Las dudas sobre Isagén

" Lo que sí debe quedar en claro es que la decisión de vender las acciones de Isagén es originada en una decisión política del Gobierno Nacional, que ha sido pensada y evaluada desde hace varios años. Es cambiar la destinación de unos recursos públicos para atender otras prioridades, en este caso, la de superar el rezago de la infraestructura vial, lo que debe mejorar la conectividad y la competitividad de Colombia".

De nuevo las sombras de las dudas caen sobre la venta de las acciones que la nación posee en Isagén, la tercera generadora de energía del país. Cuando ya había llegado al momento de recibir las propuestas, ahora es el Concejo de Estado el que suspende el proceso mientras estudia la legalidad de las disposiciones que harían posible esa venta. Recapitulando lo sucedido hasta ahora, de lo que se trata es de vender un activo de gran valor, que tiene un mercado importante y grandes posibilidades de crecimiento. Es la empresa que nació del interés por impulsar la generación de energía y que por obra de su eficiente administración se ha transformado en factor principal del sector eléctrico en Colombia y en inversionista de peso en Latinoamérica. La pregunta es de dónde nace el interés por salir de la participación pública en Isagén y la oposición a que se realice la operación. El asunto es que el Gobierno Nacional piensa que el objetivo al crear la empresa ya se cumplió y es oportuno liberar esos recursos para realizar otra clase de inversión, esta vez en la construcción de infraestructura vial. Para ello se aduce también la baja rentabilidad del activo frente a su valor, calculada en un 2,5% anual sobre una cifra que puede superar los cinco billones de pesos, los cuales cumplirán una función pública de gran urgencia, como es el permitir el desarrollo del sistema vial en Colombia. En la orilla opuesta están quienes desde distintos puntos de vista se oponen a la negociación. Hay quienes aducen la necesidad de que el Estado mantenga su presencia en un sector estratégico para la economía, y como la posibilidad de actuar como vigilante de un mercado, el de los servicios públicos esenciales, especialmente sensible a los cambios ocasionados por el ánimo de lucro. Otros afirman que el patrimonio público sería lesionado puesto que es muy difícil calcular el valor de la empresa. Y hay quienes consideran que usar los recursos provenientes de la venta en financiar las carreteras no es una inversión social si no un gasto que no tiene justificación. Faltando pocas horas para que se cerrara la oferta, el Consejo de Estado suspendió el proceso, haciendo uso de las facultades que le otorga la ley cuando se considere que una actuación oficial, en este caso la enajenación del 57% de las acciones de Isagén, puede causar un daño irreversible. Lo que no significa cancelar lo actuado hasta ahora si no abrir un espacio para analizar en profundidad la demanda, los hechos y el proceso de venta.Así están pues las cosas. Lo que sí debe quedar en claro es que la decisión de vender las acciones es originada en una decisión política del Gobierno Nacional, que ha sido pensada y evaluada desde hace varios años. Es cambiar la destinación de unos recursos públicos para atender otras prioridades, en este caso, la de superar el rezago de la infraestructura vial, lo que debe mejorar la conectividad y la competitividad de Colombia. Entre esos parámetros, si se conserva un activo o se vende para invertir en otro sector clave para la Nación, debe mirarse la venta de Isagén.