Colombia, sin salidas claras ante la 'epidemia' de la corrupción

Esta semana el país se estremeció con un nuevo escándalo de corrupción.
Ahora la involucrada es la Corte Suprema de Justicia: tres de sus expresidentes están salpicados en la supuesta venta de sus fallos para beneficiar a congresistas que tenían investigaciones pendientes.

Los hechos han generado un gran descontento y preocupación por lo que pueda estar sucediendo en la Corte y -sobre todo- desde cuándo vendrían sucediendo los mismos. Hoy, los exmagistrados en líos son Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino. Y sus dudosas actuaciones ponen sobre el tapete la discusión sobre cuál debe ser la salida a la crisis que enfrenta la Rama de la Justicia.

Según Jorge Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, esta es una crisis aguda en el sentido de que mina la credibilidad de la sociedad en sus jueces. “Cuando las personas no confían en la honorabilidad de sus jueces se está quebrantando la democracia y el sistema de confianza que hay frente a las instituciones de justicia, este es un problema de suma gravedad”, asegura.

Con él concuerda el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien indica que esta crisis viene desde hace varios años y la relaciona con el vínculo que ha tenido la administración de justicia con la política. “Tenemos que replantear la manera como son elegidos tanto los magistrados, como el Procurador, el Fiscal, el Contralor, entre otros”.

Hernández cuestiona que los altos funcionarios en este país no se elijan con base en su experiencia y hoja de vida “sino teniendo en cuenta a los padrinos políticos y quién está detrás de cada nominación”.

Junto a los exmagistrados, resultaron en el escándalo implicados los senadores Hernán Andrade y Musa Besaile, quienes se habrían beneficiado de fallos.

Luego de que estallara el escándalo, la propuesta de una reforma a la Justicia volvió a revivir. Para algunos expertos, este sería el mejor escenario para contrarrestar la crisis que se vive y para solventar los daños que ha generado la poca credibilidad en las instituciones.

Jorge Kenneth Burbano cree que la reforma debe estar no solo dirigida a atacar los problemas de corrupción sino también a aquellos que enfrenta la administración de justicia. “No podemos plantear reformas a la justicia circunstanciales, como propuestas que se hagan en campaña de aspiración presidencial o Congreso”.

Con esta postura concuerda Juan Carlos Forero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, quien asegura que una posible reforma no debe ser planteada en medio del debate electoral. “Si es necesaria una reforma a la Justicia, se necesita una bien pensada y estructurada, pero no puede ser un ‘fast track’, porque de esa forma no puede salir bien”.

Lea aquí: 'Claves para entender el escándalo de corrupción que sacude a la Corte Suprema'.

Por su parte, Hernández dice que ante una posible reforma, esta debería buscar “cambiar la forma como son elegidos los magistrados, garantizando la independencia y el rompimiento de los lazos con la politiquería, para que sean las calidades, la trayectoria y antecedentes los que determinen que alguien pueda llegar a ser magistrado de una alta corporación”.

Sin embargo, para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, Augusto Ibáñez, la solución para este problema no radica en una reforma sino en hacer cumplir la normativa vigente. “Para qué buscamos reformas si siguen las cosas igual, hemos hecho tantas reformas que es otra Constitución y no hemos avanzado en nada”.

Ibáñez señala que la Corte Suprema debe retornar a los buenos momentos que tuvo hace unos años cuando enfrentó el Proceso 8000, la parapolítica, la ‘yidispolítica’ y los procesos de Justicia y Paz, “esos tiempos son los que tenemos que recuperar”.

Esta crisis, que no solo vive la justicia, viene escandalizando al país desde hace años. Justo en agosto del año pasado, el turno fue para la Corte Constitucional con el caso del magistrado Jorge Ignacio Pretelt y su presunta participación en el escándalo de Fidupetrol.

Y hace unas semanas se conoció la captura del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien presuntamente habría recibido dineros del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para beneficiarlo en una investigación que se le adelanta por desfalco a las regalías departamentales. Este último caso fue el que permitió descubrir el entramado de corrupción que habría llegado a la Corte Suprema.

$500 millones habría recibido el exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt, expresidente de la Corte Constituciona, por una decisión relacionada con el caso Fidupetrol.

Frente a todo esto, José Gregorio Hernández resalta que con este caso se deshonra la reputación de la Corte Suprema y queda confirmado que la crisis institucional “es todavía más profunda de lo que pensábamos”, entrando en una etapa de oscuridad institucional de la que será muy difícil salir.

“Lo cierto es que desde hace tiempo nuestras instituciones no están operando y los órganos competentes del país descubren las irregularidades y los delitos, no por su propia actividad sino por las investigaciones que adelantan organismos estadounidenses y las pruebas que suministran, como ocurrió con el caso de Lyons y de los exmagistrados”, señala Hernández.

La función de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es también centro de la propuesta de la eventual reforma, porque después de tantos años no ha sido efectiva en avanzar y dar solución a los procesos de investigación, que en su gran mayoría terminan archivados.

“Lo que advertimos con preocupación es que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no ha dado resultados satisfactorios frente a graves hechos atribuibles a altos dignatarios, no solamente de la justicia sino también del Ejecutivo, no hay avances en la investigación y sus procesos se archivan”, indica Burbano.

Por otro lado, los expertos concuerdan en que desde hace unos años el país ha visto cómo se ha descompuesto la ética y la moralidad de los funcionarios. Para Ibáñez, esta es una de las principales causas para que se cometan delitos y no es un problema inherente a los altos funcionarios sino de la sociedad en general. “El problema ético no es un problema de normas ni de reformas, es un tema que tiene que ver con la sociedad”.

Para los juristas, la academia debe cumplir una labor importante en la formación de sus estudiantes y la ética debe ser un elemento fundamental para contrarrestar estos casos de descomposición profesional de los funcionarios de las instituciones del país.

El pasado viernes la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial rechazó los hechos de corrupción que rodean a dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“Tal circunstancia afecta a la Administración de Justicia, precisamente en momentos en que se requiere una reafirmación de la capacidad del aparato judicial para cumplir la delicada misión que le ha sido encomendada”, señalaron en un comunicado.

De acuerdo con la Comisión, es una obligación inexorable de las autoridades “establecer las responsabilidades y adelantar las investigaciones” sobre quienes hubieren incurrido en conductas reprochables”.

Los implicados en el escándalo

Leonidas Bustos. Férreo opositor de la reforma a la justicia del 2012. Fue el vocero en mayo de 2015 cuando las cabezas de las altas Cortes propusieron una Asamblea Nacional Constituyente por el desacuerdo que tenían con el trámite de la reforma de Equilibrio de Poderes, por considerar que no resolvía el desajuste institucional en materia de justicia, reforma que finalmente fue aprobada creando un Tribunal de Aforados.

Se dice que él promovió la llegada de Luis Alfonso Moreno a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.

Francisco Ricaurte. Aún no es claro cómo habría intervenido a favor de Moreno, aunque la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía ya pidieron las respectivas investigaciones. El exmagistrado aspiraba a integrar el Tribunal de Paz.

Camilo Tarquino. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sobre él, el fiscal General Néstor Humberto Martínez señaló que está entre las personas mencionadas de pertenecer a este entramado de supuesta corrupción, pero en su condición de abogado. Tarquino fue presidente de la Corte en 2011, a la que llegó en 2008 para la Sala Laboral.