Bonanza de candidatos

"...Pero sí es necesario pensar si esa abundancia de candidatos contribuye a consolidar buenas administraciones en las instituciones de gobierno más próximas al ciudadano. Y si el desorden en que han caído los partidos fomenta la desviación de las funciones de control que ejercen los concejos y las asambleas...".

Cerrada la primera etapa de las inscripciones en el proceso electoral, Colombia se prepara para renovar, mediante el voto de los ciudadanos, los dignatarios departamentales y municipales. Y si bien el creciente número de inscripciones parece indicar una democracia robusta, no alcanza a ocultar la preocupante decadencia de los partidos y una desinstitucionalización que aleja a los ciudadanos de su deber de elegir.Al culminar el plazo fijado por la ley, cerca de cien mil personas se inscribieron para aspirar a los cargos de representación popular que están en juego. Es decir, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de las juntas administradoras locales. Son cargos que tienen relación con la administración de impuestos, la prestación de servicios públicos, la construcción de obras de infraestructura, el mantenimiento de la seguridad y el correcto funcionamiento de entidades de carácter administrativo, así como el ejercicio de la labor de control político a los gobiernos.La consecuencia de la explosión de aspirantes está en ciudades como Cali, donde doce candidatos se disputarán la Alcaldía. En esas condiciones, la dispersión de propuestas será evidente, a la par con la invasión de publicidad y mensajes en todos los medios de comunicación. Por fortuna, las autoridades decidieron prohibir la invasión del espacio público que antes hacía casi insufrible el tránsito por muchas calles de la ciudad. Buena decisión que le ahorra recursos a los candidatos y favorece a los ciudadanos, al mantener sus espacios comunes libres de una publicidad que incomodaba. Por supuesto, la inscripción de candidatos autorizados por las directivas de los partidos encabeza el número de aspirantes. Son aquellos que recibieron avales de entidades reconocidas por el Consejo Nacional, así su actividad sólo aparezca en las temporadas electorales. Otros son productos de movimientos ciudadanos que recogen firmas para inscribir personas interesadas en dirigir los destinos de las instituciones públicas en la provincia colombiana.Es, pues, el ejercicio del derecho a ser elegido que consagra la Constitución Nacional, por lo cual no deben existir objeciones. Pero sí es necesario pensar si esa abundancia de candidatos contribuye a consolidar buenas administraciones en las instituciones de gobierno más próximas al ciudadano. Y si el desorden en que han caído los partidos fomenta la desviación de las funciones de control que ejercen los concejos y las asambleas. Lo ocurrido en la Duma del Valle con las vigencias futuras durante la gobernación de Juan Carlos Abadía es una buena demostración de ello. No obstante las glosas que se hacen a las elecciones en Colombia, el Estado parece insensible a los reclamos y a la necesidad de ordenar esos procesos para lograr una democracia más efectiva. Mientras los ciudadanos se preparan a ejercer su derecho a escoger de esa enorme cantidad de aspirantes, la Nación sigue esperando que se adopten decisiones para evitar el caos y las malas prácticas que sin duda imperan en la escogencia de los representantes de la voluntad popular en municipios y departamentos.