Luisa Ortega, la rebelde que desafía al chavismo

Luisa Ortega, la rebelde que desafía
al chavismo

Agosto 27, 2017 - 07:55 a.m. Por:
Agencia EFE / El País 
Luisa Ortega, exfiscal de Venezuela.

Luisa Ortega, exfiscal de Venezuela.

Foto: EFE

Luisa Ortega Díaz, la primera funcionaria que rompió las filas del monolítico chavismo, lo que le costó su salida de la Fiscalía General Venezuela (Ministerio Público) y de su país, no se amilana y sigue con su dedo acusador contra el gobierno del cual formó parte durante casi una década.

Ella, quien se le sublevó hace unos meses al presidente Nicolás Maduro, abrió la puerta a una ola de investigaciones contra su gobierno, con el estreno de los oficialistas al frente de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero también ha ido más allá y tiene preocupado a integrantes del gabinete presidencial con las revelaciones sobre corrupción que está haciendo en el exterior.

Ortega Díaz es la misma fiscal General que llevó los casos de responsabilidad penal en contra de centenares de opositores durante las protestas antigubernamentales de 2014, entre ellos el que condujo al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, a una condena de casi 14 años de prisión.

Por eso en algunos sectores de Venezuela la miran con desconfianza, la critican y acusan de ser permisiva con el régimen de Maduro y algunos no alcanzan a entender el porqué de su silencio durante tantos años.

La abogada de 59 años, con fuertes convicciones de izquierda identificada con el chavismo y casada con el diputado oficialista Germán Ferrer, con quien tuvo que huir de Venezuela, marcó un punto de inflexión con el Gobierno el pasado 31 de marzo y sorprendió al país con un pronunciamiento sin precedentes denunciando el riesgo de ruptura del orden constitucional con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las funciones de la Asamblea Nacional (Parlamento).

Ninguna de sus decisiones fueron cuestionadas por los oficialistas hasta ese día, cuando comenzó a rebelarse.

Esta mujer era vista como leal a la revolución y como una firme defensora de la Constitución que se promulgó en 1999.

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El politólogo Nícmer Evans, quien la conoce bien, en declaraciones al portal BBC Mundo, la definió “como una combinación de activista política y mujer de leyes”.

Pese a que ahora reniega de las políticas de Estado de Maduro, ella sigue firme con su ideología.

Sin marcha atrás, la entonces titular de la Fiscalía con el monopolio de la acción penal comenzó a abrir una larga lista de investigaciones en contra de funcionarios de los cuerpos de seguridad por la represión de las protestas opositoras.

Ortega también cuestionó la designación “irregular” de una treintena de magistrados que componen el Tribunal Supremo venezolano, y esos mismo jueces abrieron el procedimiento que terminó con su destitución, la congelación de sus cuentas, su inhabilitación para ejercer cargos públicos, y la prohibición de salida del país.

Abrió además varias investigaciones contra altos funcionarios del Ejecutivo y familiares por supuestos delitos de corrupción vinculados con la estatal petrolera venezolana PDVSA, y la brasileña Odebrecht, todos procedimientos iniciados después de su distanciamiento con el Gobierno, pese a que datan de mucho antes.

En los últimos cuatro meses Ortega Díaz ha recibido el mismo número de acusaciones de regreso, y procedimientos legales en su contra que incluyen “insania mental”, la inacción, y hasta una orden judicial para devolver un avión que mantenía en resguardo desde hace más de un año pero sobre el que las autoridades no había dicho nada hasta ahora.

Con la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, elegida en un proceso electoral con serias dudas de transparencia expresadas por la empresa de soporte técnico, y poderes casi ilimitados, el chavismo sacó del camino a la última figura del Estado en funciones que ha cuestionado las decisiones gubernamentales.

La abogada con una larga trayectoria dentro del Ministerio Público, antigua pupila y sucesora del segundo vicepresidente de la ANC que la destituyó, el oficialista Isaías Rodríguez, vio, al borde del llanto, el pasado 5 de agosto como un contingente de militares, que se tomaron las puertas de la Fiscalía, le impedían ingresar a la entidad.

Ortega, ante la posibilidad de ir a juicio acusada de delitos relacionados con la desestabilización de Estado y tras el pedido de arresto de su esposo que hizo el nuevo fiscal General, Tarek William Saab, a quien acusó de formar parte de una red que extorsionaba a sospechosos de corrupción, se vio obligada a salir a huir de su país.

La travesía de la exfiscal y su esposo para llegar a Colombia el pasado 18 de agosto la inició muy temprano. La madrugada de ese viernes se desplazó, con unas pocas maletas, por tierra a la península de Paraguaná, donde tomó una lancha que la llevó a la isla de Aruba, situada a 20 kilómetros de Venezuela. Desde allí abordó un vuelo privado que la trajo a Bogotá en horas de la tarde, donde recibió protección del Gobierno colombiano y un oferta de asilo.

Cuatro días después Ortega salió de Colombia rumbo a Brasil, donde en una reunión de fiscales prendió el ventilador y dijo que tenía “muchas” pruebas de corrupción, entre ellas del caso Odebrecht, contra los principales dirigentes chavistas y contra el presidente Nicolás Maduro, que entregará a otros países, entre ellos Estados Unidos, España y Colombia, para que las investiguen.

En Brasil también le fue ofrecido asilo, pero ella decidió volver el jueves a Colombia, donde permanece sin decidir si acepta o no el asilo.

Pero mientras toma una decisión, Luisa Ortega, a la que algunos
califican de valiente por atreverse a desafiar al Presidente venezolano, y otros de cómplice por haber callado todas las acciones de un gobierno que hoy es visto como una “dictadura” por el mundo, sigue señalando con su dedo acusador a dirigentes del chavismo, al tiempo que asegura que no descansará en su lucha por denunciar la violación de los derechos humanos en su país.

Trayectoria

Luisa Ortega Díaz es abogada de la Universidad de Carabobo. Tiene una especialización en derecho penal de la Universidad Santa María, y de derecho procesal en la Universidad Católica Andrés Bello, ambas de Caracas.

También se desempeñó como consultora jurídica del canal de televisión del Estado Venezolana de Televisión.

Después llegó a la Fiscalía General de Venezuela ( Ministerio Público), donde permaneció hasta el pasado 5 de agosto cuando fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente que la acusó de traición a la Patria.

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