Curules de la discordia

Curules de la discordia

Diciembre 03, 2017 - 06:55 a.m. Por: Francisco José Lloreda Mera

Con distintos calificativos, políticos y voceros de opinión se han referido a la manera como se aprobó -o se hundió- el proyecto que crea -o creaba- 16 curules adicionales en el marco del Acuerdo de La Habana. Mientras el Gobierno Nacional señala que los votos fueron suficientes, los congresistas opuestos a las curules afirman que no, en un hecho tan bochornoso como sin precedentes, en que se discute la fracción de un voto.

El proyecto de Acto Legislativo (reforma constitucional) establece la creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conformadas por 167 municipios o veredas donde de acuerdo con la iniciativa política, la violencia se ha ensañado. Y se argumenta que el objetivo es darles a las víctimas de esas regiones voz en el Congreso. Objetivos que no deberían generar mayor debate y tienen al país encendido. ¿Por qué?

Vamos por partes. Difícil poner en duda que los municipios y veredas seleccionadas son zonas olvidadas donde la violencia se ha enconado. Pero, ¿dónde no? La Misión de Observación Electoral, MOE, establece en un análisis riguroso, que la distribución de la violencia política, social y comunal en esas regiones es similar a la proporción de violencia en todo el territorio nacional, lo que plantea un primer punto de discusión.

Un segundo aspecto que ha generado polémica radica en quiénes podrán ser elegidos. Se prohíbe la participación de los partidos y movimientos con representación en el Congreso, incluido el de las Farc; se exige sean habitantes regulares de dichas zonas, desplazados o en proceso de retorno, y el punto clave: inscritos por organizaciones de víctimas, campesinos, sociales, o por grupos significativos de ciudadanos (por firmas).

Si darle la oportunidad a nuevas expresiones de tener representación en el Congreso es loable, ¿por qué la polarización? Con la restricción a los partidos y movimientos existentes, muchos colombianos temen que se beneficiarán las organizaciones afines a las Farc e incluso al ELN, pues en la mayoría de las regiones previstas ambos grupos han tenido una presencia importante, según algunos reforzada durante la negociación.

Pero va más allá. Si bien la iniciativa establece que los candidatos podrán ser inscritos por organizaciones de víctimas, lo cierto es que no se restringe a estas, lo que debilita el argumento de que se trata de curules para ellas. Incluso si se restringiera a víctimas, en un país donde se indica que hay más de ocho millones (hace pocos años se hablaba de seis millones), de todo tipo, grado y condición, el asunto no dejaría de ser difícil.

Tampoco ayuda en la discusión que -de acuerdo con el MOE- el 76% de los municipios y veredas seleccionadas tengan cultivos ilícitos, que el 50% de los cultivos del país se encuentren ahí y que en una tercera parte haya presencia del ELN, bandas criminales y minería ilegal; datos de 2015, es decir, podrían ser más. Y no ayuda por la conexidad de décadas de las guerrillas con el narcotráfico y la presencia insuficiente del Estado.

Es un tema tan espinoso y complejo que cualquiera sea la decisión de la Corte sobre cómo se cuentan los votos y si se aprobó o hundió, hay un hecho cierto: la posibilidad de lograr una representación libre de suspicacia o resquemor a favor de las víctimas y regiones azotadas por la violencia, pareciera se perdió. Quizá nos habríamos ahorrado este episodio si un acuerdo político hubiese sido piedra angular de la negociación.

Sigue en Twitter @FcoLloreda

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