Senado pide hundir ley que busca crear figura de fiscal ad hoc

El Senado de la República le dirá no a un proyecto de ley que fue radicado en agosto por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el cual plantea la creación de la figura del fiscal ad hoc, en los casos en que se deba impedir.

Son varias las razones por las cuales se pide que se hunda la iniciativa, entre ellas que no es conveniente para la propia institucionalidad jurídica del país, y porque como se plantea se excede en funciones a un funcionario que actuará de forma transitoria.

En tal sentido es la ponencia del senador Carlos Fernando Motoa, quien plantea que se hunda la iniciativa del fiscal Martínez, por cuanto con la figura del vicefiscal sería más expedito que pensar en tener un fiscal ad hoc que deberá ser elegido por la Corte Suprema y con las mismas condiciones y facultades del titular.

Motoa además dijo que en varios conceptos recogidos se observa también la inconveniencia del proyecto. El primero en separarse de la idea fue el Ministerio de Justicia, porque “el procedimiento propuesto podría resultar demorado ya que en cada caso en que prospere un impedimento o una recusación, intervendrían el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia, dejando los asuntos acéfalos hasta que se logre la elección del fiscal ad hoc”.

Para el Minjusticia resultaría también inconveniente desde un punto de vista operativo, “pues se abre la posibilidad de que coexistan tantos fiscales generales ad hoc como impedimentos o recusaciones prosperen, los cuales deberán contar con el apoyo y destinación de recursos económicos y de personas que requieran para las investigaciones que tengan que adelantar, tal como se plantea en el artículo 2º propuesto”.

La Defensoría del Pueblo, por su parte considera que la creación de la figura del Fiscal ad hoc tiene la potencialidad de afectar otro elemento esencial de la misma garantía como lo es el principio de juez natural.

El Consejo de Política Criminal manifestó el actual sistema de reemplazos del Fiscal General, ante recusaciones e impedimentos, cumple con los estándares exigidos por la Constitución y demás instrumentos jurídicos, garantizando la imparcialidad del ente acusador.

“Mas sin embargo, para el Consejo Superior de Política Criminal, a pesar de que la finalidad del proyecto constituye el desarrollo de aspectos específicos de política criminal y tiene propósitos loables, no significa que resulte exento de críticas o que todas sus disposiciones sean convenientes”, dice la ponencia.

El proyecto será puesto a discusión antes de finalizar abril en la Comisión Primera, en donde se hundirá formalmente.