El Derecho a la Vida

La lucha del Gobierno de Cali por recuperar la tranquilidad y acabar con los índices de homicidios es algo que debe destacarse. Pero no puede seguir siendo un esfuerzo solitario y acompañado sólo por comunicados de prensa, mientras la sociedad en su conjunto no reacciona ante lo que es una tragedia, la pérdida de vidas en hechos violentos.

El último fin de semana es la reiteración de un fenómeno que tiene sin duda muchos orígenes. Veintitrés homicidios en cuatro días no representan un bache en la batalla mediática en la cual se encuentran trenzados, de una parte los funcionarios encargados de la seguridad en Cali y de la otra los críticos de sus actuaciones, ya sea por diferencias de criterio o por razones políticas.

Esa cifra es la reiteración de algo que se ha calificado antes como la pérdida de sensibilidad de la sociedad caleña frente al valor de la vida humana en su ciudad. Si no estuviera ocurriendo tal fenómeno de indolencia, la horrible estadística de mil o más muertos por homicidio cada año debería desatar la protesta social y la exigencia permanente por el respeto a la vida y a la convivencia, y no el debate estéril de cuántas vidas se salvan, de si son o no responsables las autoridades o si faltan más soldados en las calles.

Es innegable que como lo dijo un funcionario de la Alcaldía, la violencia en Cali es de origen “multicasual”. Está el narcotráfico y sus múltiples manifestaciones que desencadenan frecuentes guerras y ajustes de cuentas entre sus explotadores. También aparece la intolerancia que fomentada por el consumo irresponsable de alcohol y drogas se convierte en amenaza social. Y luego viene la debilidad del Estado, en especial de la Fiscalía y la Justicia, acompañados del innegable déficit de policías, además de la tolerancia con conductas que se convierten en antisociales ante la facilidad para recurrir a la violencia y las limitaciones de las autoridades para imponer el orden y la confianza en la ley como árbitro de la sociedad.

Pero ante todo está la ausencia casi total de la reacción social contra el crimen que acaba con la vida en las calles y al lado de los ciudadanos. Es como si los caleños pensaran que el problema es del Gobierno y no los afectara, por supuesto, hasta que toca a alguno de sus allegados o a ellos mismos. Es la permisividad que respalda conductas que desconocen la ley creada para protegerlos y lleva a ocasionar acciones contra los guardas de tránsito, los policías y las demás autoridades que cumplen con su deber, pero no aparece para generar reacciones colectivas contra las organizaciones criminales o los delitos que destruyen la vida.

Veintitrés muertos en un fin de semana en Cali, o más de mil homicidios por año, es razón suficiente para que la ciudadanía salga a la calle a reclamar el respeto por la vida a que tiene cada ser humano. Y debería ser el propósito de todos los sectores de la ciudad, que, encabezado por sus autoridades, pueda despertar en los caleños la conciencia y el compromiso que se requiere para defender el derecho fundamental por excelencia de cualquier sociedad.
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