La decisión de La Haya

Cómo podrán la Marina y la Aviación colombianas ejercer la soberanía en esa porción de territorio, y cómo se hará para resarcir el perjuicio que sentirán los pescadores de San Andrés y Providencia, son algunas de las grandes preguntas que deja el fallo emitido ayer en La Haya.

Pasando por encima de la tradicional aplicación sobre el paralelo 82 como límite entre Colombia y Nicaragua, la Corte Internacional de La Haya expidió su fallo, en el cual fija los límites marítimos entre ambas naciones. Con ello resolvió el largo litigio, aunque en nuestro país queden sensaciones encontradas sobre la decisión. En primer lugar, el Alto Tribunal reconoció la propiedad plena de Colombia sobre los cayos de Serrana, Serranilla, Roncador, Quitasueño, Albuquerque, Bajo Nuevo, Este y Sudeste, cerrando así la discusión despertada por los reclamos de Nicaragua. Pero, a su vez, corrió los límites que durante casi un siglo se consideraron fijados por el Tratado Esguerra Bárcenas. Lo que quiere decir que nuestro país perdió el 40% del territorio marítimo al norte y al sur del archipiélago, reduciéndose en una tercera parte lo que por décadas ha sido explotado por los habitantes de San Andrés y vigilado por la Fuerza Pública de nuestro país. Una de las consecuencias de la decisión es que los pescadores del archipiélago verán afectada su capacidad de acción en aguas que antes explotaban como territorio colombiano y eran fuente principal de su ingreso y forma de vida. Además se presenta una inquietud creciente sobre la posibilidad de que crezca un corredor de tráfico de drogas, debido a las limitaciones de Nicaragua para cubrir la zona marítima que ahora cae bajo su jurisdicción soberana, toda vez que el Tribunal le reconoció 531 kilómetros, dejando 61 a nuestro país. En una figura que si bien es común no deja de producir sorpresa, aisló a los cayos de Roncador y Serrana, dejándolos como enclaves en medio del mar territorial de Nicaragua. Cómo podrán la Marina y la Aviación colombianas ejercer la soberanía en esa porción de territorio, y cómo se hará para resarcir el perjuicio que sentirán los pescadores de San Andrés y Providencia, son algunas de las grandes preguntas que deja el fallo emitido ayer en La Haya. Como sorprende que se haya recortado el límite en el sur, corriendo la línea paralela en un ejercicio que parece basarse sólo en la necesidad de los jueces de ser equitativos sin tener en cuenta las consecuencias. Como es de esperarse en un tema tan sensible, la decisión produjo reacciones de todo tipo en nuestra nación. A nadie puede satisfacer que Colombia pierda el uso y disfrute de más de 500 kilómetros de aguas que venía realizando desde 1928 cuando se firmó el último tratado con Nicaragua. Pero también es cierto que desde que empezó la reclamación de ese país ante el Tribunal Internacional, los aparentes derechos de nuestro país entraban en discusión y podían ser objeto de las interpretaciones que se conocieron ayer. En adelante, lo que queda es analizar a profundidad el fallo. Y presentar las reclamaciones o pedir las aclaraciones que sean posibles. Pero, ante todo, Colombia tiene la obligación de ser respetuosa con las decisiones y los tratados que ha firmado. De eso se trata ser parte de la Comunidad Internacional y reconocer el Derecho y la Jurisprudencia como fuente de obligaciones.