¿La caída de fuero militar dejó desprotegidos a los soldados?

Octubre 27, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Sharon Hernández, Colprensa
¿La caída de fuero militar dejó desprotegidos a los soldados?

El Gobierno Nacional ha insistido en que hoy tiene una Fuerzas Militares mucho más preparadas y comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos.

Militares, en la incertidumbre por su situación jurídica, después del polémico fallo de la Corte. La Fiscalía dice que garantías para la Fuerza Pública no han desaparecido.

Un manto de incertidumbre se tejió sobre el estamento castrense luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible, el miércoles pasado, el acto legislativo de Reforma al Fuero Penal Militar, por vicios de trámite. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), general (r) Jaime Ruiz Barrera quien calificó como “sorprendente” el que la Corte haya tomado esa decisión que, según él, “tanto daño le causó al país”. Dice el oficial en retiro que el fallo de la Corte en quienes primero caló fue en la moral de las tropas. “Esto no solo afecta a los militares y policías, afecta la institucionalidad del país”. Y es que para el oficial (r) los ecos de esa decisión “son muy graves y van a repercutir en la defensa de la Nación, ya que si no hay seguridad jurídica no hay quién defienda a Colombia”. Hoy, señala Ruiz, “la inseguridad es total”, lo que pone contra la pared las operaciones que adelantan las Fuerzas Armadas por el temor a las consecuencias para sus integrantes, quienes no podrán obtener los resultados esperados por los colombianos. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, coincidió en esa preocupación con el general Ruiz y tras conocerse la decisión del alto tribunal, aseguró que “frente a esta decisión, no puedo dejar de decirle la verdad al país: este es un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas. Conocedores de su compromiso, con certeza seguirán con todo el corazón y la fortaleza actuando en defensa del país”, dijo Pinzón en rueda de prensa y finalizó que “aunque respetamos y acatamos este fallo, disentimos de la aproximación de la Corte en cuanto al trámite”, el cual calificó como un proceso democrático. Para el presidente de Acore “es claro que la tropa estará muy afectada moralmente. Cuando se va al combate y no hay un marco de referencia, no hay normas jurídicas para actuar hace que los combatientes queden en ascuas”. Este criterio fue respaldado sin titubeos por el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien a lo largo del proceso en el alto tribunal defendió con vehemencia el acto legislativo. El Jefe del Ministerio Público arremetió contra la decisión de la Corte y la comparó con la exequibilidad que la corporación le dio al Marco Jurídico para la Paz: “Con esta decisión y con las decisiones anteriores de la Corte, la subversión tiene unas garantías consignadas en el Marco Jurídico para la Paz, y los militares quedan sin las garantías del Derecho Internacional Humanitario”, afirmó. Desde la justiciaEl magistrado Wilson Ruiz Orejuela, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quiso bajarle la intensidad al debate dando un parte de tranquilidad para la Fuerza Pública y la ciudadanía, asegurando que el fuero militar se mantiene como hasta el momento y añade que esa instancia remitirá a la Justicia Ordinaria o la Penal Militar los casos que en disputa ellos conozcan “lo haremos de conformidad con la Ley y la Constitución”, dice en un tono más reposado al que se ha escuchado desde distintos sectores. “Seguiremos como máximo órgano en materia de conflicto de competencias”, agrega Ruiz subrayando que al conocer casos que impliquen miembros de las Fuerzas Armadas se actuará en derecho. “Tras el estudio de cada caso, éstos irán a la instancia de juzgamiento respectiva”. El texto constitucional vigente en la actualidad dispone que el militar que cometa un delito que no tenga relación con el servicio debe ser juzgado por la justicia ordinaria, y no por la militar. Al configurarse un “conflicto de competencias” entre las justicias militar y ordinaria es la Judicatura la encargada de resolverlo. La imparcialidad de la que habla el Presidente de la Judicatura es sustentada en la manera como se ha venido procediendo en estos casos. Según cifras de esa instancia en lo corrido del año los conflictos abiertos por cuenta de actuaciones militares y resueltos por los integrantes de ese tribunal, han ido en un 50% a la justicia ordinaria, en un 43% a la Penal Militar y el 7% lo configuran las abstenciones. “Pueden estar completamente tranquilos, seguimos trabajando en aras de la imparcialidad para el país”, insiste Ruiz A pesar del llamado del magistrado, la preocupación no abandona al Presidente de Acore para quien el mayor temor de que los casos contra uniformados lleguen a la justicia ordinaria obedece a que “allí hay muchos funcionarios que por desconocimiento de las situaciones de conflicto, producen decisiones equivocadas.” Otra inquietud que asalta al general Ruiz es que en ocasiones se dan “decisiones más políticas que jurídicas, con las que se favorece los grupos terroristas”. Ante estas posturas, el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra considera que tanto en la Justicia Ordinaria como en la Penal Militar los miembros de la Fuerza Pública “tienen garantías para su defensa”. Según Beltrán “era más el deseo de afianzar lo que ya tenían los militares, además de querer crear unas nuevas instituciones como lo era una comisión especial para dirimir los conflictos, un tribunal de garantías como si ya no las tuvieran. Hoy existen suficientes mecanismos jurídicos para los militares”.Si hay fueroA pesar de la preocupación de las Fuerzas Armadas, lo cierto es que el Fuero Penal Militar no desapareció. Lo que se cayó fue el acto legislativo que lo reformaba, y que pretendía, entre otras cosas, crear un Tribunal de Garantías Penales cuyas funciones eran servir de juez de Control de Garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelantara contra miembros de la Fuerza Pública.Al caerse la reforma, el fuero queda como está contemplado en la Carta Política y continúa la condición especial de juzgamiento penal para los miembros de la Fuerza Pública.Este criterio fue compartido por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien indicó que no cree que los militares queden desprotegidos con la decisión de la Corte Constitucional. “Hay una jurisprudencia muy garantista y a pesar de los avances del acto legislativo no pienso que la Corte haya dejado en desprotección a los militares en Colombia”, puntualizó el jefe del ente acusador.Sin embargo, el Gobierno Nacional anunció que seguirá buscando mecanismos para fortalecer la condición legal de las tropas, pues “la seguridad jurídica ha sido y seguirá siendo la mayor preocupación de los miembros de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, tal como lo dijo el jefe de la cartera de Defensa.Esa es la razón por la que el martes, el ministro Pinzón radicará, con mensaje de urgencia en el Congreso de la República, un proyecto de ley para crear el denominado Fondo de Defensa para los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en investigaciones por actos del servicio; y otro más, para activar el sistema de defensa técnica y especializada. “Mientras esté en ejercicio de estas funciones seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer su seguridad jurídica y su bienestar, para bien de la seguridad y la paz de todos los colombianos”, dijo Pinzón en claro reproche a la decisión de la Corte Constitucional.Este criterio fue compartido por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien dijo “continuaremos abogando por su seguridad jurídica”.

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