La burla

"...pese a las constantes denuncias y a las declaraciones de muchas autoridades del orden municipal, departamental y nacional, Zaragoza sigue padeciendo la más descarada depredación a manos de la minería ilegal".

Las imágenes publicadas en nuestra edición del pasado domingo y en elpais.com.co hablan por sí solas: pese a las constantes denuncias y a las declaraciones de muchas autoridades del orden municipal, departamental y nacional, Zaragoza sigue padeciendo la más descarada depredación a manos de la minería ilegal. Y amenaza con destruir cada vez más el equilibrio ambiental de una zona supuestamente declarada como reserva ecológica de la Nación.Al observar esas imágenes, la gente se pregunta con razón si acaso el Estado colombiano ya renunció a su deber de impedir la destrucción que cualquier persona puede ver cuando viaja hacia Buenaventura. Son decenas de cambuches que ahora se tapan con deasafiantes avisos en los cuales se prohíbe el paso por ser “propiedad privada”. Allí están las dragas que siguen horadando el río, sin importar el daño que causan, y se puede ver cómo la vía férrea es usada también de manera ilegal y arriesgando a producir una tragedia, para transportar el combustible que alimenta las retroexcavadoras.Pero ya el fenómeno no sólo amenaza al río: debajo de la polémica vía que comunica al primer puerto de Colombia con el interior del país y que nunca ha podido terminarse, un enjambre de topos humanos abre inmunerables túneles en busca del oro. Para ellos no importa el daño que causan si no y sólo el afán de encontrar el metal. Total, para qué se preocupan si ninguna autoridad parece interesada en imponer allí la ley o hacer respetar el patrimonio público que se destruye a la vista de todo el mudo. Es el efecto que se produce cuando el Estado se resiste a imponer la autoridad y se pasa la pelota de la responsabilidad, sin tomar las medidas que demanda una situación que desafía incluso el sentido común. Ni autoridades municipales como la Alcaldía de Buenaventura; ni autoridades creadas para proteger el patrimonio ecológico como la CVC o el Ministerio del Medio Ambiente, ni siquiera el Ministerio del Interior que debe imponer el orden o el de Transporte que sufre en carne propia la amenaza contra una vía vital para la economía colombiana en la cual está invirtiendo más de $700.000 millones. Nada de eso parece ser útil para detener el abuso descarado que ocurre en Zaragoza. Son ya casi cuatro años durante los cuales se ha denunciado la depredación que se comete en la otrora pacífica y tranquila zona del Pacífico colombiano. Ahora, la labor de destrucción avanza de manera silenciosa y se trepa por una cordillera cuyos suelos inestables ocasionan frecuentes tragedias con saldos luctuosos. Todo ello lo hace posible una combinación fatal, la confluencia de la ambición por el enriquecimiento súbito y la impotencia o mejor la indiferencia del Estado frente a hechos que en cualquier parte del planeta son considerados como un desafío a la autoridad. Por eso, el desacato al fallo del Juez Segundo Administrativo de Buenaventura que hace 18 meses ordenó suspender la minería ilegal en Zaragoza y el río Dagua se ha convertido en el monumento a la burla y el desafío al Estado de Derecho.