El drama llegó a Bogotá

"Son basuras regadas por doquier y miles de bogotanos que reclaman con justicia que se respete su derecho a vivir en una ciudad en la cual se cumplen estándares mínimos de aseo y a tener un medio ambiente libre de la amenaza que significa la absurda inundación de desperdicios que se ve en todos los puntos cardinales de la urbe".

Acusando de sabotaje a desconocidos y proclamando el triunfo de su iniciativa mediante la cual desconoció de manera flagrante las leyes sobre servicios públicos que ordenan la libre competencia en la recolección de basuras, el Alcalde de Bogotá acaba de sumir a su ciudad en el caos del desaseo, exasperando a los ocho millones de habitantes de la capital. Es el ejemplo de la fragilidad institucional para obligar a los mandatarios locales y regionales a administrar y gobernar mirando el servicio público antes que las ambiciones de figuración política que han desvirtuado la democracia, sacrificándola en aras de aspiraciones políticas. Hoy, Bogotá padece lo que parecía inimaginable: luego de miles de advertencias y algunas admoniciones de los órganos de control, el alcalde Gustavo Petro inició su particular interpretación de las normas sobre recolección de basuras, en medio del fracaso y la improvisación. El resultado está en las calles y en el descontento que se expresa a lo largo y ancho de la capital. Son basuras regadas por doquier y miles de bogotanos que reclaman con justicia que se respete su derecho a vivir en una ciudad en la cual se cumplen estándares mínimos de aseo y a tener un medio ambiente libre de la amenaza que significa la absurda inundación de desperdicios que se ve en todos los puntos cardinales de la urbe. Y a la vez que eso ocurre, el alcalde Petro se jacta de haber logrado un triunfo mientras a la sombra pretende negociar de prisa la prórroga ilegal de los contratos con algunos de los operadores que él mismo calificó de paramilitares en sus arengas. Fueron los momentos en que se tomó la Empresa de Acueductos y Alcantarillados de la ciudad que él dirige, en acto demagógico que calificó de intervención lo que resultó ser apenas una visita de la Superintendencia de Industria y Comercio.Pero son los ciudadanos los que pagan las consecuencias de un gobierno especialista en decisiones populistas que parecieran dirigidas más bien a paralizar el funcionamiento de la ciudad, antes que a lograr los beneficios que se esperan de una administración elegida precisamente para mejorar la calidad de vida. Nada de eso ha pasado, y, por el contrario, la que no hace mucho era ejemplo de Administración Pública, hoy es una ciudad confundida, regida por un gobierno sin norte cuyas intenciones poco tienen que ver con el logro del Bien Común. Así llegó a Bogotá el mal que han padecido la inmensa mayoría de los municipios colombianos, a causa de una democratización mal entendida. Es la elección de gobernadores y alcaldes que no tienen límites en su interpretación del poder y las obligaciones que adquieren al ganar unas justas electorales, sumada a la tímida actuación de los organismos de control y de los Gobiernos en defensa de normas y principios fundamentales para el correcto funcionamiento del Estado. Todo ello demanda una actitud de reflexión que permita rectificar el rumbo de las instituciones para ponerlas al servicio de los colombianos y no de quienes se apoderan de los gobiernos locales y regionales para beneficio de sus intereses políticos y personales.