La hora de la Justicia

La propuesta del Gobierno pretende consolidar la independencia de la Justicia...

La visita del presidente Juan Manuel Santos a las Altas Cortes del país fue acompañada de la divulgación del proyecto de reforma a la Justicia que el Gobierno presentará ante el Congreso de la República. Es de esperar que, además de resolver los conflictos que han entorpecido la labor de las Cortes y dificultan la colaboración armónica entre los poderes públicos, la reforma sirva para rescatar el servicio público más importante en un Estado de Derecho como el que existe en Colombia.A grandes rasgos, la propuesta del Gobierno pretende consolidar la independencia de la Justicia, quitándole atribuciones que no parecen ser del resorte de los jueces como es la participación en procesos como la elección del Contralor General de la Nación o el perfeccionamiento del mecanismo para elegir magistrados. Aunque no hace mención alguna de la designación del Fiscal General, y ni siquiera le fija límites en el tiempo a la obligación de la Corte Suprema de tomar una decisión e impedir que se repita la interinidad que soporta el cargo más importante en la lucha contra el crimen.También se precisan asuntos como la doble instancia para los procesos contra los congresistas. La propuesta incluye reformas a la tutela que pretenden acabar con los choques de trenes producidos por la revisión de sentencias, a la vez que propone darle categoría a la jurisprudencia, evitando así la anarquía que produce el que cualquier juez pueda desconocer el criterio de los Altos Tribunales. E incluye la obligación de respetar los principios de seguridad jurídica y responsabilidad fiscal en los fallos.Otro acápite importante es la reorganización de la administración del órgano judicial y la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura como tribunal con funciones jurisdiccionales o con capacidad de investigar y sancionar a jueces y abogados. Una buena decisión que impide la interferencia de la política partidista y la intervención nociva de sus magistrados en asuntos que atañen a la Justicia ordinaria. Además, con la creación de un Consejo Superior Judicial el gobierno pretende darle más transparencia a la gestión administrativa de la Justicia.Esos son algunos de los puntos incluidos en la propuesta del Gobierno. Una mirada rápida muestra que con ellos se pretende resolver los conflictos que dificultan la armonía entre los poderes públicos, incluso entre los tribunales que dictan justicia en Colombia. La pregunta es si esa reforma servirá para contener las intenciones políticas que han hecho públicas los últimos presidentes de la Corte Suprema, una de las razones del choque de poderes que el país debió presenciar en los años pasados. Y la gran inquietud es si esa propuesta servirá para llevar justicia pronta y cumplida para el ciudadano del común. El caso de Cali es por lo menos patético: hace tres años una bomba terrorista destruyó el Palacio de Justicia, por lo cual jueces y fiscales despachan en sitios absurdos. Y no hay los suficientes jueces ni los suficientes fiscales para atender los miles de casos que se producen a diario, debiendo dejar libres a criminales capturados en flagrancia. ¿Acaso la reforma resolverá esta crisis?