Reforma inevitable

Abril 24, 2017 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Cada cierto tiempo, las alarmas se prenden en Colombia sobre la urgencia de hacer ajustes al sistema pensional para ampliar su cobertura y para evitar una crisis en las finanzas públicas producto del crecimiento de los aportes que debe hacer la Nación por la vía del presupuesto nacional.

La reforma es inevitable, necesaria y hasta cierto punto urgente, y debe empezar por un cambio en el régimen laboral que permita involucrar a más colombianos en el sistema. Que sólo el 35% de los trabajadores cotice para su pensión, indica que el país no está cumpliendo con uno de los más importantes propósitos sociales, el de cubrir los gastos que demanda la vejez en condiciones dignas.

Además, demuestra que desde sus inicios, el sistema pensional ha padecido de grandes fallas, la primera de las cuales está en los errores de cálculo sobre sus ingresos. Como ocurrió al hacer las cuentas para el sistema de salud creado por la ley 100 de 1993, quienes crearon el Instituto de Seguros Sociales hicieron cálculos sobre unos niveles de empleo formal que nunca han sido alcanzados. La consecuencia es el déficit crónico y creciente que hoy equivale a casi la mitad del presupuesto anual de gastos.

Y en forma paralela, el Estado ha actuado de tal manera que ahora está pagando las consecuencias. Durante varias décadas y mediante leyes y decisiones administrativas, los gobiernos dispusieron del ahorro que generaban las pensiones, para financiar la agricultura y proyectos de desarrollo, o para cubrir los déficit fiscales mediante sofisticadas maniobras. Ahora, las pensiones se han convertido en enemigas de la estabilidad macroecómica, sin que quienes cumplieron los requisitos tengan alguna responsabilidad.

Lo peor es que, como lo ha explicado el Presidente de Colpensiones de los 38 billones de pesos que hoy debe aportar, 22 billones se destinan a pagar las pensiones especiales de funcionarios públicos, incluidos militares y congresistas. Y sólo 11 billones se destinan a pagar las mesadas de quienes cumplieron con los requisitos legales y adquirieron el derecho a la pensión de prima media que fue establecida en 1950.

Esa es la razón por la cual ese Estado pródigo debe cubrir el hueco de unas finanzas desequilibradas, además de tener que soportar la presión de las entidades del sector privado y sus agremiaciones que pretenden eliminar la competencia del sistema tradicional, como si éste fuera la causa del problema. De otra parte, el mejoramiento de las condiciones de salud y educación para los colombianos que hacen posible estirar la esperanza de vida en Colombia, obliga a ampliar la edad de jubilación, garantizando que se les ofrezca estabilidad a quienes deban pagar más semanas de cotización.

Hay pues una amenaza real que debe ser enfrentada como corresponde, con estudios serios orientados ante todo por el propósito de asegurar el futuro de la Nación. Lo importante es que se tome la decisión y se construya el consenso para eliminar las barreras que impiden la creación del empleo formal que cotiza a los sistemas de pensiones, sean ellos de carácter público o privado.

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