Las cuentas claras

La transparencia en los procesos electorales comienza por cumplir con la obligación legal que tienen las campañas políticas de presentar las cuentas, tanto de sus ingresos como de sus gastos, en los plazos establecidos. El responsable de que así sea es el Consejo Nacional Electoral, CNE, que además de facilitar a tiempo el acceso a las plataformas digitales debe velar porque se observe a cabalidad ese requisito. Justo lo que no estaría sucediendo por estos días en Colombia.

El más reciente reporte de la Misión de Observación Electoral, MOE, que corresponde al monitoreo realizado entre el 20 y el 22 de septiembre, genera preocupación. Por un lado, el CNE habría incurrido en demoras para facilitar dicho proceso a las campañas, pero además no estaría brindando plenas garantías para que los ciudadanos, como es su derecho, puedan acceder a la información y analizar las finanzas de quienes aspiran a ser elegidos en un cargo público el próximo 29 de octubre.

Y está la otra parte, la que corresponde a las candidaturas. A poco menos de un mes de los comicios son escasas las gerencias de campaña que han cumplido con la obligación de presentar sus números e irlos actualizando a tiempo presente. Si bien las cifras hoy pueden diferir con respecto a las monitoreadas hace diez días, el informe de la MOE asegura que de 246 candidatos a gobernaciones, solo 20 han incluido sus ingresos y gastos en el aplicativo, hay 115 formularios en blanco y, más grave aún, a esa fecha 111 ni siquiera aparecían registrados.

En el caso de los aspirantes a las alcaldías de las ciudades capitales, de 348 apenas 18 reportan ingresos y gastos, 9 solo ingresos, 4 los gastos, 131 tienen los formularios en blanco y 186 no están registrados. Son números alarmantes, si se tiene en cuenta que en todo el país hay 128.000 candidatos que buscan elegirse como mandatarios locales, gobernadores, concejales, asambleístas o ediles, y apenas un pequeño porcentaje ha acatado la ley.

¿Por qué debería causar inquietud? La razón es la de siempre, que ese filtro de las finanzas es el primer paso para garantizar la transparencia, la igualdad de condiciones y la observancia tanto de los topes financieros como de los tiempos establecidos para hacer publicidad.

En Colombia abundan los ejemplos, y bastante recientes, de incumplimientos en la financiación de las campañas políticas. Pareciera que no hubiese autoridad capaz de impedir que se violen los límites impuestos o que se maquille la contabilidad para tapar las irregularidades, entre ellas la recepción de dineros provenientes de actividades ilícitas o de acuerdos perversos, así como de personajes de dudosa reputación o con asuntos pendientes con la Justicia.

Es la corrupción que se toma los procesos electorales, deriva en el pago de favores como quedó expuesto con el caso de Odebrecht y desvirtúa la que, sin duda, es la mayor representación del ejercicio democrático en un Estado que se precia de serlo. Por ello, a las autoridades electorales les corresponde garantizar que se cumpla con esa obligación mientras la responsabilidad de las campañas políticas es entregar a tiempo sus cuentas claras.