La campaña de Quintero

Luego de la suspensión provisional que la Procuraduría le aplicó alcalde de Medellín por intervención en política, lo que el funcionario ha hecho y sigue promoviendo es el desconocimiento del Estado de Derecho en Colombia. Y está invocando un supuesto Golpe que lo cometen tanto la procuradora Margarita Cabello como el presidente Iván Duque, en medio de una campaña que elegirá al próximo primer mandatario de los colombianos.

El hecho no podía ser más preocupante. Si bien el señor Daniel Quintero tiene derecho a defenderse de las acusaciones que llevaron a separarlo de su cargo, no es menos cierto que está obligado a defender y acatar las instituciones que él juró respetar y defender cuando tomó posesión de su cargo, lo que implica en primer lugar no interferir en la administración de Medellín, algo que no parece cumplir con sus órdenes a los funcionarios municipales para que saboteen al alcalde encargado, así como bloqueos que pretenden mostrar un apoyo popular a su nombre.

Y hay otro aspecto que involucra a todo el país en la medida en que el candidato de las preferencias del suspendido alcalde ha salido a respaldarlo en sus proclamas sobre un golpe de Estado en desarrollo. En medio de una de las campañas más álgidas de los últimos tiempos en Colombia, que uno de los aspirantes a la presidencia haga partícipe de esa acusación significa también un desafío con el cual se da a entender que Colombia está a merced de una dictadura empeñada en atajar su llegada a la primera magistratura del Estado.

No es pues de poca monta lo que está sucediendo. Además de rebasar el ámbito municipal, las acusaciones de Quintero y sus actuaciones para paralizar la alcaldía de Medellín son un desafío inaceptable. Que se defienda y demuestre su inocencia es algo que no está en duda, como lo demuestran los recursos que el abogado puesto por el candidato Petro presentó ante la Procuraduría, así como la tutela ante el Consejo de Estado, solicitando la suspensión de la medida disciplinaria.

Lo que es inaceptable es que Quintero y sus seguidores recurran a las vías de hecho y a la deslegitimación del Estado que al parecer le sugieren sus asesores internacionales para reclamar sus pretensiones. Y que esa forma de actuar, así como las acusaciones de Golpe se conviertan en bandera partidista, tratando de influir en las elecciones del 29 de mayo próximo.

Colombia tiene una democracia que merece respeto, aquí no puede haber nadie que esté por encima de la ley y ésta debe ser acatada por quienes juraron defenderla, así como se deben aplicar los procesos disciplinarios que resulten de actuaciones de cualquier funcionario público. Esa es la esencia de un Estado que permite la convivencia pacífica, lo que no puede ser desconocido así la llegada a un cargo como la alcaldía de Medellín sea producto de una elección popular.

Ya la Justicia tendrá la oportunidad para manifestarse sobre la suspensión del alcalde Quintero. Entre tanto, sus proclamas en las que acusa de delitos graves al Presidente y a la Procuradora son claros e inaceptables intentos por afectar el proceso electoral en curso.