Por un artículo

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Junio 10, 2018 - 06:55 a.m. Por: Editorial .

En el Senado de la República está enredado un artículo del proyecto de ley que regula el nuevo procedimiento para elegir Contralor General de la Nación. Aunque parece una cuestión de forma, la oposición a una propuesta en el procedimiento deja ver de nuevo la resistencia al cambio que pone en riesgo la institucionalidad del país.

La ley en trámite es desarrollo del Acto Legislativo sobre Equilibrio de Poderes, aprobado en el 2015 por el Legislativo, según el cual, el Contralor será elegido antes de terminar el primer mes de la judicatura que se inicia el próximo 20 de julio. Es decir, quedan sesenta días para aplicar ese mandato, sabiendo además que el Contralor actual no podrá ser reelegido ni se podrá prorrogar su permanencia en el cargo.

La reforma elimina la participación de los jueces en esa selección, algo que no debería de ser de su incumbencia. Y crea un procedimiento mediante el cual se ejerce un deber, el de designar a quien dirige el organismo que controla el manejo fiscal de todas las ramas del poder público. Así, más que una facultad es una obligación de los legisladores que debería estar alejada de consideraciones partidistas y ambiciones de cuotas dentro de la Contraloría.

Tal procedimiento tuvo dos años para ser estudiado y aprobado. Pero ahora, a menos de cinco días de sesiones para que se apruebe la reglamentación, ella puede naufragar porque en el Senado se niegan a autorizar que una universidad reconocida y con acreditación de calidad participe en la selección previa que entregue los quince aspirantes de los cuales el Congreso elegirá al Contralor.

Como podría esperarse, la alarma ha sonado porque en el Senado se ha presentado una especie de resistencia al artículo en mención. Ella proviene de quienes consideran esa participación no como un apoyo para asegurar la transparencia y la selección objetiva, sino como una injerencia indebida que atenta contra la autonomía del Legislador.

Nada más alejado de la realidad es esa objeción, que se explica por lo que sus autores consideran una intervención ilegal en sus atribuciones. Lo grave es que puede poner en riesgo el cumplimiento de una obligación fundamental, al punto en que esa elección es de las pocas oportunidades en que la realiza el Congreso en pleno.

¿Por qué se esperó hasta la última semana, precisamente en medio de la elección del nuevo Presidente de la República para tramitar esa iniciativa que desarrolla un compromiso adquirido por el propio Congreso hace dos años? ¿Y por qué un asunto de mero procedimiento como es la participación de una universidad en la selección se lleva al extremo de poner en peligro el cumplimiento de un deber constitucional?

Ojalá, en la semana escasa de sesiones que resta, la sensatez regrese y se permita darle el trámite agónico al proyecto de reglamento, incluido el artículo en cuestión. Sería la forma de cerrar como corresponde la actuación del Congreso que culmina sus funciones el próximo 20 de julio, evitando que se cauce un grave daño a la institucionalidad y escuchando la voz de los colombianos que exigen más transparencia en la actuación del Estado.

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