No al contrabando

"Cuando se habla de contrabando en Colombia, ya parece imposible expresar una cifra siquiera cercana a lo que pierde la Nación por una práctica que además de ilegal ha permeado la vida de los colombianos. Y encontrar la salida a un problema que destruye las posibilidades de crear empresas y consolidar la autonomía del país frente a la competencia internacional".

Cuando se habla de contrabando en Colombia, ya parece imposible expresar una cifra siquiera cercana a lo que pierde la Nación por una práctica que además de ilegal ha permeado la vida de los colombianos. Y encontrar la salida a un problema que destruye las posibilidades de crear empresas y consolidar la autonomía del país frente a la competencia internacional.Sin dudas, es difícil explicar la reacción que despierta una ley elaborada para cerrar una de las venas rotas por donde se escapan los recursos destinados a financiar el progreso. Son trece billones de pesos los que deja de recibir el fisco nacional al año, resultado de la avalancha de productos que ingresan de las más variadas formas posibles. Y que, en muchos casos, son comercializados en los lugares públicos o tienen sedes especiales que se transforman en lugares respetados por las autoridades a pesar de ser ilegales.Es entendible que haya una reacción de los comerciantes menores que derivan sus ingresos de la venta de productos de contrabando, entre otras cosas, porque durante muchas décadas se ha mantenido el esquema permisivo para tratar de combatir la pobreza. Incluso, han sido muchos los gobiernos que han ofrecido legalizar los Sanandresitos, sin que hasta ahora se haya cumplido. Eso es lo que hoy pasa cuenta de cobro, porque, según los protestantes, la costumbre ha hecho ley. El otro efecto nocivo del contrabando es la competencia desleal contra la industria nacional que paga impuestos, que genera empleo estable y ofrece la posibilidad de controlar la informalidad, evitando de paso la evasión. Además, los aranceles que se usan en todo el planeta para proteger a los productores y en consecuencia a la economía, son un dique necesario. Que se rompe cuando el contrabando se convierte en práctica corriente y sin controles efectivos. Es decir, cuando se desconoce la obligación de actuar para impedir las prácticas que atentan contra la sociedad, así sean justificadas con argumentos como la solidaridad y la lucha contra la pobreza. La norma aprobada que está a la espera de sanción presidencial y despierta tantas protestas, es dura porque equipara el delito de contrabando con el lavado de activos y aumenta las penas, unifica las sanciones por incumplimientos en el pago del impuesto al consumo. Además, establece nuevos mecanismos de información financiera en las empresas, fortalece las herramientas a disposición de las entidades que vigilan y persiguen el contrabando, y crea una comisión interinstitucional para regir la política contra esa práctica ilegal.¿No es eso lo que debe hacer un Estado para mantener el orden en la economía y combatir la competencia desleal contra sus propios ciudadanos? Lo contrario sería aceptar que debemos convivir con la ilegalidad en aras de una sensibilidad social mal entendida, que consiste en mitigar la pobreza y la falta de oportunidades mediante la ignorancia de principios que, como el acatamiento de la ley, evitan la anarquía, la corrupción y el crecimiento de organizaciones criminales que explotan las debilidades del Estado.