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Invasiones en Urabá

"...miembros de los partidos que pertenecen a la Unión Nacional que respalda al presidente Juan Manuel Santos pueden estar adelantándose a las decisiones que se toman en el Congreso, para realizar sus campañas políticas. Es el más clásico e inaceptable ejercicio del clientelismo que se presenta como intermediario entre el Estado y las necesidades de los ciudadanos, para lograr su voto...".

12 de mayo de 2011 Por:

"...miembros de los partidos que pertenecen a la Unión Nacional que respalda al presidente Juan Manuel Santos pueden estar adelantándose a las decisiones que se toman en el Congreso, para realizar sus campañas políticas. Es el más clásico e inaceptable ejercicio del clientelismo que se presenta como intermediario entre el Estado y las necesidades de los ciudadanos, para lograr su voto...".

De pronto, algunos de los municipios que conforman la zona de Urabá empiezan a presentar invasiones por vivienda que deben ser reprimidas por las autoridades, desatándose un conflicto de proporciones. Y si bien funcionarios como el Ministro de Agricultura o como el Vicepresidente de la República afirman que se debe a intereses electorales promovidos por miembros de las agrupaciones políticas, más vale estar alerta para no ser sorprendidos por quienes pescan en el río revuelto de las necesidades básicas insatisfechas y los ofrecimientos del Gobierno, para generar conflictos que desconocen el Estado de Derecho. Durante el fin de semana pasado, cerca de 7.000 personas invadieron 14 predios ubicados en los cascos urbanos de Turbo, Chigorodó y Carepa, en el Urabá antioqueño. Según los altos voceros del Gobierno, lo que se presentó allí fue incentivado por miembros de partidos como la U, el Polo Democrático Alternativo, Cambio Radical y el Conservador. Y de acuerdo con el vicepresidente, Angelino Garzón, se trata de una coalición para conseguir votos promoviendo las tomas. Pero a nadie puede escapársele que en este momento se está discutiendo en el Congreso las iniciativas presentadas por el Gobierno sobre la ley de víctimas y la de tierras, donde se muestra la disposición del Estado a reparar el daño causado por la violencia y a asumir obligaciones de carácter económico. Lejos está el pensar que tales propuestas demuestran una debilidad, y por el contrario, ellas ratifican la fortaleza de las instituciones democráticas que deciden enfrentar como corresponde la deuda social que ha acumulado Colombia. Allí puede estar una de las explicaciones sobre la manera en que miembros de los partidos que pertenecen a la Unión Nacional que respalda al presidente Juan Manuel Santos pueden estar adelantándose a las decisiones que se toman en el Congreso, para realizar sus campañas políticas. Es el más clásico e inaceptable ejercicio del clientelismo que se presenta como intermediario entre el Estado y las necesidades de los ciudadanos, para lograr su voto. Lo cual demanda un pronunciamiento inmediato y enérgico que cancele esas movilizaciones y ponga orden. Sin embargo, tampoco puede descartarse que grupos como las Farc o los restos del paramilitarismo pretendan usar las necesidades de la gente para generar hechos como los producidos en el Urabá. En ese caso, se trataría de un resurgimiento de las antiguas tácticas guerrilleras, de crear focos de conflicto a través de milicias que actúan para generar el caos. Y allí, las autoridades deben actuar con la energía suficiente para impedir que tengan éxito tan peligrosas intenciones. Sea cual fuere su causa, las invasiones que se están presentando deben recibir la atención que va más allá del desalojo inmediato de quienes están violando derechos reconocidos por la Ley. Y por su gravedad, no pueden ser minimizadas o despreciadas, así se produzcan en pequeña escala y en sectores urbanos. Es lo que se requiere para evitar que Colombia repita historias dolorosas que ya creía superadas.

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