La ley es para todos

... es preocupante escuchar que el señor Petro, tras acusar de Golpe de Estado al Procurador, llame a una movilización permanente para mantenerse en su cargo. Eso es desconocer su juramento y tratar de convertir su causa personal en una bandera con la cual se pretende pasar por encima de los mandatos establecidos por la Constitución y las leyes.

Luego de analizar el recurso de reposición contra la decisión de destituir de su cargo de alcalde de Bogotá al exsenador Gustavo Petro, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación decidió confirmarla en todas sus partes. Se agota así la vía administrativa que establece la ley, faltando sólo el decreto del Presidente de la República que ejecuta el fallo del Ministerio Público.Y queda por aplicarse la vía jurídica ante el Consejo de Estado, en caso de que el señor Petro resuelva hacer uso de ella. En ese caso, serán los jueces quienes analizarán y conceptuarán sobre la legalidad del proceso que la Procuraduría llevó a cabo por violaciones al código disciplinario único que, entre otras cosas, fue aprobado por el hoy destituido funcionario cuando se desempeñaba como Senador de la República.Así es la ley colombiana en materia de procesos disciplinarios que deben realizarse cuando el Ministerio Público encuentra pruebas sobre actuaciones que perjudican el interés general y causan detrimentos en los servicios públicos o en el patrimonio común. Es la aplicación de una norma que no hace diferencias entre un alcalde nombrado y uno elegido, y que crea la vigilancia a los actos administrativos, sin discriminación alguna.Es pues la obligación de salvaguardar los intereses comunes y los principios de la buena administración de los asuntos públicos, sin importar el número de votos y pensando sólo en la defensa de la Constitución. Con ella se ha vigilado a miles de alcaldes, incluidos los de la Capital de la República, y en aplicación de la cual han sido destituidos e inhabilitados centenares de ellos, al comprobar la Procuraduría que incurrieron en las faltas allí establecidas. Eso es lo que la Sala Disciplinaria le acaba de aplicar al señor Petro, sin que esté impedida por razón alguna, como éste quiere dar a entender para tratar de evitar que la ley se le aplique a él. Lo que sigue es esperar que el destituido burgomaestre acate el ordenamiento jurídico que juró cumplir y hacer cumplir cuando tomó posesión de su cargo. Por eso es preocupante escuchar que el señor Petro, tras acusar de Golpe de Estado al Procurador, llame a una movilización permanente para mantenerse en su cargo. Eso es desconocer su juramento y tratar de convertir su causa personal en una bandera con la cual se pretende pasar por encima de los mandatos establecidos por la Constitución y las leyes.Queda por conocerse el decreto presidencial que aplica la decisión de la Procuraduría, encarga a un alcalde provisional y cita a elecciones. Y aunque el señor Petro y sus aliados pretenden dar a entender que será la Corte Interamericana de los Derechos Humanos quien diga la última palabra, eso no es cierto. Esa Corte deberá reconocer que aquí se ha aplicado el procedimiento establecido para sancionar a un alcalde por fallas en su gestión, otorgándole las garantías del caso. Y deberá constar que fue encontrado responsable de hechos que le hicieron acreedor de sanciones por la mala administración de los asuntos públicos a su cargo.