El engendro

Ahora, los colombianos están indignados por la manera en que la oportunidad para cambiar la Justicia fue aprovechada para acabar con las inhabilidades de los congresistas. O para incluir prebendas y excepciones que en la práctica paralizan cuando no destruyen los esfuerzos que se realizan para acabar la corrupción.

A unos días de perfeccionarse el engendro en que culminó la propuesta de reformar la Justicia para que cumpla su misión civilizadora en nuestra convulsionada Colombia, la Nación aún no se repone del estupor que le produjo el resultado de ocho debates y doce meses en el Congreso de la República.Difícil creer que una Comisión de conciliación compuesta por doce personas termina cambiando el contenido de una iniciativa en la que estaba puesto todo el interés de sus 256 colegas del Senado y la Cámara de Representantes. Y de los 44 millones de ciudadanos que reclaman una justicia cumplida, rápida y oportuna, requisito indispensable para lograr la paz y la convivencia. Pues así ocurrió. En sesiones oscuras, los doce delegados incluyeron un monstruoso atentado que destruye de un tajo las previsiones que el país ha venido construyendo para impedir que el ejercicio de la representación popular, esencia de la democracia, sea permeada por toda suerte de asociaciones criminales o de intereses particulares. Así, la de por sí cuestionada reforma presentada por el Gobierno en el 2011 pasó a un segundo plano. Ahora, los colombianos están indignados por la manera en que la oportunidad para cambiar la Justicia fue aprovechada para acabar con las inhabilidades de los congresistas. O para incluir prebendas y excepciones que en la práctica paralizan cuando no destruyen los esfuerzos que se realizan para acabar la corrupción. La situación obligó al Presidente de la República a pronunciarse contra lo aprobado en el Congreso, anunciando que no promulgará la malhadada reforma. Posición comprensible, que sin embargo no alcanza a despejar las dudas que quedan alrededor de la legalidad en Colombia. Ni explica las actuaciones apaciguadoras y a veces justificadoras de su Ministro de Justicia, a quien no le quedó camino diferente que presentar su carta de renuncia irrevocable. Es inaceptable que una iniciativa calificada por el Gobierno como una de sus banderas, haya sido presa fácil de quienes se empeñaron en crear un manto de impunidad para el ejercicio de la política. Y no es fácil aceptar que sólo los 12 miembros de la Comisión conciliadora sean responsables del exabrupto. Ahora, la opinión pública reclama explicaciones sobre la posición de los grupos y partidos políticos pertenecientes a la Unidad Nacional que permitieron semejante desconocimiento de la Constitución y la decencia. También es necesario dilucidar por qué los presidentes del Senado y la Cámara, no impidieron tal despropósito. ¿Cuál es la posición de los dirigentes de los partidos? ¿Por qué no actuaron para proteger el interés nacional?Hoy, Colombia está indignada ante las bochornosas e ilegales maniobras que frustraron el deseo de tener una Justicia seria. Pero la legalidad está en vilo y la impunidad en la política adquiere carta de ciudadanía porque en el Congreso se desbarató el esfuerzo por devolverle la ética y la moral a la política nacional. Ojalá, la actuación del Gobierno y la sabiduría de la Corte Constitucional interpreten el rechazo de los colombianos y sean suficientes para liquidar el engendro que nació de la reforma a la Justicia.