Descubra cómo el escándalo de Odebrecht afectó a miles de niños del Valle

El escándalo de sobornos y corrupción administrativa más grande en la historia reciente del continente, por el que se encuentran prófugos o presos varios expresidentes suramericanos, terminó afectando a miles de niños de colegios públicos del Valle del Cauca y el suroccidente colombiano.

Estudiantes que harían parte de la jornada única escolar, el programa bandera del expresidente Juan Manuel Santos en materia de educación, y para el cual se invierten más de $3,5 billones en la construcción y adecuación de colegios oficiales.

Pero dos años y medio después de que la entonces ministra de Educación Gina Parody anunciara el inicio del programa, varias obras están abandonadas, algunos alcaldes reclaman el cumplimiento del Gobierno y muchos niños estudian en improvisadas aulas porque sus salones fueron derribados para dar paso a modernas ‘Aulas para la paz’ que aún están lejos de ser realidad.

Una de las razones por las cuales no se ha cumplido en el Valle del Cauca con las obras, señalan algunos gobiernos locales, es por un coletazo del escándalo de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Entre las empresas seleccionadas por el Ministerio de Educación para construir los megacolegios está la firma peruana ‘Graña y Montero’, a la cual le entregaron en junio del 2016 obras en los departamentos de Quindío, Risaralda, Nariño y Valle.

La empresa constructora con sede en Lima y una trayectoria de más de 80 años, ha sido la encargada de ejecutar los mayores proyectos de infraestructura en Perú y en varios países de América Latina.

Situación que se vino al traste cuando un año después de ganar el proceso para construir varios colegios en el Valle del Cauca, cuando el empresario brasileño Marcelo Odebrecht confesó que Graña y Montero participó desde los años 80 en el esquema de sobornos a diferentes gobiernos para ganar licitaciones de megaobras, entre ellos de los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Para entonces ya la ministra de Educación Gina Parody, también vinculada en Colombia al escándalo de Odebrecht por la Ruta del Sol, les había encargado obras por más de $405.000 millones.

La situación de la empresa empezó a generar traumatismos y retrasos en las obras, hasta que a mediados de este año decidió ceder sus contratos a la firma portuguesa Mota-Engil.

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En Cali, Graña y Montero fue designada por el Ministerio de Educación para construir y remodelar 24 instituciones educativas por más de $160.000 millones.

En noviembre del 2016 el alcalde Maurice Armitage entregó los primeros $30.000 millones del paquete de obras que administra el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE) y en el 2017 desembolsó $23.000 millones más para cumplir con una contrapartida total de $53.000 millones.

“En el 2017 hubo acta de inicio con el consorcio peruano Graña y Montero, que a nivel nacional son bien conocidos los inconvenientes que han tenido, sobre todos a finales del 2017 e inicios del 2018 por los retrasos en las obras”, señala la secretaria de Educación de Cali, Luz Elena Azcárate.

Los retrasos en las obras, según la funcionaria, han sido de más de un 40%, pero reconoce que el Fondo FFIE del Ministerio de Educación ha estado muy comprometido y dispuesto, y desde agosto se han ajustado buena parte de esos retrasos.

En igual situación se encuentra el municipio de Tuluá, donde Graña y Montero tenía a cargo la construcción de seis de los nueve modernos colegios que se proyectaron para implementar la jornada única.

Pero pese a que el municipio cofinanció el 30% de las obras con un aporte de $11.360 millones, dos años y medio después aún no han recibido ninguna de las instituciones que albergará a 9.120 alumnos.

“Estamos muy decepcionados con el desarrollo del convenio. Tuluá ha hecho el esfuerzo gigantesco de invertir más de $11.000 millones y no hemos recibido la primera obra. En todas las reuniones con el FFIE les decimos que no estamos a gusto con esta situación y que es urgente la culminación de los colegios”, dice el alcalde Gustavo Vélez.

Sin embargo, hay obras que no se explica la comunidad por qué no las han entregado cuando presentan avances casi del 100%, como la del Gimnasio del Pacífico, también cedida por Graña y Montero.

La Gerencia del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, a cargo de Juan Carlos Franco, aseguró en un oficio dirigido al diario El País que la situación de Graña y Montero “No” tiene que ver con el escándalo de sobornos de Odebrecht; pero varios entes afectados se preguntan ¿por qué entonces cedió el contrato cuando las obras iban a buena marcha?

En Buga no saben si fue peor el remedio que la enfermedad. En principio les asignaron a Graña y Montero, pero vetaron al contratista y les enviaron la firma Germán Mora Insuasti, que abandonó las obras de tres colegios hace tres meses.

Vea en este video cómo se encuentran los proyectos:

Lo preocupante es que para las “Aulas para la paz” tumbaron parte de las anteriores locaciones y han debido improvisar salones de madera en el patio de la institución.

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“La comunidad educativa debe comprender que no es culpa del Municipio que las obras estén paralizadas y que el irresponsable es el contratista. Quien contrató las obras fue el FFIE y son ellos los que deben responderle a la comunidad”, dijo el alcalde de Buga, Julián Latorre, en una videoconferencia reciente con el Ministerio de Educación.

“Las tres obras están paradas desde el 11 de julio y la ejecución es muy baja. Hay un irrespeto por parte del contratista, pero también el Fondo de Financiamiento que nos dijo que reiniciaban el pasado 16 de octubre y no ocurrió nada; ahora nos dicen que retoman este lunes o martes”, explica José Heberth Arango, secretario de Educación de Buga, quien ha pedido al Ministerio que les cambien a Germán Mora Insuasti, que también tiene líos en Tuluá y otros municipios.

Funcionarios del Fondo FFIE estuvieron durante este fin de semana en el Valle realizando mesas de trabajo y ajustando los cronogramas para cumplir con las obras.

Además de los contratos propios en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, San Andrés, Córdoba, Magdalena y Bolívar, la firma portuguesa Mota-Engil asumió las obras que Graña y Montero venía realizando en el Valle.
Sin embargo, su situación en el concierto internacional no dista mucho del de la empresa peruana.

La constructora Mota-Engil formó también parte del denominado ‘Club de la Construcción’ y su directora en Perú, Norma Graciela Zepilli del Mar, es investigada por presuntos “tráfico de influencias y organización criminal”, según un informe de Ojo Público. En marzo del 2018 una jueza le restringió la salida del país por hechos ocurridos en el gobierno de Ollanta Humala.

No obstante, un funcionario de la empresa, quien pidió no revelar su identidad por no estar autorizado para asumir su vocería, dijo que la empresa portuguesa no tuvo qué ver con el escándalo de Odebrecht y que la mejor muestra es que “sigue realizando grandes contratos en Brasil con Petrobras, donde están vetadas todas las empresas implicadas en el escándalo”.

Mota-Engil tiene también a su cargo la construcción de once colegios que hará la Gobernación del Valle en Bugalagrande, El Cerrito, Dagua, Ginebra, La Victoria, Pradera, Versalles, Restrepo, Guacarí y Candelaria por $48.920 millones.

“Las obras no han arrancado aún, estamos en etapa previa y en cuatro de ellas ya se ha instalado la primera piedra como en Dagua, El Cerrito y Guacarí”, explicó el secretario de Educación Odilmer Gutiérrez.

Lo que espera la administraciones es que no se vaya a repetir el caso de Graña y Montero o de Germán Mora Isuasti porque ya parte de las obras que se iniciaron presentan un deterioro evidente y seguramente deberán adicionar más recursos .

La ministra Gina Parody anunció que el plan buscaba construir o adecuar 30.000 aulas para ayudar a implementar la Jornada Única Escolar en todo el país
y para eso se destinaron $3,9 billones.

La empresa constructora con sede principal en Lima, con una trayectoria de más de 80 años, había logrado consolidarse como la gran ejecutora de los mayores proyectos de infraestructura en Perú y varios países de América.

Tras el escándalo de Odebrecht, en el que involucran a Graña y Montero, un juez en Perú ordenó a fines del 2017 la captura de tres de sus altos funcionarios por haber cedido supuestamente parte de sus ganancias a Odebrecht para el pago de sobornos a los gobiernos de varios países en América Latina a cambio de millonarios contratos de infraestructura.
Para entonces la multinacional había extendido sus tentáculos a Colombia mediante uniones temporales.

De acuerdo con información obtenida por la Unidad Investigativa del diario El País, Graña y Montero empezó a tomar fuerza en Colombia a partir del 2010, cuando empezó a participar en licitaciones y concesiones para la construcción de vías de infraestructura aeroportuaria, obras de ingeniería y más recientemente la construcción de colegios y la adecuación de los ‘Colegios 10’.

En noviembre del 2010 tenía parte mayoritaria de acciones en el Consorcio Coyaima, que además integraban Conciviles y JJC Contratistas Generales, con el que concursaron por un contrato de $75.000 millones para construir los canales del distrito de riego del triángulo del Tolima.

En Abril del 2014, según documentos de la Agencia Nacional de Infraestructura, estuvo también pugnando por obras de las vías 4G que se adelantaban en el país.

En noviembre del 2014 constituyó también unión temporal con la firma Estructura Plural Pavimentos Colombia para la concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla y que proyectaba inversiones por más de $340.000 millones.

Un mes después, de acuerdo con documentos de la Superintendencia de Sociedades, Graña y Montero Perú adquirió el 70% de las acciones de la sociedad caleña Montajes Morelco S.A, con la que obtuvo, entre muchos otros, dos contratos por más de US$15 millones con Ecopetrol.

Uno de ellos tenía como objeto la realización de trabajos de reacondicionamiento en la polémica Refinería de Cartagena, Reficar.

Informe de la prensa chilena aseguran que Graña y Montero adquirió en enero del 2011 “la Compañía Americana de Multiservicios Limitada (CAM), firma de servicios del sector eléctrico con sede en Chile y operaciones en Brasil, Colombia y Perú”.

De acuerdo con documentos oficiales, uno de los últimos intentos de la empresa peruana por obtener contratos bajo el nombre de Graña y Montero se registró en mayo pasado, estando en el ojo del huracán por los sobornos de Odebrecht, cuando la Financiera de Desarrollo Nacional recibió carta de intención para participar en la estructuración de la primera línea del metro de Bogotá.

Luego de revocada la obra del Gasoducto Sur Peruano y las revelaciones de corrupción de su socio Odebrecht, Graña y Montero tuvo una caída en el valor de sus acciones.

“Para enfrentar sus obligaciones financieras, según medios en Perú, este holding anunció un plan de venta de activos no estratégicos por US$300 millones y la venta de su participación en los proyectos Chavimochic III y el Cuartel General San Martín”.

Pero Graña y Montero no es la única empresa relacionada con Odebrecht que ha participado y celebrado proceso de contratación con el Gobierno colombia en los últimos años.

La firma ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo hace parte también del llamado ‘Club de la Construcción’ en Perú y que fue investigada en Panamá por un supuesto caso de corrupción en un sistema de riego.

Hidalgo e Hidalgo, hace parte del consorcio al que se le adjudicó la autopista Popayán-Santander de Quilichao, lidera la concesión Zipaquirá-Bucaramanga y tiene la vía Villa Garzón-San josé del Fragua.

El Gobierno colombiano aseguró en junio del 2015 que estaba a la espera de los resultados de las investigaciones en Panamá en su contra para tomar decisiones para salvaguardar el patrimonio público.

Pero pese a los señalamientos y a que el propio Enrique Peñalosa advirtió esta situación, en enero del 2018 entró a formar parte del esquema de recolección de basuras en Bogotá.

Con la terminación del periodo presidencial de Juan Manuel Santos y los cambios de gabinete, quien asumió la gerencia del Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), adscrito al Ministerio de Educación, fue Juan Carlos Franco.

La Unidad Investigativa de El País intentó dialogar con él sobre las irregularidades que se vienen registrando en algunos municipios del Valle del Cauca con las obras para la adecuación e implementación de la jornada educativa única, pero no fue posible, justamente, porque se encontraba en romería por el departamento tratando de buscar una salida al lío que heredó del gobierno anterior.

No obstante, Franco accedió a responder, durante los ratos que tuviera libres, unas preguntas enviadas a través de correo electrónico a su oficina. Esta es su percepción sobre lo que viene ocurriendo con este programa.

¿Por qué se suspendieron varias obras en el Valle del Cauca?

A la fecha, se encuentran 23 proyectos en ejecución de obra, de los cuales seis están a cargo del contratista Germán Mora Insuasti (GMI), quien ha suspendido, unilateralmente, las actividades en dichas Instituciones Educativas (tres en el municipio de Tuluá y tres Instituciones Educativas en el municipio de Guadalajara de Buga.

¿Quiénes eran los contratistas de las obras?

Para la ejecución de los proyectos, el Ministerio de Educación Nacional realizó dos convocatorias, una en el año 2015 y otra en el 2016, para contratar los diseños, estudios técnicos y obras. Como resultado de estas invitaciones el proponente, que resultó ganador en la primera fue el contratista Germán Mora Insuasti, que ejecuta proyectos en los municipios de Tuluá, Buga y Cali.

Y para el segundo proceso el proponente ganador fue la firma Graña y Montero, contratista que estaba ejecutando proyectos en los demás municipios, incluyendo Cali, Buga y Tuluá, y quién cedió su contrato de obra a la constructora Mota-Engil.

¿Cuántos municipios se han visto afectados en el Valle del Cauca por esta situación?

Se han tenido inconvenientes en dos municipios de Valle del Cauca, exactamente en Guadalajara de Buga y Tuluá, donde el contratista Germán Mora Insuasti está a cargo de los proyectos.

¿Cuántos colegios se están haciendo en el Valle con este programa y cuántos más están en proceso de readecuación o mejoramiento?

En la actualidad, se vienen interviniendo un total 62 Instituciones Educativas en el departamento del Valle del Cauca, en los municipios de: Cali, Tuluá, Buenaventura, Guadalajara de Buga, Bugalagrande, Ginebra, Versalles, Dagua, La Victoria, El Cerrito, Guacari, Restrepo, Candelaria y Palmira. De estos proyectos, 39 se encuentran en ejecución de estudios y diseños y 23 en ejecución de obra. 9 son colegios nuevos y en 51 se están realizando intervenciones de ampliación y mejoramiento.

¿Tuvo que ver el escándalo de los sobornos de Odebrecht con esta situación de retrasos de las obras?

No.

¿Qué empresa va a responder por la terminación de las obras que han quedado abandonadas?

A la fecha, el responsable de la ejecución de estas obras suspendidas es la firma German Mora Insuasti GMI.

¿En qué porcentaje se afectó el programa en los departamentos en los que Graña y Montero tenía a cargo obras del FFIE?

En el momento en el que Graña y Montero solicitó al FFIE la cesión de su contrato a la firma Mota-Engil, no se afectó la ejecución del programa. Cabe aclarar que dentro de los términos de referencia del contrato que se suscribió con Graña y Montero está la potestad de ceder sus derechos u obligaciones, total o parcialmente, con un consentimiento previo por parte del Fondo FFIE.

¿Cómo se está conciliando ahora con los municipios que también han aportado recursos propios para llevar a cabo las obras?

Se han realizado mesas de trabajo con los alcaldes de los municipios de Buga y Tuluá, en las que participan el contratista de obra e interventoría, con el objetivo de generar planes de acción para la reactivación de las obras.

¿Han realizado algún tipo de reclamación o exigencia a las empresas aseguradoras que respaldaban esos contratos?

Se viene adelantando un trabajo en conjunto con la empresa aseguradora que ampara el contrato suscrito por el Fondo con Germán Mora Insuasti (GMI) para tomar las acciones legales que lleven al cumplimiento de la ejecución de las obras.

¿Hasta cuándo va el programa?

El contrato suscrito con Germán Mora Insuati - GMI tiene fecha de terminación el dí a 11 de marzo del 2019.

¿El contratista inicial deberá responder por daño o algún perjuicio?

En caso de que se presente esta situación, así deberá ser.