¿Conflicto interno?

"...reconocer ese conflicto es necesario para diferenciar las víctimas de los hechos ocasionados por rebeldías que en otro tiempo tenían características políticas, o por fenómenos que, como el paramilitarismo, nacieron de la debilidad del Estado para defender los derechos de los ciudadanos...".

Por primera vez en décadas, un presidente de la República declara en forma clara que en Colombia existe un conflicto interno. Lo cual desencadenó el debate esperado a un asunto que está en la médula de las crisis humanitarias que nuestra Nación ha padecido durante décadas y en la dificultad para hallar soluciones que lleven a una paz duradera.La declaración la hizo el presidente Juan Manuel Santos, a raíz de un artículo incluido en la Ley de Víctimas que tramita el Congreso. Según los ponentes y gestores de la iniciativa, reconocer ese conflicto es necesario para diferenciar las víctimas de los hechos ocasionados por rebeldías que en otro tiempo tenían características políticas, o por fenómenos que, como el paramilitarismo, nacieron de la debilidad del Estado para defender los derechos de los ciudadanos. Con lo cual se le da un marco preciso a la ley, evitando que los hechos causados por la delincuencia común sean incluidos como generadores del tratamiento especial que contiene la norma en trámite.La declaración del presidente Santos produjo la reacción del ex presidente Álvaro Uribe, quien llamó a la alarma por cuanto ese reconocimiento podría generar consecuencias peligrosas para la lucha contra el terrorismo y contra los grupos armados que aún pretenden reconocimientos políticos a su reiterada y sistemática utilización de la violencia contra los colombianos. En otros términos, su llamado se refiere a la posibilidad de que agrupaciones como las Farc y el ELN aprovechen para que les sea reconocido un estatus de beligerancia con todas las consecuencias que ello genera.Para precisar el asunto hay que abordar el protocolo 2 de Ginebra que exige tres elementos para merecer ese reconocimiento, en caso que se declare un conflicto interno armado o guerra civil: que quienes lo soliciten demuestren dominio sobre un pedazo del territorio; que demuestren su respeto a los Derechos Humanos y el acatamiento del Derecho Internacional Humanitario; y que demuestren una estructura estable. Al revisar la situación de Colombia, es claro que ninguna de esas condiciones son llenadas por las Farc y el ELN. Y que si en algún momento estuvieron cerca, la Política de Seguridad Democrática despejó las dudas. Por eso, aquí existe un Estado capaz de ejercer la soberanía en todo el territorio nacional y, pese a la violencia que subsiste, Colombia está muy lejos de vivir una guerra civil donde se les reconoce estatus de beligerancia a las bandas armadas que todavía causan daño. En ese orden de ideas, parece acertado reconocer el conflicto, sin que ello implique beneficios para los grupos que aún insisten en llamarse guerrilleros y en negar el carácter terrorista de sus acciones, o sus atentados contra los Derechos Humanos y el DIH como el secuestro. Hoy, el mundo es consciente de la lucha de Colombia contra esos grupos y está muy lejos de darles cualquier reconocimiento. Pero nuestra Nación sí necesita reconocer sus realidades y actuar en consecuencia. Eso es lo que empieza a producir la declaración del presidente Santos, abriendo el camino para lograr la reconciliación y la paz que todos anhelamos.