Momento de actuar

Cali se ha convertido en un paraíso del hampa, sueño dorado de los criminales. La ciudad reúne todo lo que puede desear un malhechor. Como no hay presencia de autoridad pueden delinquir a sus anchas, la impunidad está casi garantizada porque la capacidad de investigar viene marchitándose. Y por si fuera poco, pueden convertir en dinero, reducir sin dificultad alguna, el producto de sus tropelías. Semana a semana los abaleados se cuentan por decenas, y las víctimas de instrumentos corto punzante por centenares. Nuestro querido Hospital Universitario del Valle se ha transformado en una patética instalación de guerra, quizá la más congestionada de cuantas hayan existido en el Hemisferio Occidental. Sus finanzas están naufragando de manera irremediable, en ríos de sangre y de impotencia. Ya no hay seguridad alguna en centros comerciales, restaurantes, ni vehículos. Ha desaparecido la posibilidad de sentirse a salvo, tener sosiego, aún dentro de las paredes del hogar.Si me lanzaran la pregunta a boca de jarro, sobre a quien considero responsable principal de esta situación, tendría que señalar a la Administración Municipal. El gobierno local ha asumido una actitud que no es aceptable en relación con la seguridad de los ciudadanos. A diferencia de Bogotá, Medellín, Manizales o Pereira, para citar sólo unos casos, Cali no le entrega a la Policía recursos adecuados para funcionar. Mucho diagnóstico, mucho discurso y en paralelo partidas declinantes. Nos quieren encarretar con el cuento de que la solución a la inseguridad entraña complejas y dilatadas estrategias sociales. Que pena, cuando hay un incendio los bomberos corren a apagarlo, no pueden dejarle esa tarea a las lluvias anunciadas para la próxima estación invernal. Pero lo imperdonable es que mientras los habitantes de esta ciudad son atracados y asesinados, las partidas que deberían garantizar su seguridad se orientan a propósitos no prioritarios. En lugar de financiar el aumento de la Fuerza Pública, sus instalaciones, sus equipos y la adquisición de cámaras de vigilancia, nos hemos metido en un programa de mil o mil doscientos nuevos empleados del municipio. Son los innecesarios, anodinos y politizados guardas cívicos, que este año costarán veinte mil millones de pesos. En Cali circulan hipótesis sobre la actitud del Alcalde con respecto a los guardas cívicos y la seguridad. Recojo sólo dos. Primera: antes de concluir su mandato constitucional, Ospina necesita construir una base burocrática propia para consolidar el proyecto político iniciado con la elección de su hermano. Segunda: el sistema de guardas le permite dar contentillo a ciertos sectores del Concejo que de otra forma entorpecerían su obra de gobierno. El costo en todo caso es la integridad física de miles de ciudadanos. Si el presupuesto de Cali se ha convertido en instrumento de intereses particulares, y no hay indicios de que con el cambio de gobierno la situación vaya a remitir, hemos arribado al momento de volver los ojos hacia mecanismos como la Consulta Popular. En ella los caleños deberíamos imponer un mandato por la seguridad y la vida. Para impulsarla tan sólo necesitamos firmas equivalentes al cinco por ciento del censo electoral. Ojo universidades, gremios, asociaciones cívicas, centros de estudios. Llegó el momento de actuar.