¿Para dónde va la paz?

La paz total del gobierno de Gustavo Petro parece estar naufragando, o al menos se encuentra en su punto más crítico desde que se iniciaron los acercamientos y se instalaron las mesas de diálogo con las más diversas organizaciones violentas y delincuencias que operan en el territorio nacional. Las negociaciones no prosperan, el terrorismo arrecia en diferentes regiones del país y no se ve una voluntad verdadera de llegar a acuerdos que le pongan punto final a la guerra en Colombia.

En las semanas recientes tanto el Cauca como el sur del Valle, incluido Cali donde se explotaron cilindros bomba frente al Batallón Pichincha, han sido el objetivo de ataques de las disidencias de las Farc. Fue la respuesta al levantamiento del cese al fuego bilateral ordenado por el Gobierno, luego de los sucesivos incumplimientos en esta parte del país de los varios frentes del que se hace llamar Estado Mayor Central.

La fractura interna en las disidencias es evidente y fue confirmada a Semana por uno de sus voceros. El comandante Andrey Avendaño, vocero del EMC en la mesa de diálogos, confirmó que ya no todos los grupos responden a ‘Iván Mordisco’. Negociar la paz con una organización criminal donde no existe una unidad de mando es imposible y se sabe de antemano que no todos sus integrantes se acogerán a los acuerdos que se logren. Las disidencias de las Farc son en sí mismas ese ejemplo.

Es un caso similar al del Eln, el grupo guerrillero con el que parecían avanzar más los diálogos y que esta semana ‘congeló’ las negociaciones por un supuesto proceso de desmovilización alterno que se estaría adelantando en Nariño con algunos de sus integrantes. Si bien los delegados del Gobierno lo han negado, queda en evidencia la ausencia de unidad en la organización subversiva más antigua de América. Queda claro que el Comando Central, Coce, no pasa de ser una sigla rimbombante.

Suerte parecida corren los intentos por sentarse de manera seriedad a negociar con organizaciones criminales como el Clan del Golfo o con grupos delincuenciales en la búsqueda de treguas definitivas, tal cual sucede con los Shottas y Espartanos, las dos bandas enemigas de Buenaventura. A casi dos años de la posesión de Gustavo Petro, la paz total en la que se ha empeñado el Primer Mandatario parece hacer aguas.

Queda en evidencia que las negociaciones con los alzados en armas o con el crimen de todas las calañas no se pueden realizar a cualquier precio y sin condiciones. Es la vida de los colombianos, la tranquilidad de las poblaciones que están en medio de las zonas de conflicto, lo que se pone en riesgo.

El país quiere vivir, por fin, en paz. Su mayor deseo es que no lo levanten a medio noche los ataques del crimen organizado, que el terrorismo no destruya más sus pueblos, poder transitar por cualquier lugar del territorio nacional sin temor a ser blanco de las balas. Ese anhelo no puede llevar a que se claudique frente a los violentos ni a que el Estado baje la guardia en la lucha que le corresponde adelantar para proteger a sus ciudadanos.