Segundo tiempo

El triunfo de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de El Salvador, celebradas el domingo anterior, estaba asegurado. La popularidad del mandatario basada en la imagen de un líder joven con mano firme y disruptivo, así como en el éxito de su lucha contra la violencia en su país, eran garantía para imponerse en los comicios que le dieron su segundo mandato.

Obtenida la victoria, es de esperar que ahora el Presidente despeje cualquier duda sobre sus intenciones de perpetuarse en el poder y convertirse en un régimen dictatorial. Mantener la democracia en El Salvador, con el respeto debido por los derechos de sus ciudadanos, la separación de poderes, la ley y por supuesto los Derechos Humanos, es su deber.

Bukele se impuso en las urnas con el 85% de los sufragios, una victoria contundente que quedó sellada con las 58 curules ganadas por su partido, Nuevas Ideas, lo que le da las mayorías absolutas en el Congreso unicameral, conformado por 60 legisladores. No solo no tendrá oposición, en la práctica se le da sepultura a cualquier otro movimiento político, incluido el tradicional Arena o el Frente Farabundo Martí, al que alguna vez perteneció el Mandatario, quien hoy asegura no ser de derecha ni de izquierda.

Esa omnipotencia preocupa, al igual que los movimientos hechos para que la Corte Constitucional le diera luz verde -en una cuestionada interpretación de la Constitución promulgada en 1983- para que Bukele pudiera relanzarse a un segundo periodo, aun cuando varios de los artículos de la Carta Magna prohíben expresamente la reelección.

Sin duda, la exitosa política de seguridad pública basada en el estado de excepción, que llevó a El Salvador de ser uno de los países más violentos del mundo a tener hoy la tasa más baja de homicidios, con apenas 2,4 por cada cien mil habitantes, es la carta de presentación del Presidente. Sin embargo, se le cuestionan sus métodos, que permiten capturas solo por sospechas, irrespetan los debidos procesos, no brindan garantías jurídicas y en no pocos casos atropellan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En el país centroamericano se habla de torturas, desapariciones forzosas, asesinatos masivos en las cárceles. El principio de presunción de inocencia pareció desaparecer del ordenamiento jurídico salvadoreño, mientras crecen las denuncias por arbitrariedades contra la prensa, las organizaciones de derechos humanos e incluso contra políticos opositores.

A ello, el presidente Nayib Bukele responde con mensajes irónicos o desafiantes en sus redes sociales o en sus discursos, y no parece importarle que los cuestionamientos lleguen desde la comunidad internacional. Esa voz contestataria, junto a los resultados contra el crimen, son los que mantienen en apariencia la luna de miel con sus ciudadanos. No de otra forma se entiende que pese a los crecientes índices de pobreza que afectan a los salvadoreños y al manejo errático de la economía nacional, su popularidad crezca.

El reelegido Mandatario tiene en su nuevo periodo desafíos más grandes que el de mantener la seguridad nacional. Uno de ellos es enderezar el rumbo de la economía social de su país y el segundo demostrar que las preocupaciones son erradas y que no tiene la mínima intención de emprender el peligroso camino hacia una dictadura velada de democracia.