminación. “Estamos respirando humo todos los días y nadie nos da una respuesta clara”, agregó.
Un vocero comunitario consultado por este medio señaló que la situación “evidencia una desatención institucional que afecta a cientos de ciudadanos. La inspección se realizó en la Carrera 81, cuando el punto crítico es la Carrera 82. Además, se habla de un cierre nocturno de 11 p. m. a 5 a. m., pero lo que vivimos es un bloqueo total de lunes a domingo desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana”, afirmó.
Este caso llegó a los estrados judiciales a través de una acción de tutela presentada por uno de los ciudadanos contra la Secretaría de Movilidad de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia.
Por medio del documento, el ciudadano solicitaba la reapertura del tramo o la implementación de desvíos alternativos, como por la Avenida Simón Bolívar, y que se dejara sin efecto el cierre por ausencia de sustento técnico.
El proceso fue resuelto por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, que negó la tutela por improcedente. El despacho no evaluó la legalidad o conveniencia del cierre, sino la idoneidad del mecanismo judicial. Determinó que, al tratarse de presuntas afectaciones a derechos colectivos como la movilidad y el espacio público, la vía adecuada es la acción popular y no la tutela. También concluyó que no se probó la existencia de un perjuicio irremediable que exigiera intervención inmediata.
Es decir, el cierre no fue anulado ni avalado expresamente por el juez y continúa vigente mientras no exista una decisión en otro escenario judicial.
¿Por qué se realizó el cierre?
Al respecto, El País Denuncia consultó a la Policía Nacional, que informó que en ese sector operan la Estación de Policía El Caney y una clínica policial, instalaciones que, según dijeron, cuentan con alertas de riesgo terrorista vigentes, razón por la cual se adoptó la medida preventiva en el área.
La medida preventiva estaría destinada a proteger tanto a los uniformados como a la comunidad de dichas acciones. Frente a la posibilidad de levantar la restricción o establecer un plazo definido, la Policía manifestó que, por ahora, se desconoce si tendrá un tiempo estimado.
Mientras tanto, los residentes insisten en que la discusión debe resolverse con claridad institucional. “Respetamos la seguridad de la Policía, pero esta no puede ser una excusa para la ineficiencia administrativa y el sacrificio eterno de un barrio”, concluyó uno de los denunciantes.
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