El paro rechazado

Así como en muchos sectores se respaldó la protesta social por los justos reclamos del Chocó y de Buenaventura que terminaron hace poco, existe aún una huelga que causa daño y produce el rechazo casi unánime de la Nación. Es el movimiento de los maestros afiliados a Fecode que lleva 29 días paralizando la educación pública, perjudicando a ocho millones de niños y poniendo en riesgo el año escolar.

La huelga tiene varias reivindicaciones que deben ser escuchadas como lo ha hecho el Gobierno Nacional. Sin embargo, lo que está ocurriendo es un pulso por reajustes salariales, compensaciones y nivelaciones que según parece han sido incumplidas de tiempo atrás. Es decir, el signo pesos es la causa de una presión indebida, la parálisis indefinida de la educación que debe suministrar el Estado a los colombianos.

En el fondo del infortunado movimiento está también la ambición del sindicato por mostrar una fuerza poderosa, la de hacer imposible la educación a millones de niños colombianos hasta tanto no sean atendidas sus exigencias. Eso lleva a sus directivos a actuar en forma arrogante frente a los llamados de la señora Ministra de Educación para mantener una negociación que esté de acuerdo con las disponibilidades presupuestales de la Nación y se adecúe a los difíciles momentos que atraviesa la economía colombiana.

También los lleva a ignorar de manera olímpica las invocaciones a la comprensión que hacen los padres de familia e incluso muchos profesores y maestros, quienes están en desacuerdo con esa parálisis. No es extraño entonces que la ciudadanía rechace en forma rotunda el chantaje de mantener una huelga que le hace daño a Colombia porque afecta un servicio público vital, y que ese rechazo termine estigmatizando a los educadores que se han plegado a él y realizan tomas y marchas en las principales ciudades del país.

Por supuesto, la educación y dentro de ella el tratamiento a los educadores en todos los niveles es un asunto que debe ser revisados, tratando de llegar a una justa atención a sus demandas. Así mismo, es mala práctica hacer promesas que no pueden cumplirse o compromisos de nivelaciones y remuneraciones que no se pueden cumplir ante la estrechez de las finanzas públicas, o permitir que en muchos lugares del país la infraestructura de la educación pública esté en malas condiciones.

Pero la presión con la cual se niega el acceso a la educación es inaceptable, más aún cuando se mantiene en el tiempo como si fuera prerrogativa del sindicato decidir cuándo se enseña. Eso es pisotear un derecho fundamental, además de la negación del compromiso adquirido por los educadores con los colombianos, muchos de ellos de escasos recursos y que necesitan el apoyo del Estado para educar a sus hijos.

Por todas esas razones, el paro de los maestros y profesores es rechazado, y los educadores pierden la confianza de los colombianos. Así como el Gobierno ha reconocido sus limitaciones para atender las peticiones que le han presentado, ya es hora de volver a negociar y ponerle fin a un acto de fuerza que causa enormes perjuicios a la Nación.