Así se roban los lotes de alto costo en la zona industrial de Yumbo

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Así se roban los lotes de alto costo en la zona industrial de Yumbo

Junio 24, 2018 - 07:55 a. m. Por:
Unidad Investigativa - El País
Invasiones Zona Industrial Yumbo Acopi

En lugar donde se une el río Cali con el río Cauca, la zona de protección fue invadida por particulares que rellenaron el humedal y levantaron dos viviendas.

Raúl Palacios / El Pais

Nadie advirtió que algo extraño ocurría cuando aparecieron un par de vacas pastando por varios lotes ubicados en el sector de Acopi, un área de alto valor comercial ubicada en la zona industrial de Yumbo.

Con el paso del tiempo, los dueños de los animales se dieron a conocer entre la gente que laboraba en el sector, supieron cuál era la actividad comercial que se desarrollaba en cada una de esas empresas y tomaron atenta nota sobre quiénes eran los propietarios de los lotes circundantes.

A mediados del año 2005 vino la primera sorpresa. Mientras el banco Bbva tramitaba la venta de un terreno a una multinacional, se enteró que quienes llevaban las vacas a pastar, Juan Carlos Vergara y Carlos Echeverry, habían reclamado la posesión de ese bien y de otros cuatro predios de la zona conocida como El Cortijo.

Con el argumento de ser campesinos que necesitaban esa tierra baldía para subsistir, alegaron ser señores y dueños de predios que en realidad eran de propiedad de la firma panameña Sun Development, de la Universidad Autónoma de Occidente, de varios bancos y de empresas de financiamiento comercial.

Pretensiones que sonaban absurdas hasta mediados del 2010, cuando llegó la segunda sorpresa. Jueces del Circuito Civil de Cali acogieron la tesis de Carlos Rodríguez, el abogado de los campesinos, de que en plena zona industrial de Yumbo había terrenos baldíos, sin dueño conocido, y mediante la figura de prescripción agraria le entregaron a Echeverry y Vergara tierras por valor superior a $45.000 millones.

“Es inconcebible, según Gustavo Morales, abogado de Ángela María Caicedo, propietaria de uno de los lotes que le fue entregado a Vergara, que un juez decrete una prescripción agraria cerca a la Autopista Cali-Yumbo, una de las zonas más industriales del país”.

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“Para que haya prescripción agraria, el predio debe ser un bien baldío de la Nación y todos estos terrenos tienen dueño; debe ser explotado agrícolamente y lo que hicieron los tipos fue que armaron una huerta, y tercero, ejercer la posesión del bien durante cinco años y tampoco cumplían con el tiempo”, explicó Morales.

Lo que queda claro, según fuentes de la Fiscalía, es que los supuestos campesinos ingresaban exclusivamente a bienes que estaban a nombre de entidades o instituciones, no de personas naturales, porque sabían que no encontrarían oposición inmediata.

También que los ‘pobres campesinos’ no tenían nada de pobres ni de campesinos. Que detrás de ellos se movía una estructura muy fuerte que involucraba un carrusel de falsos testigos que iban declarando unos en favor de otros y jueces que les concedieron los fallos en polémicas decisiones.

También que se aseguraban de ir invadiendo los terrenos sin ejercer una penetración por la fuerza en el inmueble y luego alegaban que por no haber ingresado violentamente, no se configuraba una invasión.

¿Era o no era una vía pública?
Lotes Zona industrial Yumbo

El caso más reciente de invasión de tierras se registró en la ronda del río Cali por parte de Jaime Hernán García en un predio que tiene hoy Alianza Fiduciaria. (El No. 1 en el mapa).

La invasión de la franja cerca al río fue posible porque autoridades en Yumbo aseguraron que la vía privada que tiene Ángela María Caicedo en su terreno (El No.5) es una vía pública, según el POT, y le ordenaron retirar la reja y permitir el paso.

Para entonces, según información contenida en el proceso, Juan Carlos Vergara instaló un lazo y se acondicionó la carretera que va hasta el río y cobraba por el ingreso de volquetas para botar escombros en la ronda.

El resultado es que destruyeron la zona boscosa, rellenaron el humedal y sobre el terreno acondicionaron dos viviendas y cultivos por lo que hoy Jaime Hernán García alega ser el poseedor de esta franja.

Lotes Zona industrial Yumbo

“Nosotros instalamos una garita para controlar el paso hacia el predio nuestro y el inspector de Policía de Yumbo nos ordenó que debíamos quitarla porque esa vía, que solo conduce al río, era supuestamente una vía pública”, indicó Gustavo Morales, abogado de Ángela María Caicedo.

Ante el daño ambiental, El País buscó al inspector Rodrigo Pabón, quien aseguró que solo ordenó retirar la reja y permitir el paso porque Planeación dijo que era vía pública en un concepto que firma Gerardo Restrepo.

Por su parte Restrepo, quien era el director de Planeación , dijo que quisiera ver el concepto, que no puede estar por encima del POT. “Si no se cedió el predio para la vía o se compró, no debe existir concepto de vía pública”.

Al revisar la cartografía en el POT, se encontró que no aparece la vía, pese a que un concepto dijo lo contrario, razón por la cual Planeación está realizando una investigación para tratar de determinar si se manipuló el sistema de información del POT.

Predio 2: Pertenecía al Bbva
Lotes Zona industrial Yumbo

Este predio de 36.000 M2 fue el primero que fue tomado por Carlos Encizo alegando que era un baldío, quien luego le vendió la posesión a Juan Carlos Vergara por $500.000, según informes judiciales.

Vergara no alcanzó a presentar la demanda de prescripción agraria porque uno de los compradores que tenía el banco interesados en el terreno llegó a un arreglo y le entregó $60 millones y una camioneta para que liberara el terreno voluntariamente.

Predio 3:  Sun Development
Lotes Zona industrial Yumbo

Este predio de 8948 M2. pertenecía mediante documentos y escritura pública a la empresa panameña Sun Developmet.

Como sus propietarios no hacían presencia constante en el lugar, fue tomada por Carlos Esneider Echeverry, quien alegando ser el poseedor pidió en noviembre del 2007, a través de su abogado Carlos Enrique Rodríguez, la prescripción agraria que finalmente le fue concedida en junio del 2011 y se le entregó la propiedad.

Predio 4: Universidad Autónoma
Lotes Zona industrial Yumbo

El predio de 10.542 M2. le pertenecía a la UAO, pero la Juez 7 del Circuito Civil de Cali, Ángela María Cardozo Vélez, se lo entregó a Juan Carlos Vergara en septiembre del 2011, quien estuvo representado por el abogado Carlos Enrique Rodríguez. El proceso se encuentra en etapa de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Predio 5: Leasing de Crédito
Lotes Zona industrial Yumbo Predio 5.

Es un predio de 89.893 M2. que le fue demandada la prescripción agraria en mayo del 2008 por Juan Carlos Vergara ante la juez 15 del Circuito de Cali, Luxandra Escobar, y representado nuevamente por el abogado Carlos Enrique Rodríguez.

En mayo del 2012 la juez falla en favor de Vergara y en septiembre del 2014 el Tribunal Superior de Cali revoca su fallo. No obstante, Vergara presenta casación ante la Corte Suprema de Justicia y está pendiente de decisión.

Predio 6: Fomento Minero y otros
Lotes Zona industrial Yumbo Predio 6

En agosto del 2008 Juan Carlos Vergara, teniendo como abogado a Carlos Enrique Rodríguez, presenta demanda de prescripción agraria ante el Juzgado 6 Civil del Circuito de Cali de este predio de 128.330 M2.

Finalmente Vergara desistió de la demanda porque llegó a un acuerdo económico con los dueños del predio para que desalojara voluntariamente el lote.

Efecto dominó

En el momento en que invadieron el primer terreno, el del Banco Bbva, donde llegó primero Carlos Encizo en el 2004 y luego Juan Carlos Vergara en el 2005, supieron que estaban ante un gran negocio.

Para evitar que el bien quedara congelado durante varios años, mientras se desarrollaba un proceso legal, un particular interesado en adquirir el predio al banco debió llegar a un arreglo económico con Juan Carlos Vergara y entregarle $60 millones y una camioneta para que desalojara, según documentos conocidos por El País.

Meses después, quien toma posesión de un terreno contiguo es Carlos Esneider Echeverry. Alegando también ser un campesino necesitado, puso unas vacas lecheras a pastar en un lote que pertenecía a la empresa panameña Sun Development y acondicionó parte del terreno para cultivos.

“Apareció entonces la primera de las demandas exigiendo la propiedad del predio bajo la figura de prescripción agraria porque, según Echeverry, había encontrado ese lote baldío en esa ‘selva’ que hay entre Cali y Yumbo y que no encontró vestigio de que el ser humano haya estado antes allí”, ironizó un abogado bajo reserva de identidad.

Entre los testigos de que tomó posesión de la tierra y realizaba explotación agrícola desde varios años atrás estaban los ‘campesinos’ Juan Carlos Vergara y Carlos Encizo; con sus testimonios el Juez 5 del Circuito de Cali, José Jairo González Nieto, le quitó en junio del 2011 la propiedad a la empresa panameña y le entregó el millonario lote a Carlos Esneider Echeverry.

Pero mientras el proceso avanzaba, ya Juan Carlos Vergara se había tomado un tercer lote perteneciente a la Universidad Autónoma de Occidente, donde llevó algunos animales, cultivó productos de cosechas rápidas y pidió a la juez 7 del Circuito de Cali, Ángela María Cardoso Vélez, la prescripción agraria en su favor, amparado en su pobreza y la necesidad que tenía de mantener a su familia.

Con los mismos argumentos y los mismos testigos que utilizaron en el caso anterior, la juez le cedió a Vergara la propiedad de las tierras en septiembre del 2011 y condenó a la Universidad Autónoma a cancelar $50 millones en costas y ordenó inscribir en la Oficina de Registros Públicos a Vergara como nuevo propietario.

“La enorme ventaja del fallo de un juez, es que una autoridad judicial le está entregando la propiedad, lo está legitimando como el verdadero dueño y con eso queda saneado todo lo que hubo atrás; de ahí en adelante arranca con la vía libre para disponer como quiera de tan costosas tierras. Entonces lo que hicieron fue que lograron permear la justicia y obtener fallos favorables. No sé si eso lo puede hacer un pobre campesino”, se pregunta el abogado de otro de los afectados.

No contento con lo obtenido, de nuevo Vergara, ahora un ‘pobre’ campesino propietario de un lote millonario de 10.540 M2 en la zona industrial de Yumbo, se tomó otro predio que estaba en poder de Leasing de Crédito S.A. y que fue entregado como garantía por Ángela María Caicedo.

En esta oportunidad, su argumento de ser un hombre pobre y que encontró esa tierra abandonada, la limpió y la sembró para subsistir junto a su familia, se lo avaló la juez 15 Civil del Circuito, Luxandra Escobar López, quien en mayo del 2012 declaró como dueño absoluto a Juan Carlos Vergara del lote de 89.893 M2.

Igualmente, condenó la jueza Luxandra a Leasing de Crédito S.A., que para entonces tenía mediante una fiducia la titularidad del predio, a cancelar costas por $260 millones.

Pero nada de eso sació la ambición de Juan Carlos Vergara que ya propietario de dos lotes (El número 4 y el número 5 en el mapa) exigió también la prescripción agraria en su favor por otro lote (N0. 6) que era propiedad conjunta de una empresa de financiamiento y varios bancos.

Esta vez la solitud del ‘campesino pobre’ que necesitaba esas ‘tierras baldías’ para subsistir junto a su familia lo conoció el Juzgado 6 del Circuito Civil de Cali. Sin embargo, según le aseguraron fuentes judiciales a El País, el proceso no llegó a fallo.

“Con los antecedentes que había de los otros predios, ya sabían los abogados de ese caso que lo más seguro era que la decisión judicial favoreciera de nuevo a Vergara y los propietarios del lote optaron por una conciliación previa para que el señor desalojara, pero no tengo detalles del arreglo económico”, aseguró una fuente judicial.

En razón a que no hubo fallo y que el proceso terminó anticipadamente, el Juez 6 Civil del Circuito no hizo parte de la redada que realizó la Fiscalía contra esta red dedicada a apropiarse de predios de alto valor en la zona industrial de Yumbo.

La mala hora de los jueces

El 18 de septiembre del 2017 la suerte abandonó a quienes estarían dedicados a adjudicar supuestos terrenos baldíos de alto valor en la ciudad industrial y a los campesinos demandantes.

Por solicitud de un fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Cali, el Juez 18 Penal Municipal, con funciones de control de garantías, les formuló cargos a una decena de personas por hechos ocurridos desde el 2007, cuando a través de la figura de la prescripción agraria hacían pasar bienes inmuebles como baldíos.

Entre los afectados con la decisión están la juez 15 Civil del Circuito, Luxandra Escobar, y el abogado Carlos Enrique Rodríguez, quien antes había trabajado como secretario del juzgado 18 Civil Municipal y de los juzgados 6 y 11 Civil del Circuito de Cali. Ambos tienen hoy casa por cárcel.

“Hubo un prevaricato por parte de la juez que terminó haciéndole un daño enorme a la justicia y a su credibilidad. Todos los involucrados sabían que el señor Vergara era un títere y varios de los testigos se acogieron a preacuerdos y confesaron que habían mentido y que hubo dinero para los encargados de impartir justicia”, explicó el representante de una entidad financiera que pidió que no se mencione su nombre.

Ya la procuradora 21 Ambiental y Agraria del Valle, Lilia Estela Hincapié, había emitido un concepto antes del fallo, donde le advierte a la juez Luxandra Escobar que el predio de propiedad de Ángela María Caicedo no es un baldío y que tampoco cumple con los cinco años de posesión que determina la ley porque en el 2003 la firma Saucedo y Saucedo hizo un avalúo del predio y no había explotación agrícola de ninguna índole.

“El demandante no cumple los requisitos para obtener la propiedad del predio mediante la prescripción Ordinaria Agraria Adquisitiva de Dominio, y por ello, en ejercicio de su función, de vigilar el ordenamiento jurídico y el cumplimiento de la ley, solicito a la señora juez se nieguen las pretensiones de la demanda”, dice la Procuradora en el concepto que no fue acogido por la jueza Luxandra.

Entre los capturados también están Juan Carlos Vergara y Carlos Encizo, los ‘campesinos’ que tomaron posesión de los supuestos baldíos, quienes permanecen recluidos en sitio carcelario, y junto a ellos otras seis personas que haría parte del cartel de falsos testigos.

El País estuvo el 14 de junio en la audiencia en la que Vergara pidió que le revoquen la de medida de aseguramiento porque “no existe injerencia razonable para tenerlo detenido”, pero la solicitud fue negada.

En esta caso hay circular azul por el anterior juez 15 del Circuito, que está fuera del país y se investiga a la juez 7 Civil , Ángela María Cardozo.

Y aunque la realidad de lo que ocurrió con los supuestos baldíos en zona industrial de Yumbo empieza a decantarse, una nueva preocupación surge en torno a los dos casos que Vergara y su abogado llevaron a casación ante Corte Suprema de Justicia: el de la Autónoma y el de Leasing de Crédito.

Sobre todo porque durante la investigación previa, la Fiscalía interceptó comunicaciones en las que hay fuertes indicios de que en la casación habría funcionarios judiciales que han buscado a magistrados para buscar una decisión a favor, aunque no es claro si se trataría de magistrados en Cali, en Bogotá, o un magistrado auxiliar que es quien proyecta la decisión final.

Los otros jueces que han sido capturados en el Valle por el presunto delito de prevaricato

María Teresa López

La Corte Suprema de Justicia condenó a 112 meses de prisión a María Teresa López Muñoz, la entonces Juez 13 Civil del Circuito de Cali.

La exfuncionaria judicial fue acusada de los delitos de prevaricato por acción, omisión y cohecho propio en concurso homogéneo, según el alto tribunal, por ordenar el pago de una millonaria deuda que no era cierta.

Además, decretado el embargo y secuestro de unos cultivos de caña y designó un secuestre quien, de acuerdo con la investigación, destinó los recursos producto del embargo a sufragar gastos ajenos a los cultivos, al tiempo que incumplía con el deber de rendir los respectivos informes de gestión económica al final de cada mes.

En desarrollo de la investigación, señala la Corte, se dio validez a la hipótesis según la cual López Muñoz durante el periodo comprendido entre enero de 2006 y noviembre de 2009 “recibió quincenal o mensualmente dinero con el fin de sostener el mandamiento ejecutivo, las medidas cautelares y para no relevar al secuestre”.

Dora Eugenia Sánchez

En junio del 2013 el Juzgado 20 Penal Municipal, por solicitud de la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Cali, profirió medida de aseguramiento intramuros contra la juez 6 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad, Dora Eugenia Sánchez Quintero.

Según la Fiscalía, la funcionaria habría eliminado, alterado y destruido documentos físicos y magnéticos para favorecer a varios narcotraficantes con la detención domiciliaria, cuando, al parecer, no reunían los requisitos para dicho fin.

La Fiscalía imputó cargos por los delitos de destrucción de documento público, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, prevaricato por acción, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Sánchez Quintero, quien no aceptó cargos en principio, cumplió la medida de aseguramiento en la cárcel de Jamundí y posteriormente fue condenada en primera instancia y se le negó la casación. Parte de su pena la purgó en la cárcel el Buen Pastor, en la ciudad de Bogotá.

César Alpidio Blandón

En marzo del 2017 fue capturado por miembros del CTI el juez 25 Penal Municipal de Cali, César Alpidio Blandón Jaramillo, señalado de presuntas irregularidades al resolver acciones de tutela.

El juez, a quien se le imputaban delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, aceptó y resolvió una tutela con el propósito de obligar a la Secretaría de Educación de Cali a incluir una institución en el programa de cobertura educativa, sin que la tutela pasara por la oficina de reparto del Consejo Seccional de la Judicatura.

Durante la investigación, se encontraron casos similares de tutelas resueltas por el mismo Juzgado con Control de Garantías para favorecer en los traslados a personas condenadas.

La Fiscalía aseguró entonces que César Alpidio Blandón Jaramillo, juez 25 penal municipal de garantías en su momento, aceptó responsabilidades luego de encontrarse 20 tutelas prevaricadoras, que fueron tramitadas sin asignación ni reparto, donde se ordenaba el traslado a presos.

Édgar Valderrama

En junio del 2011, el juzgado 19 penal del circuito de Cali, con funciones de conocimiento, ordenó la detención domiciliaria de Édgar Valderrama Varela, juez 21 civil municipal, como presunto responsable del delito de prevaricato por acción agravado.

De acuerdo con lo establecido, Valderrama Varela dejó en libertad mediante la figura de Habeas Corpus a trece personas investigadas por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y fabricación tráfico y porte de estupefacientes agravado, en hechos ocurrido en abril de 2010.

Por esa decisión, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cali investigó al citado funcionario, en contra de quien formuló cargos por el delito de prevaricato por acción agravado.

En esa diligencia, efectuada el 25 de abril de 2012, el juez de primera instancia negó la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, por lo que el fiscal del caso apeló y se le dictó luego la detención domiciliaria.

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