Rectificación necesaria

Rectificación necesaria

Septiembre 20, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"...la buena intención de permitir una excepción para lograr Justicia y Paz está hundiéndose en una espiral donde los trámites se convierten en enemigos de la verdad que buscamos".

La ley de Justicia y Paz fue en su momento una decisión inaudita en el mundo como propuesta para terminar un conflicto sangriento con los recursos que ofrece la justicia transaccional. Ahora, la Fiscal General de la Nación, el Gobierno Nacional y hasta la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos están de acuerdo en la necesidad de ajustar la legislación a las realidades que ha debido enfrentar el propósito que justificó la excepcional medida.Sin que se basara exclusivamente en el proceso de desmovilización de las llamadas autodefensas, la norma nació de la necesidad de atender un hecho cuyas enormes proporciones significaba un desafío para el Estado de Derecho. Era ni más ni menos que lograr la desmovilización de más de 35.000 hombres en armas y liquidar las organizaciones a las que pertenecían. Y lo más importante, era la necesidad de saber lo que pasó, cuáles fueron los hechos, quiénes y dónde están las víctimas y cómo hacer para empezar un camino de reconciliación. Paz con Justicia, Verdad y Reparación. ¿Cómo hacer para lograrlo? En ese propósito, el país escogió el camino de la justicia transaccional, aquella que permite encontrar salidas distintas a un fenómeno criminal que desbordó la capacidad de respuesta de las instituciones. Fue un paso audaz, reconocido en el mundo por sus dimensiones e implicaciones como una apuesta nunca explorada para llegar a los objetivos finales de reconciliación, sin duda muy distinta a la justicia tradicional.Seis años después, los problemas en su aplicación demuestran tanto los enormes obstáculos que han impedido alcanzar los resultados que se esperaban como la intención de mantener la justicia restaurativa, expresada por las máximas autoridades del país. Pero también, la necesidad de corregir el rumbo del proceso cuya credibilidad se erosiona por la falta de resultados y los inconvenientes que impiden avanzar con la celeridad que requiere el país. Es claro que ya no puede mantenerse un proceso que en seis años sólo ha conseguido cuatro sentencias, mientras las gestiones para encontrar la verdad sobre masacres, desaparecimiento y víctimas avanzan a paso de tortuga. Un proceso lento, dispendioso y exasperante donde las cientos de miles de víctimas reconocidas aguardan a que sean escuchadas, mientras miles de desmovilizados aún no presentan sus primeras declaraciones. En otros términos, la buena intención de permitir una excepción para lograr Justicia y Paz está hundiéndose en una espiral donde los trámites se convierten en enemigos de la verdad que buscamos.La propuesta de la Señora Fiscal General apunta entonces a agilizar los procesos, a establecer prioridades para juzgar a los cabecillas y encontrar la verdad de los hechos que por su gravedad se convirtieron en símbolos de la barbarie perpetrada por el paramilitarismo en Colombia. Con ello se puede lograr un avance en el propósito, aunque no hay duda de que se producirá una mayor impunidad. Aunque no nos guste, es la manera de encontrar una salida con la Justicia transaccional para lograr que Colombia sane las heridas de una violencia irracional.

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