La reforma a la Justicia

"Es de esperar que la propuesta reforma judicial y la labor de los congresistas logren interpretar la necesidad de la Nación de tener una Justicia pronta y efectiva que resuelva además los conflictos entre y al interior de las ramas del poder público".

Cuando se inicie la próxima legislatura, el Congreso de la República habrá recibido la que es la reforma más esperada y más importante para conseguir la paz en Colombia. Es de esperar que la propuesta reforma judicial y la labor de los congresistas logren interpretar la necesidad de la Nación de tener una Justicia pronta y efectiva que resuelva además los conflictos entre y al interior de las ramas del poder público.Luego de un intenso y destacado trabajo del Gobierno Nacional por lograr un proyecto acordado con las Altas Cortes y el Legislativo, en los días de hoy y de mañana se celebrarán las dos últimas reuniones para tratar de lograr un consenso alrededor de su propuesta, con la cual pretende resolver grandes conflictos acumulados por años. Se sabe que deberá discutirse sobre decisiones como eliminar el Consejo Nacional de la Judicatura y la creación de instituciones más adecuadas para administrar la Justicia, así como la ampliación de los períodos de los magistrados de las Cortes, el establecimiento de inhabilidades amplias para ellos y el cambio en la forma de elegirlos, que volvería a sus tribunales con la participación del Consejo Superior Judicial que creará la reforma.Las reuniones también abocarán asuntos como el establecimiento de la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, así como la inclusión de los principios de seguridad jurídica y responsabilidad fiscal en el artículo 299 de la Constitución Nacional, referente a la función administrativa del Estado. Así mismo, en el proyecto se contempla la obligación de las autoridades administrativas de someter sus actuaciones a la jurisprudencia, principio novedoso en Colombia.Por otra parte, se sabe que deberá enfrentarse la propuesta del Gobierno sobre el uso de la tutela contra sentencias judiciales, causa de innumerables y perjudiciales conflictos entre las Altas Cortes. Y por primera vez se le ordena al Gobierno diseñar la Política Criminal del Estado, uno de los grandes vacíos que impiden enfrentar el fenómeno que se ha convertido en la mayor preocupación de los ciudadanos.Termina así la etapa previa para ajustar la Justicia a las realidades del país. La próxima semana empezará la serie de ocho debates tras los cuales se reformará la Constitución en las materias propuestas. Con ello podrán resolverse muchos de los inconvenientes que nacieron de normas como las que hacían participar a los jueces en procesos administrativos como la elección del Fiscal General, con lo cual se terminó politizando la función judicial.La propuesta del Gobierno responde a la necesidad de resolver los conflictos que con frecuencia se han presentado en asuntos sin duda neurálgicos para la marcha del Estado. Preocupa sin embargo que aún no aparezcan las medidas para agilizar y fortalecer la prestación del servicio público más importante en la preservación de la concordia y el orden en la Nación. Ojalá, esas reformas que logren una rápida y cumplida Justicia aparezcan en el transcurso del debate legislativo que se inicia el 20 de julio.