Llamado al consenso

Como era previsible, ayer se hundió en el Senado la reforma a la salud impulsada por Gobierno Nacional. Si bien es una derrota importante para el presidente Gustavo Petro, en lugar de usarse para exacerbar la polarización o para amenazar con imposiciones a la fuerza, debería servir para construir un verdadero consenso sobre los cambios que necesita el sistema para garantizar la prestación de ese servicio esencial para los colombianos.

Lo ocurrido este miércoles no es más que el ejercicio político natural en un Estado de derecho como el que impera en Colombia, donde existe la separación de poderes públicos con el fin de preservar el respeto de la voluntad popular y por consiguiente de la democracia. Si bien la propuesta de reforma superó la discusión en la Cámara de Representantes, terminó archivada en su paso por la Comisión Séptima del Senado de la República, donde se acogieron los reparos manifestados por expertos y usuarios.

La que se sabía sería una discusión compleja, que podría caldear aún más los ánimos entre el oficialismo y la oposición, estuvo precedida por dos anuncios inesperados del Gobierno. El primero, la decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir a la EPS privada Sanitas, una de las más grandes del país con 5,7 millones de usuarios. Pocos minutos antes de la votación en la Comisión Séptima de la cámara alta se informó además sobre la toma de posesión de la estatal Nueva EPS, con 10 millones de afiliados.

A la preocupación obvia que causaron las drásticas medidas entre los usuarios, se sumó la indignación de quienes vieron en esos actos una forma de presión hacia el Legislativo. Serán los entes correspondientes, como la Procuraduría General de la Nación, los que se encargarán de determinar si las decisiones de la Superintendencia de Salud, avaladas por el Ministerio del ramo, se hicieron en derecho, con sustentos sólidos y comprobables, y atendiendo un verdadero riesgo para los afiliados.

Archivado el proyecto de reforma, lo que se esperaría es la convocatoria a una conversación franca y abierta entre el Gobierno Nacional y los diferentes actores del sistema de salud, incluidos gremios, asociaciones médicas y científicas, prestadores del servicio, voceros de los usuarios y la comunidad en general. Frente a los problemas que, sin duda, tiene el sector, es necesario generar consensos para adelantar los cambios, sin que ello signifique destruir lo que se ha construido en las últimas décadas y que funciona bien.

No es “de golpe”, como lo manifestó ayer el presidente Gustavo Petro tras conocer la votación negativa en el Senado, ni imponiendo a la fuerza el modelo de reforma que fue derrotado en franca lid en el Senado de la República o insistiendo en una constituyente que no ni siquiera se ha convocado, como los colombianos aceptarán que se haga la transformación de la salud en el país.

En un Estado social y democrático de derecho las decisiones del Congreso, que tiene la representación ciudadana entregada en las urnas para que en su nombre legisle, se deben respetar. Por eso el llamado es a que desde el Gobierno y en cabeza del Primer Mandatario, se les dé un parte de tranquilidad a los colombianos y se les garantice que toda reforma o intervención al sistema de salud se hará por las vías democráticas y legales.