El consenso es necesario

Luego de muchas especulaciones y movimientos entre los partidos políticos, el proyecto de ley que reglamenta la Justicia Especial de Paz, JEP, tomó un nuevo impulso. Que debe mantenerse y puede ser mejorado si se permite que la participación de todos los partidos y los aportes del Fiscal General de la Nación tengan cabida.

Es, en otros términos, la necesidad de construir un consenso lo más amplio posible sobre un asunto en el cual reposa toda la propuesta para alcanzar la paz que reclama Colombia. Se sabe que las negociaciones con las Farc y el posterior acuerdo crearon una polarización que se aumentó cuando todo ello fue utilizado como bandera electoral y partidista.

Así se impidió que las fuerzas políticas crearan un espacio para el debate amplio y generoso sobre un tema trascendental para la Nación, la posibilidad de terminar con la violencia de más de sesenta años protagonizada por el que a su vez es el grupo guerrillero más antiguo del Planeta. Y se produjo el aislamiento de la gran mayoría de colombianos, quienes por razones suficientemente conocidas se desentendieron del proceso.

La demostración de ese aislamiento estuvo en el plebiscito sobre el acuerdo de La Habana de hace un año, donde solamente votó el 37,4 % del censo electoral y el No ganó por un margen del 0,44 %, lo cual obligó a una renegociación que se tradujo en el nuevo acuerdo del Teatro Colón. A partir de entonces el Gobierno y la coalición que lo acompaña han ido desarrollando los mecanismos para convertirlo en realidad, mientras las Farc dejan sus armas, reúnen sus integrantes y anuncian el nacimiento de su nuevo partido.

Quedan muchas cosas por realizar y un largo camino que recorrer para lograr el respaldo y superar la desconfianza que muchos sectores expresan sobre todo el proceso. Lo más preocupante ahora son los desarrollos de la Jurisdicción Especial que deberá juzgar a los autores de la violencia. Hay un debate en el cual las posiciones son cada vez más extremas y así se logre aprobar las normas necesarias para que la JEP actúe, o nombrar a sus integrantes, quedará un vacío notorio en el respaldo político que debe tener para que cumpla su objetivo como instrumento para sanar las heridas y empezar la reconciliación.

Por supuesto, hay que respetar las diferentes posiciones de quienes actúan en la política como voceros de los partidos y representantes de la voluntad popular que los eligió. Pero ante todo, hay que tener la grandeza para definir lo que debe ser mejor para nuestra Nación, por encima de los cálculos políticos de las próximas elecciones y las rencillas partidistas.

Con todas sus imperfecciones, la negociación con las Farc ha significado el desmantelamiento de la organización armada e ilegal más grande de Colombia. Ahora es necesario crear los instrumentos para que sus integrantes retornen a la vida civil, sin que se omita su obligación de responder por los crímenes que cometieron. Esa oportunidad la ofrece la JEP y por eso debe ser perfeccionada al máximo con la participación de todos los sectores políticos.

Para ello es necesario el consenso que le dé legitimidad. ¿Por qué no atreverse?