Herencias del 8000

Luego de más de dos décadas del Proceso 8000 muchas cosas han cambiado en la política pero desde entonces la estructura del poder, así como sus vicios, ha mantenido unas formas básicas. Se trata de una clase política que fundamenta su poder, más sobre los engranajes propios y la intermediación de intereses de terceros, que sobre la representación de la sociedad.

El escándalo del 8000 dejó en claro que Samper estaba metido hasta el fondo en una conspiración para ganar la presidencia gracias al dinero del cartel de Cali. Y no era una situación donde cabían opciones. Si no recibía el dinero no ganaba las elecciones. Así de simple.

Pero pese a toda la evidencia disponible el escándalo no fue suficiente para que Samper se viera obligado a renunciar. No bastó la grabación de una conversación entre un periodista y el capo Miguel Rodríguez Orejuela en que admitían el pago a Samper, ni la fotografía en la que abrazaba a la ‘Monita Retrechera’, ni las confesiones del tesorero y del gerente de su campaña. Tampoco que la presión de la prensa, y de muchos sectores de la sociedad, hubiera sido implacable. Periodistas, líderes de opinión, dirigentes gremiales, voceros de los partidos de oposición y hasta la cúpula de la iglesia repudiaron la legitimidad del gobierno.

En contraste a la presión de la sociedad, y sin importar verse arrastrada por el escándalo, la clase política cerró filas en torno a Samper. El grueso del Congreso respaldó al presidente para que pudiera terminar su mandato. Votaron a favor de él en el juicio que se adelantó en la Cámara de Representantes. Tenían buenos motivos para protegerlo. Samper era generoso con quienes lo ayudaban. Si un político quería participar del pastel burocrático y del presupuesto del Estado tenía que ser leal con el presidente.

Además, muchos políticos estaban en una situación aún más comprometida que Samper. Se habían convertido en mediadores de los intereses del cartel de Cali y de tantos otros narcotraficantes de la época. Gobernaban, legislaban y nombraban funcionarios considerando los intereses de unos patrocinadores que estaban en contra de la normatividad del Estado. Les debían más a ellos que a la sociedad que representaban ante el Estado.

Desde entonces esa ha sido la tónica. Los políticos se resisten a renunciar cuando la prensa los descubre en medio de las prácticas más inverosímiles e intolerables para una democracia. La sanción de la sociedad es irrelevante. Es como si la indignación de los colombianos no contará, como si no tuviera dientes. Sólo si un operador judicial falla en contra del político en cuestión puede decirse que la sanción social funciona. Pero aun así puede ser que las cosas que no vayan por el camino correcto.

En muchos casos no es estrictamente un fallo en derecho sino la oportunidad que encuentran los competidores de sacar a un rival del camino aprovechando las fichas que disponen en la rama judicial. Por eso la sanción judicial no funciona cuando el político involucrado cuenta con influencia sobre la burocracia judicial.

Eso sí, hay que admitir que algunas cosas cambiaron. Luego del 8000 vino la parapolítica. Ahora no sólo importaba el dinero de las drogas sino las armas. Hoy, las drogas y la violencia no parecieran ser tan definitivos. Son los contratos públicos lo que mueve el péndulo del poder. Menos crímenes y muertes pero mayores costos para el contribuyente.

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