Rectificación oportuna

La propuesta se escuchó en la llamada cumbre de alcaldes que se celebraba en Cartagena. Allí, el Primer Mandatario habló de acortar en dos años el próximo período presidencial, en caso de que él se presente y resulte reelegido. Y que en adelante, el período sería de seis años para todos los cargos de elección popular.

Para alivio de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos aclaró ayer su posición con respecto al cambio que sugirió el pasado viernes sobre la posibilidad de reelegirlo por sólo dos años o de ampliar el período de los funcionarios que ocupen cargos de elección popular. Sin embargo, queda de nuevo la sensación de que en nuestro país la Constitución está sujeta a las modificaciones que demanden las necesidades de los sectores políticos o de los gobiernos de turno.La propuesta se escuchó en la llamada cumbre de alcaldes que se celebraba en Cartagena. Allí, el Primer Mandatario habló de acortar en dos años el próximo período presidencial, en caso de que él se presente y resulte reelegido. Y que en adelante, el período sería de seis años para todos los cargos de elección popular. El revelo fue general puesto que no estaba claro si se prolongaría los mandatos o si de lo que se trataba era de recortar el siguiente período; y si en esa propuesta que incluía a los alcaldes se podía integrar a gobernadores, diputados, congresistas y concejales municipales, amén de los cambios en organismos como la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría las Cortes y la Junta del Banco de la República.Mientras el presidente del Senado estuvo presto a impulsar la iniciativa puesto que quedaba poco tiempo para que pudiera ser estudiada y aprobada, la reacción general expresó la confusión que se produjo. Por supuesto, aparecieron los incondicionales como el senador Roy Barreras que le encontraron ventajas como la de ampliar el mandato del presidente Santos para lograr la paz con las Farc, y la posibilidad de eliminar la reelección que el mismo legislador encabezó con fervor hace ya ocho años. Pero también se expresaron quienes, fueran o no opositores, no encontraron razones para alterar la Constitución distintas al afán de mezclar la política electoral con la paz, de manera disfrazada y dependiendo de las mayorías en el Congreso.Fue un pequeño terremoto lo que desató la propuesta, al punto en que el Presidente debió enviar una carta para despejar las dudas y las inquietudes. Entre las razones para esa aclaración está su expreso compromiso de no confundir la negociación de paz con las elecciones, ni cambiar su criterio de que “para ser exitoso este proceso debe durar meses y no años”. Con lo cual vuelven las aguas al cauce normal, desaparece la consecuente discusión sobre la constitucionalidad y la oportunidad del cambio propuesto y se despejan las inquietudes que alcanzaron a despertarse sobre la estabilidad jurídica de la Nación. Pero vuelve a hacerse presente uno de los grandes problemas de nuestra historia, desde el momento en que fue aprobada la Carta de 1991. Es el afán por cambiar las leyes y las instituciones con cada coyuntura política, impidiendo que las instituciones jurídicas se consoliden por encima de los afanes y las intenciones de los gobernantes o de los partidos. Con lo cual, además de crear la confusión, se envía un mensaje según el cual la Constitución está subordinada a la mecánica política y no al servicio de los intereses nacionales como corresponde a una democracia seria.