El aumento en los avalúos catastrales en zonas rurales del país se ha convertido en un foco de tensión entre campesinos, autoridades locales y el Gobierno Nacional.
La actualización de la información predial, impulsada a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, busca modernizar el catastro, pero ha generado preocupación por su impacto económico.
Aunque la normativa establece límites al incremento de este impuesto, en diferentes regiones del país se han reportado aumentos abruptos en los avalúos de los predios, lo que ha derivado en protestas campesinas, reclamos institucionales y un debate político que sigue escalando.
“Nos hicieron ricos inmediatamente”
En el corregimiento de La Castilla, zona rural de Cali, Ignacio Gómez, campesino y productor agroecológico, vive en carne propia los efectos de esta actualización.
Su predio principal, de aproximadamente ocho hectáreas, pasó de tener un avalúo de $ 60.725.000 en 2022 a $ 873.000.000 en 2023, y alcanzó los $ 1.133.204.000 en 2026, un crecimiento cercano al 1800 % en cuatro años.
Sin embargo, el impacto en el predial por el momento es menor: el valor a pagar pasó de $ 605.000 en 2022 a $ 1.155.000 en 2026.
El incremento no se limita a un solo terreno. Otro predio familiar pasó de $ 73.099.000 en 2022 a $ 2.007.000.000 en 2026, pese a que gran parte corresponde a zona boscosa.
“Ese predio es un poco más grande, pero lo que pasa es que es mucho bosque, o sea, es de los pulmones de Cali”, comenta.
Gómez, cuya familia lleva más de 30 años dedicada a la agricultura orgánica, asegura que el cambio en los avalúos no refleja su realidad económica.
“Nosotros somos campesinos, lo que cultivamos lo hacemos orgánicamente, porque queremos cuidar nuestra salud, nuestra madre tierra”, dice.
Sobre el impacto de los nuevos valores, resume la sensación generalizada entre los productores rurales: “Nos hicieron ricos inmediatamente” y advierte que ese ‘enriquecimiento’ es solo en el papel. Aunque el impuesto aún no refleja totalmente el avalúo, teme que en el futuro sea imposible asumirlo.
“Cuando ya llegue el valor real, eso no lo hace uno ni en todo el año trabajando”, agrega.
Un caso similar se presenta en el corregimiento La Paz. Ernesto Holguín, también campesino, asegura que tampoco ha logrado llegar a acuerdos con las autoridades frente a la actualización de su predio, de 17 hectáreas, de las cuales casi la mitad corresponde a bosque.
Según relata, el avalúo pasó de $ 273.455.000 en 2022 a $1.090.430.000 en 2026, mientras que el predial se incrementó de $ 2.396.150 a $ 17.796.280.
Actualización catastral en Cali
En medio del debate nacional, desde la Alcaldía de Cali insisten en que la actualización catastral en la capital del Valle no ha tenido el mismo impacto que se denuncia en otras zonas rurales del país.
Jhon Quinchua, director de Hacienda de Cali, explicó a El País que el proceso responde a una obligación legal y a un rezago en la actualización de la información predial: “Esto es un mandato de ley que establece que los municipios deben actualizar sus catastros en periodos máximos de cinco años”.
“El incremento del impuesto predial no será en la misma proporción del incremento del avalúo catastral”, afirmó, al recordar que el Estatuto Tributario local establece topes máximos.
Según datos del Distrito, en 2026, siete de cada diez familias en Cali no tuvieron un aumento del predial superior al 15 %, pese a las actualizaciones realizadas en más de doce comunas entre 2024 y 2025.
“La última actualización catastral que hizo (Cali) de su zona rural fue en el año 2022”, indicó.
Sin embargo, el funcionario aseguró que se avanzará en espacios de concertación con las comunidades.
“Vamos a programar una serie de reuniones en cada uno de los corregimientos para que sepan qué estamos haciendo. De momento estamos atendiendo los casos particulares”, puntualizó Quinchua y añadió: “Primero nos queremos sentar con la comunidad, establecer el punto focal para tener un buen desarrollo del proceso”.
Gobernación habilita canales de atención
Ante el aumento de quejas, la Gobernación del Valle del Cauca, gestor catastral de 25 municipios, habilitó un canal virtual en su página web para que los ciudadanos presenten reclamaciones sobre los avalúos.
Desde la Administración Departamental se ha insistido en que el incremento del avalúo no implica necesariamente un aumento proporcional del impuesto predial.
La gerente de la Unidad Especial de Catastro del Valle del Cauca, Lía Patricia Pérez, explicó que “en los predios rurales donde se aplicó esta metodología establecida por el Igac, el incremento del impuesto predial no puede superar el 50 % del valor pagado el año inmediatamente anterior. Esto de acuerdo con lo establecido en la Ley 1995 de 2019. Por ejemplo, si su predio es menor a 100 hectáreas y en 2025 pagó $ 50.000, en 2026 no puede pagar más de $ 75.000, incluso si el avalúo aumentó en mayor proporción. Ahora, en los predios rurales iguales o mayores a cien hectáreas, el incremento puede llegar hasta el doble del año inmediatamente anterior. Es decir, si en 2025 usted pagó $ 200.000, en 2026 no puede superar los $ 400.000, conforme a lo establecido en la Ley 44 de 1990”.
“Es importante aclararle a los vallacaucanos que el ajuste a los avalúos realizado en la zona rural de algunos municipios obedece a lo establecido por el Gobierno Nacional”, detalló.
“También que, aunque se realizó este ajuste a los avalúos, no significa que el impuesto predial aumente en la misma proporción o de la misma manera. La ley establece límites al incremento del impuesto predial que deben aplicar los municipios con el fin de proteger a los ciudadanos”, añadió Pérez.
Además, indicó que la Gobernación ha coordinado capacitaciones con el Igac y el Ministerio de Hacienda para orientar a los municipios en la correcta liquidación del impuesto.
Orden de revisión
De su lado, la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció que se revisarán los avalúos para mitigar su impacto en el sector rural.
“Quiero informarle a la comunidad del sector rural, quienes han salido afectados por el aumento del catastro según la resolución del Gobierno Nacional, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que le da cumplimiento al artículo 49 ordenado en el Plan de Desarrollo del presidente Petro, que desde la Gobernación del Valle del Cauca, atendiendo las preocupaciones de los campesinos, hemos tomado decisiones importantes frente a estos avalúos catastrales”, afirmó.
Asimismo, dijo que “he dado instrucciones a la gerente de Catastro para revisar y ajustar lo que sea necesario para mitigar el impacto económico que se ha generado en el campesinado vallecaucano. Lo hacemos pensando en nuestros campesinos, pensando en ustedes y sus familias”.
El País intentó contactar a la Unidad Especial de Catastro del Valle del Cauca para obtener más información sobre cómo se atenderán las reclamaciones de los ciudadanos en caso de considerar que un predio está mal avaluado y cómo se proyecta el incremento del impuesto predial en los próximos años, pero desde esa dependencia se informó que no estaban autorizados para dar declaraciones al respecto.
Protestas por avalúos sacuden al país
Tras casi una semana de paro nacional por el aumento en los avalúos catastrales, que dejó pérdidas de hasta $ 120.000 millones diarios, Santander alcanzó un acuerdo con el Gobierno y levantó las protestas el 14 de abril.
La mediación del gobernador Juvenal Díaz, junto al Igac y el Ministerio del Interior, permitió destrabar el conflicto en 16 municipios, donde se denunciaban incrementos de hasta el 8000 %.
Otros departamentos como Casanare, Risaralda y Boyacá también normalizaron la situación en corredores clave.
En Cali y su zona rural, las protestas se registraron el jueves 9 de abril con bloqueos en puntos como la Portada al Mar, la Calle 4 con Carrera 27 y la vía Cali-Yumbo, a la altura de Dapa, lo que generó afectaciones en la movilidad.
La directora ejecutiva de Procaña, Marcela Urueña Gómez, afirmó que “cuando el impuesto predial se vuelve impagable, como resultado de la reducción del rezago de los avalúos catastrales, deja de ser un tributo y amenaza la producción de alimentos. El sector busca la implementación de un sistema justo, gradual y acorde con la capacidad productiva real del campo, que además respete la multifinalidad catastral”.