El culto a lo ilegal

"...produce alarma saber que Ingeominas cumple un triste papel, entregando licencias de explotación a quien lo solicite, sin medir las catastróficas consecuencias que está produciendo en los recursos naturales de Colombia y la calidad de vida de la Nación".

Saber que por lo menos la mitad de los municipios de Colombia son afectados por la minería ilegal, y que de ella viven numerosas familias de escasos recursos tanto como se nutren poderosas organizaciones delincuenciales como las Farc y numerosas bandas criminales, permite entender por qué desconocer la ley en nuestro país parece ser la norma y no la excepción. Por supuesto, el daño al ecosistema y la destrucción del medio ambiente son los primeros efectos de una actividad descontrolada. En muchos casos esa depredación es auspiciada por la ineptitud a veces deliberada de Ingeominas que entrega licencias sin consideración, o por los funcionarios que se hacen los de la vista gorda cuando los explotadores aparecen con sus enormes maquinarias a destruir regiones enteras como ocurrió en el río Dagua en la vereda Zaragoza o en el Escalerete que surte el acueducto de Buenaventura. Detrás de esa actividad, analizada en un informe de la Defensoría del Pueblo, hay algo más grave aún: es la posibilidad de encontrar una actividad que produce grandes riquezas en el caso del oro, o sirve para mantener una dudosa calidad de vida extrayendo arena de manera artesanal de los lechos de los ríos. Al final, esta labor sirve de mampara para justificar la explotación ilícita como la manera de ayudar a los pobres a conseguir su sustento, mientras las Farc o las Bacrim o las empresas organizadas para el efecto, explotan a destajo a la gente necesitada de trabajo. Y mientras eso ocurre, el Estado se declara casi incapaz de enfrentar una situación que ya desbordó las características de un fenómeno aislado, transformándose en una amenaza real contra el medio ambiente del Chocó, Antioquia, Córdoba o el Valle. Amenaza que se traduce de inmediato en la contaminación de las fuentes hídricas de las cuales se alimentan ciudades como Cali o Medellín. También produce alarma saber que Ingeominas cumple un triste papel, entregando licencias de explotación a quien lo solicite, sin medir las catastróficas consecuencias que está produciendo en los recursos naturales de Colombia y la calidad de vida de la Nación.También llama la atención que la facultad de vigilar y controlar las explotaciones mineras se entreguen a los alcaldes sin apoyarlos con los recursos para cumplir esa misión. Sabiendo cómo funcionan las cosas, es fácil encontrar los huecos que se usan para defender las explotaciones ilegales, respaldadas en muchos casos por alcaldes y concejales a lo largo y ancho de la geografía nacional.Así se crea el ambiente ideal para imponer la ilegalidad en Colombia. Y seguirá creciendo en tanto el Estado no tome decisiones para impedir el desastre ecológico y el desangre económico que significan actividades como la minería que se practica al margen de la ley o con el visto bueno y la indiferencia de muchos funcionarios. Es el precio que tendrá que seguir pagando nuestro país mientras no acepte que la ley es la herramienta para preservar la calidad de vida de los ciudadanos. Y que las autoridades deben hacerla respetar para detener la destrucción de su medio ambiente.