Un robot antiexplosivos, la inauguración de una nueva Casa de Justicia y la interconexión del sistema de cámaras entre la Policía y Movilidad hacen parte del plan de la Secretaría de Seguridad y Justicia para fortalecer la tranquilidad ciudadana.
Durante la quinta sesión del debate de control político en el Concejo de Cali, el secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García Guerrero, anunció una serie de inversiones clave que buscan consolidar los avances en materia de seguridad y justicia en la capital del Valle.
Uno de los proyectos más destacados es la entrega de la cuarta Casa de Justicia, una iniciativa que marca un hito, pues Cali no inauguraba una desde hace 29 años. “Esperamos avanzar con este primer compromiso: cuatro de seis Casas de Justicia durante esta administración, con el fin de reducir las conflictividades en la ciudad”, afirmó García.
La estrategia también contempla la interconexión de las cámaras de videovigilancia que operan en la ciudad. Actualmente funcionan de manera independiente, pero con esta integración se busca un sistema más robusto y coordinado, que combine las capacidades del MIO y el CDAV. “En poco tiempo tendremos un sistema de vigilancia más sólido, que permitirá reaccionar de manera más eficiente ante cualquier situación”, explicó el secretario.
Otro avance significativo será la adquisición del primer robot antiexplosivos para la ciudad. Esta tecnología permitirá a las autoridades actuar de forma segura y rápida ante la presencia de elementos sospechosos. “Por primera vez Cali contará con este tipo de equipo, lo que demuestra el compromiso de esta Administración con la protección ciudadana”, agregó.
Durante el debate, el secretario García también presentó cifras positivas sobre la reducción de delitos como hurtos, extorsiones y violencia intrafamiliar. Sin embargo, enfatizó que “queremos más”, reflejando el objetivo de la Alcaldía de Alejandro Eder de seguir fortaleciendo la seguridad con apoyo ciudadano.
Finalmente, recordó que el programa de recompensas por denuncias efectivas seguirá vigente. A la fecha, se han pagado más de 535 millones de pesos a quienes han contribuido con información para esclarecer delitos.