¿Qué tan 'desvertebrado' quedó el acuerdo de paz tras su paso por el Congreso?

“Muchos hablan de que algunos de los cambios hechos al Acuerdo de Paz en el Congreso rompen la columna vertebral de este. Yo estoy completamente en desacuerdo: en el peor de los casos le causan una escoliosis o, mejor aún, corrigen algún problema lumbar que podía tener”.

El positivo parte de la ‘cirugía’ a la que el Congreso sometió este año -por la vía del fast track - al Acuerdo de Paz firmado entre Gobierno y Farc es de Jorge Restrepo, director del Cerac, quien asegura que las modificaciones corrigieron problemas de diseño en lo convenido, por ejemplo en lo relacionado con la carencia de inhabilidades de magistrados de la JEP y la posible manipulación de la votación para las curules de la circunscripción especial.

Además, dice, contrario a lo expuesto por las Farc, “el hecho mismo de poder haber introducido sus modificaciones le da legitimidad al Acuerdo, porque ya no se puede decir que fue negociado a espaldas de otros poderes públicos: tanto el Congreso como la Corte Constitucional introdujeron cambios, considerando la representación popular, en el caso del primero, y para que lo que se tramitó estuviera ajustado a la Constitución, en el caso de la segunda”.

Y no es el único que piensa así. Carlos Charry, docente de la Universidad del Rosario, dice que, tras perder el Plebiscito por la Paz, Gobierno y Farc debían esperar que estas instancias ‘le metieran la mano’. “Para mí lo más importante del proceso está a nivel subjetivo y en el cese del sonido de los fusiles. Todo depende desde dónde se mire el proceso y yo lo veo en el largo plazo”, explica el doctor en sociología.

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Eso sí, tanto ellos como Jairo Estrada, miembro de Voces de Paz, y Jorge Hernández, profesor de la Universidad del Valle, abogan porque se salven las circunscripciones de paz. “Contar con ellas es crucial para las víctimas de regiones apartadas donde el conflicto fue más cruel... es prácticamente el único canal de representación política que tendrían para hacer valer directamente sus intereses y aspiraciones en el Poder Legislativo”, dice este último.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, fue sin duda el tema que más discusiones generó en el Congreso.

Para las Farc, esta Justicia “quedó desvertebrada en su concepción fundamental” porque, como uno de los componentes del Sistema Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, en La Habana se proyectó para contribuir al proceso de esclarecimiento de la verdad histórica y judicial respecto a las responsabilidades en el conflicto, pero la Corte Constitucional, en su fallo sobre el Acto Legislativo que creaba el Sistema, “sentó la exclusión de los terceros civiles y de los agentes del Estado civiles comprometidos de manera directa o indirecta en crímenes de lesa humanidad”.

Así, dice Jairo Estrada, la JEP no solo quedó “reducida” a una justicia especial para las Farc y las FF. MM., sino que el Congreso endureció las condiciones para las primeras y se mantuvo laxo con las segundas.

Dice que a su paso por el Legislativo la JEP también perdió el carácter de autonomía que se le quería dar frente a la justicia ordinaria no solo porque allá se atenderán ahora los delitos sexuales cometidos en el conflicto sino porque se establecieron condiciones para habilitar la participación política de las Farc que pueden llevar a que algunos de sus miembros puedan ser excluidos de la JEP, recurriendo al montaje de procesos judiciales, por ejemplo.

Y llama también la atención sobre otro cambio: En lo que tiene que ver con las definiciones de cadenas de mando, no se atienden los parámetros internacionales que piden ser más estrictos con los ejércitos regulares, “lo que activa las posibilidades de que la Corte Penal Internacional intervenga en estos casos”.

A su vez, Jorge Hernández, profesor de sociología de la Universidad del Valle, sostiene que las inhabilidades que el Congreso les impuso a los magistrados del Sistema “son un atentado contra la eficacia y la independencia de la JEP” y apuesta porque la Corte no las dejará pasar.
“Están dirigidas a excluir del Tribunal de Paz a varios de los que han demostrado ser más expertos en la defensa de los derechos humanos y mejores conocedores de la situación de las víctimas”, agrega.

Para el profesor Jorge Hernández, la idea de que los candidatos a ocupar las 16 circunscripciones de paz que se convinieron en La Habana puedan terminar siendo miembros de las Farc camuflados como líderes sociales “es errónea y desconoce la existencia de liderazgos independientes en las comunidades, así como su capacidad para liberarse de tutelas impuestas apenas se presenta la oportunidad para hacerlo”, como se evidenció en la última elección de Alcalde en La Uribe (Meta).

Ahora bien, en opinión de Jairo Estrada, más allá de cómo se termine resolviendo la polémica sobre si quedaron o no aprobadas el pasado jueves, la realidad es que también fueron modificadas, “llegando hasta el absurdo de impedir que las cabeceras municipales voten y limitando las circunscripciones a víctimas registradas oficialmente en el conflicto, cuando el universo de estas no se corresponde con ese registro”.

Lo anterior, según él, las revictimizaría e impediría, por ejemplo, que en Bojayá se vote por las circunscripciones porque todos los puestos electorales están ubicados en la cabecera municipal.  “A pesar de los recortes y las prevenciones, las circunscripciones de paz deberían admitirse como ya aprobadas”, sostiene Hernández.

El balance legislativo de los proyectos relacionados con el punto 1 del Acuerdo, que alude a la Reforma Rural Integral, fue calificado como “precario” por el vocero de las Farc en el Congreso, debido a que casi no se llevaron a cabo, salvo el Decreto Ley mediante el cual se creó el Fondo de Tierras y la Ley de Innovación Agropecuaria, aprobada en el último día del fast track, pero con cambios que apuntan “a avanzar hacia procesos de privatización” en esa área.

El Catastro Multipropósito y la Ley de Tierras tendrán que esperar mejor suerte por la vía ordinaria del Congreso u otro proceso de implementación desarrollado por el Gobierno.

La reforma política aprobada en La Habana buscaba superar causas históricas del conflicto en Colombia derivadas del cierre del sistema político del país frente a fuerzas alternativas, de izquierda o minoritarias, y avanzar en la modernización de dicho sistema, a partir de la conformación de una comisión electoral especial integrada por expertos.

Entre esos avances estaban consolidar el voto electrónico, diseñar un régimen de partidos en el que se votase por listas cerradas, crear una máxima autoridad electoral que contase con la debida autonomía, redefinir las funciones de la Registraduría Nacional, lograr mejores condiciones para la adquisición progresiva de derechos por parte de partidos nuevos o minoritarios y garantizar la financiación estatal de las elecciones en contra de los excesos de los intereses privados nacionales o internacionales y de la injerencia del narcotráfico.

“Toda esa idea de reforma política al entrar al Congreso de la República prácticamente se vio truncada y el trámite que se dio en Cámara y Senado fue muy pensado en función de los intereses de los partidos de cara a las elecciones del 2018 y así, a decir verdad, era mucho mejor que la reforma se hundiera, como terminó ocurriendo”, sostiene Jairo Estrada, integrante de Voces por la Paz y representante de las Farc en el Congreso.

En la última etapa del trámite en el Senado, el congresista por el Partido de la U e integrante de la comisión negociadora del Gobierno en La Habana Roy Barreras quiso salvarla “reduciéndola” a un artículo sobre adquisición progresiva de derechos para partidos minoritarios, pero tampoco prosperó.

Lo cierto es que, según algunos expertos, la reforma política fue planteada en los Acuerdos de forma marginal y tenía el carácter de voluntaria, por lo que su no aprobación no causó el revuelo que sí tuvieron, especialmente entre los excombatientes de las Farc, otras decisiones tomadas en el marco del llamado fast track.

Así las cosas, pese al jucioso trabajo que lideró la Misión de Observación Electoral, MOE, en los primeros meses del año, dado el inicio ya de la campaña electoral, los analistas coinciden en que lo mejor era que esta reforma quedara pendiente para el próximo año.

Los proyectos presentados al Congreso por la vía del fast track durante el primer semestre no sufrieron ninguna modificación, debido a que la ley que los soportaba no lo permitía.

Entre ellos están el nombramiento de voceros de la guerrilla en el Congreso (Voces de Paz) y la creación del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc.

Otra iniciativa aprobada en ese periodo fue el Estatuto de la Oposición, que reconoce derechos a quienes ocupen los segundos lugares en elecciones para alcaldías, gobernaciones o Presidencia.

También la Ley de Regalías, que permitió destinar el 7 % de estas a las zonas más afectadas por el conflicto.

Otra fue el monopolio exclusivo de las armas por el Estado.