Política carcelaria

"...quedó abierto el debate sobre lo que ocurre en los sitios de reclusión en instalaciones militares para miembros de la Fuerza Pública acusados o condenados por hechos cometidos en ejercicio de sus funciones".

El escándalo y la indignación producidos por la fuga de un coronel del Ejército acusado de intento de homicidio, y por las condiciones en que otro oficial del mismo rango disfrutaba de su reclusión, indican de nuevo las falencias que durante décadas ha presentado el sistema penitenciario en Colombia. Además, demuestran la necesidad de garantizar el castigo ejemplar a militares y policías que cometan delitos, sin desconocer las características particulares de su investidura y de sus funciones.Por fortuna, el coronel fugado fue recapturado dentro de la base de Tolemaida, de cuyo reclusorio se escapó apenas supo de su traslado, que fue ocasionado cuando se conoció que alias Zeus, oficial que fue retirado, enjuiciado y condenado por sus vínculos con una de las más tenebrosas bandas de narcotraficantes, se daba la gran vida en ese mismo sitio. En ese momento, el nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario, general Gustavo Adolfo Ricaurte, ordenó su traslado a prisiones de máxima seguridad. Era lo mínimo que debía hacer para obligarlo a cumplir su condena como corresponde.Y quedó abierto el debate sobre lo que ocurre en los sitios de reclusión en instalaciones militares para miembros de la Fuerza Pública acusados o condenados por hechos cometidos en ejercicio de sus funciones. Nadie se opone a que se aplique esa excepción, puesto que recluirlos al lado de los delincuentes que ellos debieron combatir es exponer su integridad. Lo que tiene que quedar claro es que esa excepción no significa ser laxos en la aplicación de la sanción impuesta por los tribunales, o relajar las condiciones de seguridad de una detención preventiva, como ocurría con César Maldonado, quien ya se había fugado en una ocasión anterior.Por culpa de esos hechos se alcanzó a comprometer el buen nombre del Ejército. Pero esa circunstancia tampoco puede llevar a crear un escándalo en un vaso de agua. Sin duda, tanto la fuga de uno como las bacanales de otro son actos bochornosos que merecen reproche y deben ocasionar sanciones a quienes participaron en ellos por acción o por omisión. Pero afirmar que enlodan el nombre de la Institución militar, o a la inmensa mayoría de sus integrantes, es un despropósito mayor.Por el contrario, esta fue una oportunidad para demostrar el rechazo de sus comandantes a tales acciones. Y ha servido para producir un debate que debe terminar en cambios drásticos que garanticen el castigo a quienes cometieron delitos mientras pertenecían a la Fuerza Pública. Es lo menos que debe esperarse en un país y en unas instituciones que basan su legitimidad en el respeto a la Justicia y el acatamiento de la Ley.Pero la causa de ese y muchos otros escándalos es el desastre del sistema penitenciario en Colombia, verdadero dolor de cabeza que no se ha podido curar. Ahora, el general Ricaurte, oficial de Policía con una buena hoja de servicio, fue nombrado su director, en una solución improvisada antes que como una política definida. Ojalá, los escándalos que ocasionan años de desidia del Estado no acaben su carrera, mientras el Inpec no puede cambiarse y la política carcelaria sigue brillando por su ausencia.