Debate crucial

Debate crucial

Mayo 07, 2017 - 07:00 a.m. Por: Editorial .

Con base en el acuerdo con las Farc para poner fin al conflicto, el Gobierno Nacional presentó a consideración del Congreso el proyecto dirigido a establecer el “ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales”.

Siendo uno de los aspectos centrales del acuerdo, la propuesta también debe considerarse como otra norma que afectará uno de los asuntos que siempre se ha definido como eje de los problemas que afectan al campo colombiano y la explotación agrícola, en especial, en las zonas distantes de los centros de poder del país. Es la ya eterna discusión sobre la propiedad privada como obstáculo o motor de desarrollo y la precaria actuación del Estado en la protección que debe ofrecer a los campesinos y agricultores para que la explotación de la tierra produzca los beneficios económicos y sociales que se esperan.

Esa discusión ha sido plasmada en innumerables leyes y reglamentos, dando origen a instituciones y entidades también abundantes, la mayoría de las cuales han desaparecido. El resultado siempre ha sido reconocer en primer lugar la inviolabilidad del derecho a la propiedad y a la iniciativa privada, reconociendo su función social y la obligación del Estado de usar la Justicia y no la vía administrativa, además de pagar las indemnizaciones que sean necesarias en caso de que sea preciso aplicar la expropiación.

Según sus autores, ahora se busca fijar criterios precisados en el acuerdo con las Farc sobre la que denomina Reforma Rural Integral. Para ello se ha entregado un proyecto extenso, que ya ha despertado inquietudes, referidas en gran parte a la posibilidad de establecer atribuciones para entidades oficiales de declarar expropiaciones. Aunque se han realizado ajustes a la iniciativa antes de comenzar el debate en el Congreso que tratan de despejar los cuestionamientos, la situación sigue produciendo interrogantes.

El Ministro de Agricultura aclaró que el proyecto no pone en duda la propiedad privada y precisa mecanismos para aclarar la situación de los derechos de campesinos, así como de medianos y grandes agricultores. Es un intento por resolver lo que el acuerdo define como uno de los nudos de la crisis social y política de Colombia.

Así tiene que ser. Tantos años de discusiones, de contradicciones en las políticas agropecuarias y de haber puesto en segundo plano las soluciones que reclaman el campo y los campesinos colombianos, han ocasionado inestabilidad. Y ha hecho que la violencia y la pobreza se unan por décadas, como generadores de pobreza y desplazamiento, desaprovechando así la posibilidad de tener una sociedad más justa y de generar la riqueza que se requiere para ello.

Es tiempo pues para poner punto final a la ausencia de políticas claras sobre las zonas en las cuales el Estado ha sido incapaz de promover el desarrollo económico y la seguridad que se espera de un país democrático. Y de cerrar espacios que puedan poner en duda el derecho a la propiedad y a la iniciativa privada como fuentes del bienestar.

Aunque sea un debate breve puesto que se aplicará el mecanismo del fast track, esa es la misión que debe cumplir el Congreso.

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