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Danny Ramírez, secretaria técnica de la Mesa de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008. | Foto: Henry Ramírez / Especial para El País

"No podemos seguir pensando que las mujeres buscan su propio asesinato"

La ‘centinela’ de la ley que protege a las mujeres contra la violencia y discriminación insiste en que el enfoque de género es fundamental para luchar contra los feminicidios.

16 de abril de 2017 Por: Camilo Osorio Sánchez / Subeditor de Elpais.com.co

El de Claudia Rodríguez no es el único caso. Así inician la mayoría de los artículos informativos que relatan los atroces casos de violencia contra la mujer, que con cierta periodicidad sacuden los titulares de los medios de comunicación. Solo había pasado poco más de un mes de las conmemoraciones internacionales por el Día de la Mujer, cuando la retención y posterior asesinato de Claudia Rodríguez en un centro comercial de Bogotá, despertaba nuevamente el repudio por un crimen de género. 

Claudia fue el nombre del lunes 10 de abril. Pero el domingo anterior se había llamado Yuri Vannesa, asesinada en Cali por su exnovio. Cuatro meses atrás fue Yuliana Samboní, una niña de 7 años de edad brutalmente asesinada por Rafael Uribe Noguera en el norte de Bogotá; y cinco años antes se llamaba Rosa Elvira Cely, hallada en deplorables condiciones en el Parque Nacional de la capital de este país, donde al parecer cada día del calendario tiene el nombre de una mujer víctima de violencia.

Evitar que estos nombres, y otros desconocidos, sean solo letras enterradas en el olvido es una de las luchas de Danny Ramírez, socióloga de Buenaventura, quien a través de la investigación le hace seguimiento a la Ley 1257 de 2008, con la que busca disminuir la violencia y discriminación contra las mujeres colombianas.
Confiesa que no sabe cómo se salvó de tener un futuro como el de sus “paisanas” de Buenaventura, pues viene de una familia empobrecida, donde los otros problemas que rodean a la ciudad parecen ser “naturales” entre sus habitantes. Esa preocupación la ha llevado a convertirse en una vocera por los derechos de las mujeres y a estar a punto de graduarse como Magister en Estudios de Género en la Universidad Nacional de Colombia.

Si en Colombia está la Ley 1257 de 2008, que busca prevenir casos como el asesinato de Claudia Rodríguez, y hay otra ley que condena el feminicidio, ¿por qué siguen ocurriendo crímenes como el de ella, Yuliana, Yuri y otras mujeres?

Porque las normas no son suficientes. Están bien para penalizar, pero son necesarias más herramientas para sancionar y prevenir. Creo que el empoderamiento que estamos teniendo las mujeres para reconocer que la violencia no es algo natural, y que nos está llevando a denunciar, es una causa del aumento de los casos. Esta violencia es ahora más visible, ya que antes también existía pero no era denunciada. Anteriormente se veía a las mujeres con golpes en la cara y parecía socialmente aceptado; esto no quiere decir que como ahora no las vemos con los ojos morados, la violencia haya disminuido, sino que la forma ha cambiado. Se violenta psicológicamente o se golpean otras partes del cuerpo. Pero, la incapacidad del Estado de dar respuesta a estos abusos implica que hay que trabajar más en prevención. El asesino de Rodríguez ya había matado a otra mujer y había sido sancionado, pero parece que normativamente no está explícito que este hombre necesitaba acompañamiento psicosocial en estereotipos de género, ya que muchas veces esos hombres salen de la cárcel con más odio contra las mujeres, pues creen que fueron castigados porque supuestamente ella lo provocó, es decir que aumentan los estereotipos. Hoy todos somos responsables de romper con eso, donde al hombre se le enseña a ser fuerte y poderoso, mientras la mujer es obediente y débil.

Justamente, que ella hubiera sostenido una relación con un hombre con ese antecedente judicial, llevó a que el comandante de la Policía de Bogotá, Hoover Penilla, dijera que era la “crónica de una muerte anunciada”, ¿qué opina de expresiones como esta para referirse a un feminicidio de esta magnitud?

Esa expresión no permite que las violencias contras las mujeres se puedan eliminar, y evidencia que la autoridad competente necesita más formación sobre derechos y relaciones de género. Se está responsabilizando a la víctima del hecho y no a las otras instituciones de la sociedad que también tienen un papel en el caso: la familia, los amigos y las demás instituciones del Estado. Está señalando, desde un estereotipo, que ella se buscó su muerte, y no todas las mujeres tiene la capacidad para romper círculos de violencia.

También se dijo que este feminicidio era un caso calcado de otros, ¿son todos los crímenes contra las mujeres iguales?

No todas las violencias son iguales, se ejercen de diferentes tipos, en espacios públicos y privados y sobre diferentes tipos de mujeres, porque no es lo mismo ser una mujer escolarizada, que tendría las capacidades para romper con esos ciclos de violencia, que una mujer no escolarizada, de una zona rural, donde ella y sus hijos dependen económicamente del agresor. No es lo mismo ser una mujer negra, que blanca, porque sobre la mujer negra además aplican los estereotipos raciales. Tampoco son iguales las violencias contra las mujeres indígenas o una mujer en situación de discapacidad.

¿Por qué siguen matando mujeres?

No es un flagelo de este país, sino un problema mundial alimentado de estereotipos sobre lo que es ser hombre y ser mujer. Sin embargo, que estas violencias sean más visibles significa que se están desmontando esos patrones tradicionales de género. Esta pandemia de violencias contra la mujer está cuestionando la hombría y desencadenando respuestas más violentas. Vivimos en una sociedad muy violenta, pero como el hombre se considera superior a la mujer, responde de manera más fuerte. Los avances en educación han permitido cambios en el trato violento contra los demás, especialmente hacia la mujer.

Usted es la Secretaria Técnica de la Mesa de Seguimiento a la Ley 1257, ¿qué han encontrado en ese seguimiento teniendo en cuenta este panorama de violencia de género?

Que el Gobierno se ha quedado corto en la implementación de la misma. El artículo 10 implica que el Ministerio de Comunicaciones elabore estrategias en medios para erradicar la violencia de género y no se ha hecho mucho. La ley incentiva que las empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia comprobada, tendrán 200% de alivios en los impuestos y sólo una empresa en todo el país lo ha hecho desde el 2008. En la actualidad, como vivimos un conflicto armado tan extenso, se priorizan los casos de violencia relacionados con el conflicto, pero la violencia contra la mujer supera esa problemática. Cuando se conoció el crimen de Yuliana Samboní se dijo que en Colombia cuatro niñas son víctimas de violencia sexual a diario, pero eso no nos preocupa. No nos preocupan las niñas que viven al lado de nuestra casa, ni las que están ejerciendo trabajo sexual en los semáforos. Hay mujeres sufriendo violencia feminicida constante que son invisibles.

De acuerdo a esto se está rajando la ley que protege a las mujeres…

La norma es indispensable y fundamental. En la implementación ha habido muchas limitaciones, falta de voluntad política y administrativa. Pero no se raja la norma, se raja la institucionalidad para ponerla en funcionamiento. Somos un país empobrecido con muchos problemas que no nos permiten ver que la violencia contra la mujer impide el desarrollo social, económico y político. Cuando empecemos a ver que eliminar las violencias contra la mujer es una inversión y no un gasto, todo será distinto.

¿Y también nos rajamos social y culturalmente? Los piropos callejeros contra la mujer siguen vigentes, los acosos en los medios de transporte, incluso el polémico reconocimiento a Maluma pese a tener una canción que degrada el rol de la mujer…

Nos rajamos por no comprender que las mujeres somos objetos sociales de derecho y que merecemos una vida libre de violencia. Nos rajamos al entender que la feminidad es lo débil y lo masculino lo fuerte. Nos rajamos en creer que la violencia contra la mujer es algo natural y que no podemos deconstruir ese concepto.

Debemos trabajar mucho en prevención y pedagogía. Que cuando se ve que una mujer está siendo violentada en la calle se asuma también como un problema propio, que dejemos de reírnos de los chistes sexistas y reflexionemos sobre ello. No podemos seguir pensando que cuando una mujer es violentada es porque se vestía de aquella forma, entre otros.

¿Qué más está fallando en la ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia?

El mayor obstáculo son los operadores de justicia: las Comisarías de Familia y Fiscalía. En muchas ocasiones no se tienen las herramientas suficientes para dar atención a las demandas de las mujeres y se presentan estereotipos de género. Además, algunos funcionarios no están capacitados para atenderlas. En muchas ocasiones las mujeres llegan a estas instituciones, y es el vigilante el que hace el ‘triage’. Si una mujer es violentada por su esposo, y debe contarle primero al vigilante, luego a la secretaria, luego al comisario, y además vive en un pueblo pequeño, donde todos se conocen, pues es una revictimización de la mujer. Hay un desconocimiento de la ruta y de la normativa y si no se conocen esos parámetros, no se implementan.

Usted insiste en la prevención, ¿a qué se refiere exactamente?

El Estado debe prevenir y eliminar los estereotipos de género, pero no está cumpliendo con ello. No se hacen las campañas suficientes. Si bien el Estado no puede formar a la sociedad en general, lo hace a través de sus instituciones: escuelas, universidades, centros de formación. Deberían existir programas de prevención de violencia contra la mujer; más formación constante a funcionarios públicos sobre los derechos de las mujeres, entre otros.

Con esto se refiere a un enfoque de género transversal, y ese concepto fue cuestionado y tergiversado durante la campaña del plebiscito bajo lo que algunos llamaron "ideología de género", ¿cómo incentivar la importancia del enfoque de género para luchar contra el feminicidio y la desigualdad?

Lo que hicieron con el concepto de enfoque de género es muy reprochable en una sociedad como la nuestra. No se le puede perdonar a algunas iglesias cristianas y al Centro Democrático, que en su acción política hayan puesto en cuestionamiento algo tan importante como ese concepto. Es imperdonable. El enfoque de género permite que podamos visibilizar otros roles de ser mujer y de ser hombre, que van más allá de los impuestos y que promueven, entre otras cosas, que las mujeres no debemos ser violentadas y debemos vivir con dignidad.

¿Y qué está pasando con las mujeres en Buenaventura?

Buenaventura no se escapa del machismo y la violencia. Es una ciudad estereotipada racialmente, que no cuenta con herramientas suficientes para una vida libre de violencia. En Buenaventura a muchas mujeres las matan solamente por ser mujeres. Yo lo denomino un “femigenocidio”, porque a las mujeres las matan por su acción social y capacidad de movilización; al asesinarlas se manda un mensaje muy fuerte a la sociedad, porque con eso se elimina el tejido social, se elimina la comunidad y sin eso no hay capacidad de movilización, o sea no nos podemos defender, logrando que se desvalorice la tierra y otros se apoderen de ella.

En Buenaventura no hay un hospital adecuado para dar a luz y eso es una violencia feminicida del Estado, eso es grave; no hay médicos especialistas para las problemáticas de las mujeres.

Las mujeres ejercen la prostitución local y en el extranjero porque no tienen mayores ofertas de trabajo. Que las mujeres tengamos índices de escolaridad bajos, es una violencia feminicida del Estado. Las mujeres de Buenaventura estamos entre espada y espada, por un lado la espada del Estado y por el otro la de la sociedad, que además vive un conflicto armado tan fuerte como el nuestro.

Las políticas en esta ciudad no permiten la transformación social, son asistencialistas, son una herramienta para la eliminación del tejido social. Estamos en una cloaca social y nadie hace nada. La crisis social está declarada desde el 2015 y no hay cambios estructurales.

Danny Ramírez

Socióloga de la Universidad del Pacífico. Está por graduarse como Magister en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo de grado recibió mención de tesis meritoria y corresponde a una investigación sobre feminicidios en Buenaventura, su ciudad natal. 

Ramírez es la secretaria técnica de la Mesa de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008 que determina medidas de prevención y sanción contra la violencia y discriminación hacia las mujeres colombianas.

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