Gobernador Carlos Caicedo se declaró inocente por el 'robo de Magdalena'

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía en audiencia realizada ante el magistrado Dagoberto Hernández, del Tribunal Superior de Bogotá.

El caso en cuestión se debe al denominado ‘robo del Magdalena’, en el que se investigan varias irregularidades en el manejo de recursos públicos con presunta responsabilidad, que incluye hasta gobernadores de administraciones pasadas en el departamento.

Durante la diligencia realizada, el gobernador Carlos Caicedo se declaró inocente de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público que le imputó la Fiscalía por varios hechos de corrupción.

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Según los hechos relatados por el fiscal Víctor Salcedo, El gobernador debía responder como responsable de las irregularidades en la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino, por valor de 10.000 millones de pesos.

Al parecer, en su rol como alcalde de Santa Marta entre 2012 y 2015, se encontraron irregularidades en la documentación del proyecto para hacerlos pasar como legales, sumado a que este tendría falencias técnicas y ampliaciones en la entrega final de cinco meses a tres años.

El representante del ente investigador también aseguró que este proyecto no estaba propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, sin apoyos técnicos necesarios y que, además, recibió varias adiciones que superaban los 5.000 millones de pesos, causando “un exceso en el presupuesto y en la contratación de la obra que estaba mal planificada desde el inicio”.

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Incluso, el fiscal Salcedo reveló en la diligencia que, el entonces alcalde, cambió el nombre del proyecto en los documentos legales, para evitar que se descubrieran las irregularidades y millonarias adiciones para cumplir con lo previsto.

Igualmente, el fiscal expresó que el imputado suscribió un contrato en 2015 por 6.000 millones de pesos para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil y ludotecas en Santa Marta, pero que las evidencias habrían presentado sobrecostos por más de 970 millones de pesos.