La sanción de cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes impuesta al alcalde de Cali, Alejandro Eder, quedó sin efecto luego de que un juez de segunda instancia revocara la decisión adoptada inicialmente dentro de un incidente de desacato relacionado con una acción de tutela.
La controversia se originó en un derecho de petición presentado el 23 de abril de 2026 por el abogado Élmer José Montaña Gallego, quien solicitó a la Alcaldía información y documentación sobre cuatro convenios suscritos entre el Distrito de Cali y Propacífico, entidad privada sin ánimo de lucro.
Al considerar insuficiente la respuesta recibida, Montaña acudió a la acción de tutela. El Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali ordenó el 13 de agosto a la Administración complementar la información requerida y entregar las pruebas correspondientes en un plazo de tres días.
La Alcaldía presentó el 4 de septiembre un informe, acompañado de documentación relacionada con los convenios. Sin embargo, el juzgado concluyó posteriormente que la respuesta no había cumplido de manera integral con lo ordenado.
El juez Carlos Restrepo señaló que la información no respondía con suficiente claridad y precisión a los interrogantes planteados y que tampoco encontraba evidencia de que la respuesta hubiera sido enviada al correo suministrado por el peticionario.
Por esta razón, el despacho impuso a Eder, como representante legal de la Alcaldía, cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos. La decisión también contemplaba comunicar la medida a la Policía Nacional y compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura.
Segunda instancia revocó la sanción
Como la sanción fue impuesta dentro de un incidente de desacato, la decisión debía ser revisada por un juez de segunda instancia antes de hacerse efectiva. Por ello, el caso pasó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga, que estudió nuevamente el expediente y decidió revocar la sanción impuesta en primera instancia.
El juez consideró que la Alcaldía sí había atendido el derecho de petición y que parte de la documentación solicitada podía ser consultada directamente en SECOP II, plataforma oficial de contratación pública.
Según el fallo, exigir la reproducción y remisión de expedientes de gran volumen cuando estos están disponibles en plataformas oficiales puede desconocer criterios de eficiencia, celeridad y uso de herramientas tecnológicas.
En consecuencia, el despacho revocó la decisión del 13 de agosto de 2026 y negó el amparo solicitado por Montaña Gallego.
Con esta decisión también quedó sin efecto la orden de arresto y la multa contra Alejandro Eder. La directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de Cali, Ana Catalina Castro, confirmó el fallo y afirmó que la información solicitada estaba disponible a través de los canales oficiales del Estado.