La otra reelección

"Nada es más saludable para una democracia que los ciudadanos puedan designar a sus gobernantes..."

En el marco de la reunión de alcaldes celebrada en Cali, el presidente Juan Manuel Santos revivió la propuesta de reelegir los mandatarios locales y regionales que ha sido hundida en 17 ocasiones en el Congreso de la República. Es la oportunidad entonces para evaluar los beneficios y los inconvenientes de esa propuesta.En principio, nada es más saludable para una democracia que los ciudadanos puedan designar a sus gobernantes mediante el voto popular. Y que puedan reelegirlos, como una expresión de apoyo en el caso en que los elegidos satisfagan sus expectativas, administren bien los asuntos públicos y atiendan las necesidades de la gente. Eso es mucho más importante en las gobernaciones y las alcaldías, donde se supone que debe realizarse una labor con mucho más acento en el aspecto administrativo y social. Más aún en municipios como los colombianos, donde la limitación de recursos y la abundancia de problemas generados por la migración desbordada y el excesivo centralismo obliga a los alcaldes a hacer verdaderos milagros para atender a sus comunidades. Otra cosa debe decirse de los departamentos, entidades territoriales a las cuales la ley no les ha precisado su campo de acción, por lo cual han perdido su sentido en la estructura administrativa del Estado. Sin embargo, allí siguen y en muchos casos prestan oportunos servicios como aglutinadores de los propósitos e intereses regionales y coordinadores de la acción estatal, cuando sus gobernadores no desvían los objetivos para los cuales son elegidos.La otra cara de esas bondades está en las malas experiencias que han padecido municipios y departamentos desde que se estableció la elección popular de alcaldes y gobernadores, en la ausencia de controles políticos y administrativos, así como de responsabilidades claras a los elegidos. Tales falencias han llevado a un increíble número de gobernadores y alcaldes destituidos por hechos de corrupción, por intervención en política, o por errores administrativos debidos a la ignorancia o en muchos casos al afán por utilizar los recursos públicos y la nómina oficial para satisfacer ambiciones personales o partidistas.Esa ha sido la experiencia de Cali y del Valle en las últimas épocas, que lleva a la inmensa mayoría de los vallecaucanos a rechazar tal posibilidad. A ello ha aportado la forma en que concejos municipales y asambleas departamentales han transado el control político sobre alcaldías y gobernaciones que les entregó la Constitución, para satisfacer intereses clientelistas. Son vicios arraigados, justificados en la supuesta necesidad de construir una ‘gobernabilidad’, nada distinto al reparto de cargos, presupuestos y contratos.Tan clara realidad es la que ha llevado a los congresistas a rechazar la reelección de alcaldes y gobernadores. Ellos saben que en las regiones y localidades se maneja una gran cantidad de recursos que ponen en peligro su poder político en caso de que permitan la permanencia de los gobernantes. Con lo cual se demuestra que el peor enemigo de la iniciativa está precisamente en la politización de la administración pública en la provincia colombiana.